“Cada día sin ley es una terapia menos”, se lee en la cartulina que Santiago levanta con sus dos manos desde la Plaza del Congreso, bien cerca del cordón de gendarmes y prefectos. Santiago es psicólogo, está cursando el doctorado en discapacidad y es uno de los fundadores del centro de día PASIL, con sede en Quilmes, al que dirige junto a un grupo de 20 colegas suyos. A su alrededor hay centenares de profesionales que como él no llegan a fin de mes. “Será que somos todos cadáveres”, ironiza sobre la frase que soltó el Presidente desde la Fundación Faro la noche del lunes, luego de vetar la ley de Emergencia en Discapacidad. No pasó más de un día desde el decreto y, como muchas veces este año, las familias del colectivo y las instituciones de apoyo volvieron a salir a la calle. Los carteles, las consignas y los reclamos son los mismos desde diciembre pasado: el valor de las prestaciones en salud, educación y rehabilitación ya lleva congelado ocho meses y contando. Una maestra integradora, por ejemplo, está cobrando 300 mil pesos mensuales por 4 horas de trabajo diario, explica Santiago. La ley que había sancionado el Congreso, con amplísimo consenso en ambas cámaras, revertía en parte esa situación, con aumentos de emergencia y actualizaciones de haberes de acuerdo a la inflación.
“El veto es la traducción, en un decreto, de la falta de escucha de todo el Gobierno hacia nuestros reclamos”, dice Santiago, y explica que mandó “cartas y recontracartas” al titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnouolo –un exabogado de Javier Milei sin experiencia ni formación en el área– en las que describe la situación de su fundación. “Nunca tuvimos respuesta, ni ahora ni antes”, dice. “Esta marcha, protestar en la calle, es la última instancia que nos queda”, insiste Santiago. Y agrega que producto de la emergencia se le hace muy cuesta arriba mantener las terapias que brindan, que incluyen rehabilitación, terapias, talleres de música y apoyo e integración escolar para unos 40 jóvenes con discapacidad mental y trastornos del espectro autista (TEA). “Los que terminan pagando todo son ellos, porque baja la calidad de los servicios. Es como si el Gobierno negara su existencia”.
Durante la marcha hubo forcejeos con la Gendarmería, que intentó impedir el corte sobre Solís utilizando sus escudos y empujando a los manifestantes. Lo desproporcionado del operativo quedó en evidencia cuando algunas de las personas que estaban sobre la calzada jugaban con burbujas de jabón mientras los policías, armados, circulaban entre la gente. Los gendarmes se terminaron yendo, repudiados.
Vetar el veto
Con un costo fiscal del 0,03 por ciento del PBI para este año según la Oficina del Presupuesto del Congreso, la ley de Emergencia proponía un bono compensatorio para los profesionales en discapacidad de 100 mil pesos en mano. También aseguraba que el valor de la hora de servicio, que se establece a través de un “nomenclador” que fija el Estado –y que luego pagan las obras sociales, incluídas las estatales como Incluir Salud, PAMI o el IOMA– se actualice en base al IPC de inflación. El proyecto contemplaba además echar por tierra las restricciones al acceso a la pensión por “invalidez”, con un gasto adicional de entre el 0,22 y el 0,42 por ciento del PBI. Los apoyos para los talleres protegidos eran aún menos costosos: se solucionaba con apenas $7.160 millones, el 0,0008 por ciento del PBI de este año. Milei, pese a todo, vetó todo de un plumazo, con el argumento siempre a mano del “equilibrio fiscal inquebrantable”, frase que incluso está citada textualmente en los considerandos del decreto 534/2025 que oficializa la medida.
La ley obtuvo un amplio consenso en ambas cámaras. La media sanción superó los dos tercios, con 143 votos afirmativos contra 71 negativos y 3 abstenciones; mientras que el Senado la aprobó definitivamente un mes más tarde por unanimidad, con 56 votos a favor y ninguno en contra y cero abstenciones. Esa amplitud –la ley fue votada por legisladores cercanos al Gobierno, incluso de la UCR y el PRO– impulsa a los más entusiastas a forzar el rechazo en el parlamento. “Esperamos un gesto de los diputados”, le dijo a Página/12 Pablo Molero, presidente del Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, una de las organizaciones que impulsó la ley.
La oposición, pese a los esfuerzos, todavía está lejos de los dos tercios necesarios. Según pudo averiguar este diario, algunos de los legisladores cercanos al Gobierno que votaron a favor de la ley esperan un gesto de la Rosada para no tener que votar también el rechazo a la decisión presidencial. Lo que esperan es que, pese al veto, desde la ANDIS convoquen a reunión de directorio y se abra una mesa de negociacion con los prestadores para un aumento, al menos, del valor de nomenclador. Eso les daría argumentos para no rechazar el veto. Por ahora, desde Balcarce 50 no quieren dar el brazo a torcer.
Molero, que es parte del directorio de ANDIS en representación de las organizaciones de la sociedad civil, lo dice sin rodeos: “Spagnuolo no contesta los mensajes ni los llamados”. El titular del organismo no convoca a una reunión de directorio para actualizar los haberes de los profesionales de septiembre de 2024.
Voces en la Plaza
*Andrea llegó a la Plaza acompañada por su hijo Lucio, que tiene TEA. Lucio se atiende en el centro LISAM, de Villa Martelli. Allí hace talleres, terapias que lo acompañan en integración. Hace unos meses, la cosa se empezó a complicar. Entre los padres hacen rifas para ayudar económicamente a la institución. Hay algunas de las terapias que le cubre la obra social y otras que no, que paga de su propio bolsillo. “Nos estamos endeudando para poder seguir con los tratamientos”, cuenta.
*Betiana y Ricardo trabajan como integradores escolares en el Centro de Día de la ONG Norte, con base en Tigre. Cuentan que, desde la emergencia, están perdiendo personal: se quedaron si profe de musicoterapia y tuvieron que reemplazar a varios profesionales, que se fueron para buscar otros trabajos. “Eso cuesta mucho, porque hay que empezar de cero en la formación y se rompe el vínculo humano”, cuentan. Si bien sabían que “podía pasar”, cuando se enteraron del veto sintieron “indignación”.
*Jacqueline llegó desde Lomas de Zamora con su hijo Felipe, de 9 años, que tiene TEA. La terapeuta de Felipe cobra 300 mil pesos por mes. “Tuvo que dejar de venir todos los días, porque necesita otros ingresos”, cuenta, y agrega que, para ayudarla, le paga el colectivo ida y vuelta de su propio bolsillo. La plata la saca de la Asignación Universal por Discapacidad, que está clavada en 265 mil pesos desde principios de año.
*Gustavo es director del centro “Mi Lugar”, en Ciudadela. Trabaja en discapacidad desde hace 31 años. “Este es el peor momento que recuerdo”, dice. Al centro acuden 41 jóvenes y adultos por día. Cuenta que mientras tiene congelado el ingreso por obra social, le aumentan los impuestos, que dejó de pagar, y el precio de los alimentos que les sirve. Ahora se mantiene con donaciones de otras fundaciones. “Esto nos va a terminar matando”, dice.
