La economía de Milei está estancada, se encuentra en los mismos niveles que a inicios del Gobierno. Lo más grave es la heterogeneidad: los sectores históricamente más dinámicos (manufactura, comercio y construcción) son los que están en mayor caída. El consumo de las familias se contrae al ritmo de la licuación de los salarios reales, que perdieron –de nuevo– por 2,7 puntos porcentuales contra la inflación en 2025. Las empresas están cerrando por la caída de la demanda y/o la sustitución por productos importados.
La menor actividad está teniendo efectos concretos y elevados sobre el empleo y las empresas: durante el gobierno de Milei cerraron 21.938 empresas y se destruyeron 180.632 puestos de trabajo formales. En 2025 se generó un fenómeno inédito para la economía argentina, que contradice la correlación histórica entre crecimiento y empleo. Mientras el PBI creció, con una expansión interanual del 3,3% en el tercer trimestre, el empleo formal privado continuó contrayéndose. Esto ocurre porque los sectores que resultan más favorecidos por el modelo económico de La Libertad Avanza presentan baja capacidad de generación de empleo (agricultura y ganadería, minería e hidrocarburos y servicios financieros).
El modelo actual omite los principios básicos de la teoría económica, al dejar de lado a los agentes económicos que se contemplan en cualquier curso básico de economía: consumidores (familias) y productores (empresas). Más aún, parece manejar una concepción del capital productivo como si fuera plastilina: una masa amorfa y maleable que puede cambiar de forma sin costo ni pérdida de valor. Bajo esta premisa, el empresario que cierra una fábrica textil o un comercio porque ya no es competitivo (con las nuevas condiciones macroeconómicas), tendría la capacidad de retirar sus activos e invertirlos inmediatamente en un nuevo emprendimiento, en cualquier lugar del país y con la contratación de nueva mano de obra.
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Sin embargo, esta visión ignora que la inversión en capital físico y humano es muchas veces irreversible. Una máquina de tejer no se transforma en un software de exportación, ni la experiencia de un operario industrial del Parque Industrial de Pilar se traslada a la minería en San Juan. El Gobierno asume que la destrucción de tejido productivo es un paso necesario y gratuito hacia la eficiencia.
Es evidente: a la gestión económica actual le falta conocimiento sobre teoría e historia económica. El economista fuertemente despreciado por el actual gobierno argentino, John Maynard Keynes, escribió a partir de un suceso de hechos inéditos que llevaron a la implementación del New Deal en Estados Unidos (la Gran Depresión). Keynes hizo teoría a partir de la evidencia: tradujo en conceptos económicos los motivos, consecuencias y mecanismos de salida de la recesión mundial. A la inversa, este gobierno hace política a partir de una teoría selectiva e incompleta.
Keynes enfatizó la importancia de la demanda como motor de las economías: no hay empresa que contrate empleo ni que invierta si no vende. Algunas lecturas erradas del autor coinciden en que el gasto que hace el Estado es central; pero, en realidad, lo más importante es el gasto que realizan las empresas a través de las inversiones productivas, y que son posibles debido a que existe consumo (de las familias).
El reconocido economista también metaforizó sobre la paz de los cementerios, haciendo alusión a economías que logran bajar la inflación con recesión: si no hay consumo ni producción, no hay suba de precios, y por tanto inflación. ¿Será ese el sendero al que está dispuesto a transitar este gobierno, con tal de que los indicadores macroeconómicos “den”?
Esta desconexión entre la teoría económica, los supuestos del Gobierno y la economía real se profundiza al observar la obsesión por sostener la bandera del superávit fiscal. En su afán por alcanzar el equilibrio financiero, el Estado abandona su rol estratégico como conductor de la micro y macroeconomía. Al desfinanciar la infraestructura, la tecnología y los incentivos a la inversión productiva, el Gobierno deja al sector privado en una encrucijada: le exige que se reconvierta en un escenario de recesión, pero le quita las herramientas públicas –crédito, formación y obra pública– que harían posible esa transformación. El superávit se convierte así en un fin en sí mismo que vacía de contenido la gestión, y deja al mercado reducido al “derrame” que no ocurre.
La buena noticia es que sí hay teoría económica para planificar un sendero de crecimiento, aunque el Gobierno (y particularmente el Presidente) disfrute más de desprestigiarla –incluso ignorarla– que de leerla. Es momento de volver a las bases y revisar la literatura que pone más foco en los determinantes y efectos multiplicadores de la demanda y la producción. Las cerca de 22 mil empresas perdidas no se recuperan, pero puede evitarse que sean más. Convertir la Argentina en un cementerio no debe ser una estrategia de desarrollo.
* Investigadora Docente de la Universidad Nacional de General Sarmiento y Economista Jefa de Epyca Consultores.
* * Investigador Docente de la Universidad Nacional de General Sarmiento.








