El hallazgo de los restos de Diego Fernández en una casa lindera a una propiedad en la que vivió el músico Gustavo Cerati en mayo pasado logró desenterrar un crimen que permanecía oculto desde hace más de cuarenta años. Visto por última vez el 26 de julio de 1984 en el barrio porteño de Villa Urquiza, su familia lo buscó todo este tiempo y por primera vez la Justicia está cerca de tener a un sospechoso, aunque las posibilidades del caso parecerían pasar por un posible juicio por la verdad, similar a lo que podría ocurrir con el asesinato de Nora Dalmasso.
Diego tenía 16 años y jugaba al fútbol en el Club Atlético Excursionistas. La última vez que se había tenido registro de él fue cuando salió de su casa para encontrarse con un amigo y nunca más se supo nada. Esto fue hasta hace unos meses, cuando un grupo de albañiles que trabajaba en un terreno ubicado en la avenida Congreso 3742 para levantar una medianera encontró decenas de huesos -que después se confirmaron que eran humanos- junto diferentes objetos que le pertenecieron al adolescente.
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El trabajo del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) no solo logró determinar la identidad de la víctima, sino que además arrojó que había fallecido producto de una puñalada a la altura de la cuarta costilla derecha. Diego estaba enterrado en una fosa de pocos centímetros, en una propiedad que pertenece a una familia de apellido de “Graf”: un chalet de dos pisos que está al lado de la vivienda que alquilaba el exlíder de Soda Stereo.
Al unir los cabos sueltos, un testigo habló con el fiscal Martín López Perrando y señaló que en ese chalet vivía Cristian Graf, que había sido compañero suyo y de Diego en la Escuela Nacional de Educación Técnica (ENET) N.º 36. También aseguró que Graf y el joven desaparecido eran amigos y que a ambos les gustaban las motos. Tras establecerse esta relación, el hombre -que hoy en día tiene 56 años- quedó como potencial sospechoso.
Actualmente, en esa casa vive la madre de Cristian, ya que él y su hermana se fueron hace años y formaron sus propias familias. El fiscal aún no los llamó a declarar, ni como testigos ni como imputados, pero se espera que lo haga próximamente. De todas formas, la normativa legal argentina vigente impediría que en caso de que se encuentre a un culpable vaya a la cárcel.
Esto se da porque la Justicia de nuestro país no persigue in aeternum un delito. En el artículo 67 del Código Penal se indica que la prescripción implica la extinción de la acción penal por el paso del tiempo, impidiendo que se pueda perseguir y sancionar al infractor. Los plazos de prescripción varían según la gravedad del delito, y es de 12 años para homicidios simples y de 15 para homicidios agravados -que implican prisión perpetua-.
Sin embargo, existen algunas excepciones y la prescripción puede suspenderse si el acusado hubiera cometido o sido condenado por un delito años más tarde, o si el involucrado ejercía una función pública (por ejemplo, ser miembro de una fuerza de seguridad). En esta línea, el abogado penalista Cristian Poletti explicó que como el delito habría ocurrió en 1984, hace 41 años, la causa estaría prescripta.
“El fiscal igual investiga porque no se sabe si está prescripto hasta que no se identifica a alguien; porque si alguien al que se identifica ha sufrido en el transcurso de esos años una pena de prisión, y después otra, y así sucesivamente, ese delito no prescribe porque el plazo de prescripción se interrumpe”, expresó en declaraciones a Radio Nacional.
De esta manera, lo más probable es que en situaciones como estas una demanda civil o lo que se conoce como “juicio por la verdad“ (proceso en el que no se busca una condena penal, sino esclarecer los hechos sobre lo sucedido) tendrían mayores posibilidades de avanzar.
La comparación con el caso de Nora Dalmasso
La cuestión en torno a la prescripción de un delito caló fuerte en los últimos meses cuando surgieron novedades en torno al femicidio de Nora Dalmasso, la mujer que fue hallada desnuda y estrangulada en su casa de Villa Golf Club de la localidad cordobesa de Río Cuarto, el 25 de noviembre de 2006.
Aunque inicialmente se barajaron diferentes hipótesis y primero se puso bajo la lupa a su hijo, Facundo Macarrón, y su esposo, Marcelo Macarrón -que resultó absuelto en 2022-, hace menos de tres años comenzó una investigación “por la verdad” y el fiscal Pablo Jávega ordenó que se comparen rastros genéticos detectados en el 2011 con el ADN de personas que pasaron por la casa y que nunca habían sido investigadas.
Una de las claves del crimen estaba relacionada con el cinto de la bata, elemento con el que Dalmasso fue estrangulada. El lazo tenía dos perfiles genéticos, el de su viudo y el de un NN (desconocido). Cuando se cotejó el perfil genético dio positivo con Roberto Bárzola, un parquetista y lustrador de pisos de madera que había estado trabajando previamente en la vivienda de Villa Golf Club.
En diciembre de 2024, Bárzola fue imputado por abuso sexual seguido de muerte pero sus abogados pidieron la prescripción. Sin embargo, la familia de la víctima apeló y el juez de Control de Río Cuarto, Diego Ortiz, resolvió mantener “vigente y abierta” la investigación por el crimen al entender que “no corresponde aceptarlo en esta instancia” porque implicaría el “cierre definitivo de un proceso penal” en el que aún no se sabe totalmente la verdad de lo sucedido.
Respecto de la extinción de la acción penal que planteó la defensa del parquetista, el fiscal comentó que ya “ha sido elevada esa parte incidental a la excelentísima Cámara de Acusación de 2.ª nominación de Río Cuarto”, que deberá definir las apelaciones.
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