Los dos días de protestas de productores y transportistas de esta semana son un síntoma de la tensión estructural que afecta al campo mexicano, donde el encarecimiento de fletes, seguros, fertilizantes y diésel se combina con restricciones de financiamiento y un deterioro latente del entorno de seguridad. Este cóctel está erosionando la rentabilidad del sector y llevándolo a oscilar entre la apuesta por las mesas de negociación con el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y los bloqueos de carreteras, que a larga se traducen en mayores disrupciones logísticas y presiones inflacionarias sobre los alimentos.
México ha logrado sostener una trayectoria de crecimiento agrícola en la última década, pero los datos también muestran fragilidad en cultivos clave. De acuerdo con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, el Índice de Volumen Físico Agropecuario (IVF), que mide la evolución de la producción del campo, creció moderadamente un 1,8% en 2025. Sin embargo, este promedio matiza caídas relevantes en rubros básicos como sorgo, oleaginosas o maíz, cuya producción retrocedió un 12% anual en 2024.
En este contexto, el sector presiona al Gobierno para establecer precios de garantía, imponer restricciones a las importaciones y eliminar el capítulo de los granos del acuerdo de libre comercio de Norteamérica, el TMEC. En resumen, una demanda por mayor proteccionismo. Mientras, advierten de que países que reciben subsidios, como Estados Unidos, están tomando la delantera en el mercado. En paralelo, también demandan la eliminación del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (Ieps) al diésel, el patrullaje constante de efectivos militares en las carreteras, además de contención a las extorsiones.
Los bloqueos fueron levantados el martes, 24 horas después de anunciada la convocatoria de paro indefinido. Sin embargo, las demandas se plantearán en una nueva negociación prevista para el viernes con varias dependencias oficiales. La Asociación Nacional de Transportistas (Antac), uno de los gremios al frente de las protestas, denunció un enfrentamiento con fuerzas de seguridad en Tlaxcala, que catalogó como un “ataque artero y desmedido”.
“No existe una política pública clara que garantice la rentabilidad y la comercialización de las cosechas”, resume Juan Anaya, director general del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA). El especialista observa que la incomodidad –en buena medida sustentada– es el resultado parcial del desmantelamiento de los mecanismos que amortiguaban los choques externos, climáticos y de mercado; que fue acelerado durante el mandato del expresidente Andrés Manuel López Obrador, el predecesor político de Sheinbaum.
Hoy, los productores están más expuestos tanto a los riesgos naturales como a los choques internacionales, como el conflicto en Irán, que ha presionado al alza los precios de los energéticos. El Gobierno ha optado por intervenir directamente en los combustibles, dado que el diésel, insumo crítico para el transporte y la maquinaria agrícola, tiene efectos de segunda ronda sobre los precios, al encarecer tanto la producción como la distribución.
A ello se suma la inseguridad en carreteras, que opera como un impuesto implícito vía mayores primas de seguro, pérdidas y gastos en protección, en un país donde 8 de cada 10 robos al transporte ocurren con violencia. Estos factores no solo reducen la rentabilidad, sino que también distorsionan decisiones de siembra e inversión, además de que exponen las vidas de cientos de mexicanos.
“Ahora, salir del TMEC es una petición que no tiene ninguna justificación (…) implicaría que los costos de las materias primas se incrementaran”, agrega Anaya. México, donde “sin maíz no hay país”, es deficitario de este cultivo, por lo que registró en 2024 una balanza comercial negativa de 204%, a favor de Estados Unidos. “Eso incidiría en costos de la agroindustria, también de la agroindustria pecuaria, que tiene que ver con la carne de res, pollo, cerdo, leche. Lo que debemos pedir es más certidumbre en la comercialización, en el ingreso. Volver a lo que funcionó antes de que llegara Morena al poder: el ingreso objetivo, la agricultura por contrato”, añade.
En esa línea, el especialista hace referencia a un esquema de asistencia gubernamental que se activaba solo si el precio de mercado estaba por debajo del ingreso de referencia pactado antes de la cosecha. Los campesinos quieren retomarlo con la fijación de precios de garantía, que en la actualidad están destinados únicamente a pequeños productores. Esto además venía acompañado de productos de crédito y cobertura pública agraria, servicios que eran prestados por dos organismos que hoy están extintos. De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), solamente el 8% de las unidades productivas accede a financiamiento y apenas el 3% a pólizas de seguro, lo que evidencia la limitada capacidad del sector para gestionar riesgos.
No todas las organizaciones respaldaron los bloqueos. El Consejo Nacional Agropecuario, que representa a productores responsables de cerca del 75% del Producto Interno Bruto (PIB) agroalimentario, llamó a privilegiar el diálogo sobre las protestas. “La producción de granos atraviesa un momento crítico por la combinación de bajos precios, tipo de cambio, altos costos de producción, falta de financiamiento y encarecimiento de insumos estratégicos como fertilizantes y diésel, agravados por factores internacionales”, señaló el organismo que agrupa a 1,8 millones de productores. “Esta situación está descapitalizando a los productores y colocándolos en desventaja frente a competidores que reciben subsidios”.
Las movilizaciones tampoco son inéditas. En noviembre pasado, los agricultores bloquearon carreteras en al menos 20 entidades. Y mientras no se atiendan los factores estructurales de fondo, el riesgo de nuevos episodios de conflicto entre el campo y el Gobierno seguirá latente. La presidenta reiteró este martes su disposición al diálogo.
