La Cancillería de Colombia confirmó este miércoles que en enero pasado concedió el asilo diplomático a la abogada María Alejandra Díaz Marín, refugiada en su embajada en Caracas. Respondió así a la denuncia que hiciera la activista y abogada chavista, ahora crítica del Gobierno de Nicolás Maduro, que permanecía en la residencia del embajador colombiano a la espera de un salvoconducto que le permita salir del país en resguardo, una precaución que exige Díaz luego de vivir persecución judicial y asedio policial en su vivienda.
“El Gobierno de Venezuela, a través de diferentes canales diplomáticos, ha manifestado que, para el caso de la señora Díaz Marín, no es necesaria la emisión de un salvoconducto en tanto que no pesa sobre ella ninguna orden de captura ni proceso judicial abierto”, señalan en un comunicado.
El Gobierno de Colombia advierte ahora que Díaz incumplió, bajo su propia responsabilidad, “las condiciones pactadas al momento de otorgar el asilo diplomático”, al haber denunciado su situación este martes en las redes sociales. “Desde su llegada a la Residencia Oficial, la Misión Diplomática de Colombia en Caracas le ha otorgado, y seguirá otorgando, la debida protección y condiciones adecuadas de permanencia”.
Díaz había señalado que nunca recibió una notificación formal de la recepción de su asilo, sino comunicaciones verbales. Y que hacía la denuncia luego de que su caso figurase en el último informe de la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre independencia de magistrados y jueces presentado a finales del mes de julio. En su declaración, Díaz exigió al Gobierno venezolano que entregue el salvoconducto para salir del país de forma segura.
Como en otros casos de persecución a sus críticos, el Gobierno venezolano ha negado la existencia de órdenes judiciales contra figuras que le son incómodas, aunque despliegue todo su aparato de inteligencia. La mayoría de las detenciones de opositores en Venezuela ocurren sin órdenes ni notificaciones formales de los tribunales sobre la apertura de investigaciones.
El comunicado de Colombia añade que el Gobierno de Gustavo Petro “continuará promoviendo un diálogo franco y respetuoso con Venezuela, con miras a explorar alternativas para superar esta situación a la brevedad posible, siempre en observancia a las normas internacionales”.
Díaz le quitó su apoyo al chavismo en el poder hace unos años. Junto a varios dirigentes de izquierda, militantes revolucionarios, comunistas y de otros sectores moderados, formó el Frente Democrático Popular, crítico del devenir autoritario del chavismo que antes apoyaban.
A finales de 2024, fue severamente castigada por introducir un recurso de amparo ante el Tribunal Supremo de Justicia para que este le exigiera al Consejo Nacional Electoral la publicación de las actas y los resultados desagregados de las elecciones presidenciales del 28 de julio, que todavía no se conocen oficialmente. El máximo tribunal declaró inadmisible el procedimiento y ordenó la suspensión de su licencia para ejercer como abogada.
Pero el hostigamiento no se detuvo y la obligó a estar en la clandestinidad. El 9 de enero de este año, Díaz denunció que su exesposo y otros familiares fueron retenidos por la policía y que había recibido información de que intentaban apresarla. La acusaban de estar involucrada en una conspiración con el excandidato presidencial Enrique Márquez, a quien habían detenido horas antes. Dos días después, ingresó a la residencia oficial de Colombia en busca de asilo.
