Cuando se aprobó, en 2010, la Ley de Salud Mental planteaba un enfoque innovador. Sin embargo, más de 15 años después, su implementación tuvo complicaciones que derivaron en serias críticas incluso de familiares de pacientes.
Ahora, el Gobierno nacional enviará al Congreso un proyecto para una nueva Ley de Salud Mental, explicó, con el objetivo de mejorar la capacidad de respuesta del sistema sanitario y para “proteger a pacientes y terceros frente a situaciones que hoy no encuentran adecuado encuadre”.
El anuncio lo hizo el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, intentando retomar la agenda de gestión en medio del escándalo por los vuelos privados y las propiedades no declaradas. Fue luego de una reunión con el ministro de Salud, Mario Lugones.
El proyecto lo impulsa justamente el Ministerio de Salud, que relevó, se informó, “aportes de familiares, pacientes, profesionales de salud mental y actores del ámbito judicial y legislativo, lo que permitió detectar dificultades concretas en la práctica diaria”. Según pudo saber Clarín, se presentará “en breve” para su recorrido legislativo.
Según se señaló, uno de los principales problemas que se detectó es la falta de aplicación homogénea en el país: solo 16 jurisdicciones adhirieron formalmente; de las 23 provincias, 18 cuentan con hospitales generales con servicios de salud mental y 20 disponen de camas de internación, lo que “genera desigualdades en el acceso, especialmente en regiones con menos recursos”.
Uno de los cambios es importante es que se reemplazará el término “padecimiento mental” para adoptar la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10 y sucesivas), incorporando el concepto de trastornos mentales o del comportamiento para lograr mayor precisión.
También se buscará un nuevo enfoque sobre el riesgo para reemplazar el criterio actual por el de “situación de riesgo de daño para la vida o la integridad física de la persona o de terceros”, incorporando contexto y antecedentes, y permitiendo intervenciones más oportunas y preventivas.
En este punto, el proyecto enfatiza que “la internación seguirá siendo un recurso excepcional, pero necesario para proteger la salud y la vida. En urgencias, el médico psiquiatra podrá indicar una internación involuntaria, que deberá ser ratificada por un equipo interdisciplinario dentro de las 24 horas. Se propone además extender de 10 a 24 horas el plazo de notificación judicial. En internaciones voluntarias, si el paciente solicita el alta, se evaluará su capacidad y, de estar afectada, podrá transformarse en involuntaria con notificación a la Justicia”.
La ley vigente impulsa el cierre de hospitales psiquiátricos y el traslado a hospitales generales, pero el proyecto señala que este modelo no siempre es viable por limitaciones de infraestructura, personal y condiciones de seguridad.
“Actualmente existen 30 instituciones monovalentes públicas y al menos 139 privadas, lo que evidencia la necesidad de sostener la internación especializada”, dijeron desde el Gobierno y señalaron que hubo “episodios graves en hospitales generales como el Posadas, Clínicas, Mi Pueblo y El Carmen, que reflejan estas limitaciones en casos complejos”.
Y remarcaron que “en lugar de cerrar instituciones, se propone fortalecer una red de atención en salud mental según niveles de complejidad, que incluya hospitales especializados, servicios en hospitales generales, dispositivos ambulatorios, comunitarios y residencias asistidas”.
