La Oficina de Derechos Humanos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas señaló a Consuelo Porras Argueta, fiscal general y jefa del Ministerio Público (MP) de Guatemala, de estar “supuestamente involucrada en adopciones ilegales” de menores indígenas en los años ochenta. La denuncia coincide con el fracaso de Porras, enfrentada con el presidente, Bernardo Arévalo, en su intento por ocupar un cargo en la Corte de Constitucionalidad a partir de mayo, cuando vence su mandato como fiscal. La decisión de la comisión electoral deja a Porras sin posibilidades de garantizar su inmunidad en el futuro.
Según la oficina de la ONU, recibieron información sobre al menos 80 niños indígenas que fueron sometidos a adopciones ilegales internacionales tras haber sido institucionalizados en el Hogar Temporal Elisa Martínez. El hogar estatal, ya cerrado, acogía a niños y niñas en situación de riesgo. Porras estuvo al frente de la institución durante siete meses en 1982.
“Hoy, mis colegas y yo expresamos nuestra preocupación por la información recibida recientemente que vincula María Consuelo Porras Argueta, con un proceso de adopciones ilegales de al menos 80 niñas y niños de Pueblos Indígenas entre 1968 y 1996”, dijo Margaret Satterthwaite, relatora especial de la ONU sobre la independencia de jueces y abogados. La oficina de la ONU pidió una “investigación independiente” sobre el papel de Porras “como tutora legal de los niños desde el 21 de enero hasta el 30 de agosto de 1982”, indica un comunicado.
“Todas las personas contra las cuales existan alegaciones creíbles de conductas incompatibles con los estándares de derechos humanos, especialmente aquellas que han tenido autoridad para tomar decisiones relacionadas con la criminalización o violaciones de derechos humanos, no deben ser preseleccionadas ni nombradas hasta que se realice una investigación pronta, independiente y exhaustiva”, dijo la ONU en el pronunciamiento, en relación a la candidatura de Porras a la Corte.
La primera derrota de Porras
Paralelamente al anuncio de Naciones Unidas, en la ciudad de Antigua Guatemala se celebraba la elección para escoger a magistrado titular y suplente para la Corte de Constitucionalidad, nombrados por la Universidad de San Carlos de Guatemala, la única universidad pública del país. Afuera del lugar de votación se realizaba una manifestación en la que se pedía que no votaran por Porras.
La fiscal general presentó la semana pasada su candidatura. Sin embargo, al finalizar el conteo de votos ninguno fue para Porras, por lo que quedó fuera de la Corte.
“Creo que el hecho de que Consuelo Porras no haya quedado electa era un tema de clamor de la población guatemalteca después de todos los cuestionamientos internacionales que tiene”, dice el diputado José Chic, del partido VOS, el único que llegó a acompañar la manifestación.
Chic explicó que Porras podría buscar ahora el cargo por medio del Congreso o de la Corte Suprema de Justicia, dos entes que todavía están pendientes de postular a su magistrado para la Corte de Constitucionalidad. Pues el periodo para el relevo de magistrado vence en abril.
Consuelo Porras dirige el MP desde mayo de 2018. En 2022 ganó la reelección a pesar de que un año antes fue incluida por Estados Unidos en la lista de actores corruptos y antidemocráticos por “obstruir” investigaciones de casos de corrupción en la nación centroamericana.
Después fue sancionada por 40 países por “presunta corrupción y acciones que socavan la democracia y el estado de derecho”. En 2023, el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, la acusó de fraguar un fallido golpe de Estado. Porras ha sido una de las principales antagonistas del actual Gobierno.
Además, según reportes de organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales, más de 100 personas han salido al exilio por persecuciones comandadas por el MP, entre ellos operadores de justicia, periodistas y activistas de derechos.
La fiscal general deberá concluir su mandato en el MP en mayo de este año. Ella fue la primera reelecta como fiscal general y de no lograr mantenerse en el puesto, perdería inmunidad. Porras enfrenta decenas de denuncias.
