El hierro cayó en pleno verano y la Justicia empezó a moverse con la lentitud de los objetos inertes. El 5 de febrero de 1996, en el entonces Paseo de la Infanta del barrio porteño de Palermo, una escultura de más de doscientos kilos se desplomó sobre Marcela Brenda Iglesias, de seis años, durante una excursión de colonia de vacaciones del Banco Hipotecario. Murió en el acto. Otras dos nenas, Lucía Acosta y Antonella Zazarino, resultaron heridas.
El hecho sacudió a sus padres, Eduardo Iglesias y Nora Ribaudo, y a toda la sociedad. La obra –instalada a la intemperie, sin anclajes seguros, con soldaduras defectuosas- formaba parte de una muestra artística montada en un espacio público. No había vallas. No había advertencias. No había control.
Lo que siguió fue un expediente que avanzó, retrocedió y volvió a avanzar durante casi una década, hasta quedar definitivamente quieto.
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Las pericias fueron claras desde el inicio. La escultura era inestable. Tres de sus cuatro puntos de apoyo estaban mal fijados. El riesgo era previsible. Evitable. La cadena de responsabilidades también parecía evidente: el autor de la obra, quienes la exhibieron, los funcionarios que autorizaron y controlaron –o debían controlar- el uso del espacio público.
En diciembre de 1996, el juez Luis Alberto Schelgel procesó por homicidio culposo y lesiones al escultor Danilo Danzinger, autor de la obra, y a la galerista Diana Lowenstein, responsable de la galería que organizó la instalación.
También quedaron imputados los funcionarios municipales Héctor Torea (director de la Policía Municipal), Antonio Mazzitelli (a cargo de Inspecciones de Rutina) y Juan Carlos Favale (responsable de los controles en la zona), junto con el entonces secretario de Planeamiento Urbano y Medio Ambiente, Marco Pasinato, acusado por abuso de autoridad. La Cámara del Crimen confirmó los procesamientos de todos menos el de Pasinato.
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Durante un tiempo, la causa dio la sensación -esa ilusión frecuente- de que avanzaba. En 1999, el fiscal Marcelo Martínez Burgos la elevó a juicio oral. El expediente parecía listo para que se discutiera, cara a cara, qué había fallado y quiénes debían responder por la muerte de una nena en un paseo público de la Ciudad de Buenos Aires. Pero ese juicio nunca ocurrió.
A partir de allí, el expediente ingresó en una zona espesa del sistema judicial: una sucesión interminable de recursos, excepciones, apelaciones, planteos y recusaciones que fueron estirando los plazos hasta volverlos decisivos. El tiempo empezó a pesar más que los hechos. El calendario, como suele suceder en ciertas causas, terminó siendo un actor central.
En marzo de 2005, la jueza María Susana Nocetti de Angeleri declaró prescripta la causa. Aplicó la Ley 25.990, una reforma que había reducido los actos capaces de interrumpir la prescripción penal. El resultado fue quirúrgico: una causa con procesados, pericias concluyentes y elevación a juicio quedó extinguida sin debate oral. Sin condenas. Sin verdad judicial.
La Cámara de Casación confirmó la decisión. Dos votos avalaron la prescripción. Hubo una disidencia. No alcanzó.
Así, a casi nueve años de la muerte de Marcela, el expediente se cerró. No porque se hubiera demostrado la inexistencia de responsabilidades, sino porque el tiempo —administrado dentro del propio sistema— se había agotado.
El cierre no fue el final. Tras agotar las instancias internas, el caso emigró. En 2008, la denuncia ingresó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Fue admitida años más tarde y, finalmente, elevada a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que resolvió avanzar en el estudio de fondo del caso, ya no sólo por la muerte de la niña, sino por el recorrido judicial posterior y la extinción de la acción penal por prescripción.
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La Comisión concluyó que el expediente reunía elementos suficientes para examinar la eventual responsabilidad internacional del Estado argentino. Puso el foco en la falta de una investigación judicial efectiva, en las dilaciones acumuladas durante el proceso penal y en el uso de la prescripción como mecanismo de cierre definitivo, sin que hubiera existido un juicio oral ni una determinación de responsabilidades.
El caso ingresó al tribunal internacional bajo la denominación Nº 13.506 – Marcela Brenda Iglesias y otros vs. Argentina. Allí se sostuvo que el Estado podría haber violado derechos protegidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, entre ellos el derecho a la vida, la integridad personal, la protección especial de la niñez, las garantías judiciales y la tutela judicial efectiva.
El eje del planteo no se limita al hecho trágico ocurrido en el espacio público porteño, sino que abarca la respuesta institucional posterior. Para la Comisión, el cierre del expediente por el paso del tiempo consolidó un escenario de impunidad incompatible con los estándares interamericanos.
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En agosto de 2025, el Estado argentino debió responder por lo ocurrido ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Lo hizo en una audiencia pública celebrada en San José de Costa Rica, donde expuso su posición procesal frente a los cuestionamientos planteados por la Comisión y por la representación de los familiares de la víctima. La delegación oficial estuvo encabezada por el subsecretario de Derechos Humanos, Alberto Baños, junto a otros integrantes del equipo jurídico nacional.
Concluida la etapa oral, el expediente quedó ahora en condiciones de ser resuelto. La Corte deberá pronunciarse sobre la eventual responsabilidad internacional del Estado argentino y, en su caso, sobre las medidas de reparación correspondientes.
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A casi tres décadas de la muerte de Marcela Brenda Iglesias, el caso permanece abierto, esta vez fuera de las fronteras del sistema judicial que lo dejó prescribir. Treinta años después de la tragedia, ya no se discute sólo la caída de una escultura, sino el funcionamiento de un sistema judicial que habilitó dilaciones sucesivas, permitió una acumulación extraordinaria de planteos defensivos —117 según el recuento del expediente— y terminó clausurando el proceso sin juzgamiento.
Hoy, Nora Ribaudo tiene 76 años y Eduardo Iglesias, 70. Siguen esperando. Tal como esperaron en juzgados, en pasillos y en expedientes circulares. La escultura se desplomó una sola vez; la impunidad, en cambio, se construyó paso a paso, con plazos, recursos y decisiones formales que cerraron la causa sin culpables y dejaron la respuesta en manos de un tribunal que queda lejos del lugar donde todo empezó.
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