Antonio Samaniego tiene tres hijos y trabajó durante una década en la empresa de energía Secco. En medio de la represión que vivió junto a sus compañeros en la planta de San Martín, mientras reclamaban contra los despidos que comenzaron en mayo del año pasado, se subió al Silo 2 con una soga al cuello. Tras afirmarse sobre la superficie resbaladiza, alzó su brazo izquierdo para mostrar que estaba atado a ella. Fue el miércoles por la mañana, en un intento de frenar el operativo represivo de la Policía Federal ordenado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en base a una denuncia que lleva la firma de abogados defensores de genocidas y de la dictadura cívico militar.
Como parte de la estrategia para desactivar la protesta que los trabajadores despedidos protagonizan desde hace meses, el empresario Jorge Balán –a la sazón, imputado en la causa Cuadernos– les hizo una denuncia penal en la cual estamparon su firma Ricardo Alberto Saint Jean, miembro de la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia, que defiende a represores y coordina acciones para conseguir su libertad, y Edgar Emilio Schiavone, defensor de represores acusados por los delitos de lesa humanidad cometidos en centro clandestino de detención La Cacha, entre otros.
Aquel día, la Federal terminó bajando por la fuerza a Alberto y también agredió a un abogado de derechos humanos. Tal exhibición de violencia propició que el Ministerio de Trabajo bonaerense dictara la conciliación obligatoria retroactiva al inicio del conflicto, lo cual fue festejado por los despedidos, pero aún ninguno de ellos fue reincorporado. Por la gravedad de los hechos, el ministro Walter Correa había convocado a una audiencia urgente en la que resolvió retrotraer la situación al 25 de abril. Esto implica que durante dos semanas el sindicato debe abstenerse de realizar medidas de fuerza y la empresa debería reincorporar a los despedidos. En la resolución ministerial consta que los trabajadores “fueron objeto de maltratos, agresiones y detenciones arbitrarias dentro de su lugar de trabajo por parte de las fuerzas federales”.
Las imágenes de la Federal pisando la cabeza de uno de los delegados de Secco se hicieron virales muy rápido y así comenzaron a llegar al acceso, ubicado junto al Camino del Buen Ayre, referentes políticos, sindicales y de derechos humanos. En las redes circularon alertas y repudios como el de los trabajadores de Georgalos y del referente del Movimiento Evita, Leonardo Grosso. “Un despedido sobre un tanque arriesgando su vida, el operativo de Bullrich como agente de la patronal reprimiéndolos, la justicia federal como apéndice.
Todo terminó en un escándalo porque el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires determinó que el accionar era ilegal, que se retrotraiga la situación y se reincorpore los despedidos, y así la puesta en escena de la empresa con la campaña represiva de Bullrich, con miras a las elecciones, por ahora fracasó”, resumió la abogada y ex diputada del FIT Myriam Bregman.
“La empresa decidió impulsar una causa penal presentándose como querellante con la firma de dos abogados y se expuso el detrás de escena. El empresario Balán, dueño de Secco, coordinó el operativo represivo con la miliquita Bullrich”, agregó Bregman, y reveló los nombres de Schiavone y Saint Jean, hijo del gobernador bonaerense entre 1976 y 1981. Éste último fue mencionado como uno de los organizadores de la visita al penal de Ezeiza por parte de diputados de La Libertad Avanza, en julio de 2024, y se le atribuye la frase “no tendríamos que haber dejado solos a los padres –en referencia a los apropiadores– de los chicos nacidos en cautiverio”.
Unos 50 efectivos de la Policía Federal habían ingresado al lugar para tratar de desalojar a los trabajadores despedidos que ocupaban el predio en reclamo de su continuidad laboral, y a sus compañeros que desempeñaban sus tareas habituales pero con medidas solidarias hacia ellos. La planta generadora de electricidad –ubicada junto a las montañas de basura del Ceamse– estaba funcionando normalmente, pero los policías arremetieron tanto contra quienes estaban trabajando como contra los echados. Tras el procedimiento represivo, el saldo fue de tres detenidos, entre ellos Samaniego, que es vocal de la Federación de Trabajadores de la Energía (Fetera), y fue despedido de manera discriminatoria porque tiene tutela gremial.
“Desde el 3 de mayo de 2024, con los compañeros de Ensenada estamos en la calle, fuimos a los ministerios, a los canales de televisión, a todos lados y en esta instancia tenemos compañeros detenidos y con causas penales, que están cansados física y psicológicamente, pero eso no nos frena porque la lucha dignifica y es para siempre”, describió uno de los despedidos, megáfono en mano, tras el operativo de la Policía Federal. “Aprendimos un montón, no me olvido la emoción por los estudiantes que viajaron con nosotros a Rosario, la unidad que estamos tejiendo con todas las luchas de este momento”, apuntó.
Bomberos de la luz
La empresa despidió el año pasado a 7 trabajadores eléctricos que operaban en una planta de biogás que funcionaba en el Ceamse de Ensenada, y en abril de este año despidió a otros 30 treinta del sector de emergencias. Sus abogados sostienen que estos despidos son ilegales y discriminatorios porque incluyen a delegados con fueros, candidatos y activistas del gremio eléctrico (Fetera CTA-A), los llamados “bomberos de la luz” porque trabajaban en el restablecimiento del servicio eléctrico ante emergencias climáticas. La empresa estaría buscando remplazarlos por precarizados. Ese sector se creó en 2012 para intervenir en cortes que vienen en aumento desde las privatizaciones de los años ’90. Con obradores móviles restablecíamos el servicio en pocas horas.
Este conflicto laboral que lleva varios meses consiguió la solidaridad de importantes organismos y personalidades de derechos humanos, entre ellas Adolfo Perez Esquivel, la APDH, la secretaria de derechos humanos de la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma de Capital, el Encuentro Militante Cachito Fuckman, Correpi, e Hijos zona oeste, entre otros. La respuesta de la empresa fue denunciar a los despedidos. Primero lo hizo ante la justicia ordinaria provincial, pero la fiscalía 2 de San Martín la archivó tras escuchar los argumentos de Myriam Bregman, Alejandrina Barry y Matías Aufieri, del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ceprodh), entidad a la que pertenece Roberto Torres, abogado de los trabajadores. En ese expediente también dejaron constancia de que los despedidos estaban siendo hostigados por personal de seguridad de la empresa para que abandonaran el predio.
La empresa insistió, con Saint Jean y Schiavone como apoderados, pero ante el fuero federal donde los denunció por la violación de artículo 194 del Código Penal, referido al entorpecimiento del servicio público, en este caso el bloqueo del servicio de electricidad, y la violación de la ley federal 24.051de residuos peligrosos. El miércoles 6, el juez federal Emiliano Canicoba dictó el desalojo del predio de San Martín. El Ceprodh planteó que ya había “cosa juzgada” y que los abogados de Secco hicieron forum shopping (manipular el foro para seleccionar estratégicamente el tribunal o jurisdicción que se considera más favorable), porque fracasaron en un fuero que archivó la causa por inexistencia de delito, volvieron a intentar en el fuero federal.
“Bullrich manda sus fuerzas a la provincia, inventando delitos federales cuando las denuncias de Secco ya habían sido archivadas en la justicia provincial.
Esto lo hace en favor de uno de los empresarios corruptos ‘arrepentidos’ de causa Cuadernos”, expresó el abogado Aufieri a Página/12. “No es casual que detrás de toda medida del gobierno siempre aparezcan defensores de genocidas”, agregó.
Cuadernos
El dueño de Industrias Juan F. Secco es Jorge Balán, contratista del Estado desde los menemistas años noventa. En noviembre irá a juicio oral por cohecho, tras haber declarado bajo la figura del “arrepentido” que pagó coimas en la causa de los “Cuadernos”. En su defensa dijo que los pagos no eran coimas, sino que se trataba de aportes para la campaña electoral que no habían sido declarados, siguiendo la estrategia de Ángelo Calcaterra, primo de Macri y otro de los empresarios imputados.
