Un incendio en la Unidad Penitenciaria de Bouwer, ubicado en las afueras de la provincia de Córdoba, terminó con la vida de dos reclusas en diciembre de 2025. A dos meses del hecho, son los familiares de las víctimas los que reclaman que se investiguen a fondo las causas, los responsables y las posibles irregularidades.
Se trata de Agostina Guadalupe Pedraza y María Flavia Ramallo, de 25 y 33 años respectivamente. Las mujeres se encontraban privadas de su libertad y perdieron la vida en la madrugada del 20 de diciembre a causa del fuego. Ambas se encontraban en una celda de aislamiento.
“Queremos saber qué pasó realmente y que se haga justicia”, reclama la mamá de Agostina, Valeria Soledad Romero, en un pedido formal para ser querellante. Los familiares de las víctimas piden que se investiguen a fondo los motivos por el que otras reclusas fueron evacuadas antes que ellas.
En medio del incendio, diferentes testigos aseguran que hubo una demora en la apertura de las puertas; mientras que los familiares aportan más detalles sobre el entorno mortal: colchones inflamables, un presunto encendedor y matafuegos en desuso.
“Hubo pedidos de auxilio”, remarcan los allegados a las fallecidas. Ante la respuesta tardía y el desenlace crítico, ahora se indaga un posible abandono de persona u homicidio agravado por abuso de función.
“La vida de Guadalupe estaba bajo responsabilidad del Estado. Ingresó con vida y salió sin vida. El Estado tenía el deber jurídico de garante sobre su integridad”, mencionaron los representantes legales.
La causa avanza en los tribunales provinciales, mientras la querella, representada por el abogado Diego Casado, impulsa una serie de medidas probatorias para esclarecer lo ocurrido.
Entre los pedidos figuran el análisis de los procedimientos ante incendios, la verificación del estado y mantenimiento de los equipos de emergencia, la identificación del personal que estaba de turno, el relevamiento de las cámaras de seguridad y la realización de pericias técnicas.
También solicitaron la toma de declaraciones a testigos, otras internas y profesionales de la salud para reconstruir con precisión cómo se desarrollaron los hechos antes, durante y tras el incendio.
Entre algunas de las hipótesis, las familias de las internas fallecidas también piden que se esclarezca si es que hubo intentos para coordinar o alterar las declaraciones del personal penitenciario. Sostienen que algunos agentes se habrían reunido con autoridades del establecimiento antes de prestar declaración, una situación que genera dudas sobre la transparencia del proceso y hablaría de un posible encubrimiento.
A dos meses de la tragedia, los familiares profundizan el reclamo e insisten con la investigación por todas las vías para que el caso no quede impune en la Justicia.
