La región centroamericana ha sido un escenario de conflictos sangrientos y gestas heroicas desde los tiempos posteriores a la independencia, cuando los sueños de una república federal se vieron frustrados por luchas intestinas abanderadas por caudillos, hasta la llegada del siglo XX. Entonces la búsqueda de la modernidad democrática se vio frustrada por dictaduras militares, golpes de Estado, intervenciones extranjeras y revoluciones fallidas.
¿Qué es Centroamérica en el siglo XXI? ¿Qué pasa con esta región de medio millón de kilómetros cuadrados y 50 millones de habitantes, volcánica en su geografía y volcánica en su historia política? Poco ha cambiado. El sistema económico es siempre injusto, no hay equidad en la distribución de la riqueza, la pobreza continúa siendo endémica, la clase media se ha empobrecido, el sistema educativo es deficitario, las poblaciones indígenas siguen marginadas, los recursos naturales y el medioambiente son depredados.
Los sistemas democráticos, precariamente construidos, ceden frente al impulso renovado del caudillismo autoritario, que se presenta bajo vestiduras de izquierda, como en Nicaragua, o de derecha, como en El Salvador. Las migraciones masivas, el crimen organizado, el narcotráfico, las pandillas delictivas, la corrupción, la violencia y la represión son ahora actores permanentes del drama. Y la panacea no es construir escuelas, sino megacárceles.
Desde la independencia, el caudillismo ha sido un animal que esconde a veces el hocico para volverlo a sacar y devorar las instituciones. Las reformas liberales decimonónicas fueron siempre acompañadas de la imposición militar; los libertadores se convirtieron muy pronto en autócratas, mientras que los conservadores que defendían el orden tradicional, contrarios a todo cambio, no les iban a la zaga en cuanto a confinar en las mazmorras a quienes reclamaban libertades públicas. La democracia fue colocada siempre en el cepo, y el patíbulo solo cambiaba de sitio, a la izquierda o a la derecha. Es lo que se repite de manera incesante.
Perdimos el siglo XX en términos de institucionalidad y asentamiento de un verdadero Estado de derecho: enclaves extranjeros, intervenciones militares, dictaduras de opereta sangrienta, revoluciones frustradas y malversadas; y hemos entrado en este siglo con muchas lecciones aún por aprender, o incógnitas que despejar.
Tras la revolución que en 1979 derrocó a la dictadura de Somoza en Nicaragua, y que devino en guerra civil que involucró como retaguardias a Honduras y Costa Rica, y los conflictos armados surgidos en Guatemala y El Salvador en 1980, se abrió una negociación en busca de la paz para los tres países, que dio como fruto los acuerdos de Esquipulas en 1986 y el desarme tanto de las fuerzas de la contrarrevolución en Nicaragua, apoyadas por el gobierno de Reagan, como de las guerrillas en El Salvador y Guatemala, apoyadas por Cuba y Nicaragua.
Tres décadas después de culminado aquel proceso, que abrió grandes esperanzas sobre el futuro democrático de la región, hay obvios retrocesos hacia el caudillismo, cuando se respira en el mundo una atmosfera autoritaria de derecha. El fortalecimiento de las instituciones, que era central a la consolidación democrática, también hace aguas.
Las cuentas pendientes en la Centroamérica real están a la vista en números rojos: seguridad ciudadana, libre expresión del pensamiento, inclusión social, justicia económica, igualdad de género, fortaleza de las instituciones, transparencia de la gestión pública, sistemas de salud universales, educación de calidad como palanca imprescindible del desarrollo.
Los gobiernos autoritarios, sean duros o moderados, de derecha o izquierda, no pueden asegurar la convergencia de fortalezas para dar vida a un sistema democrático que genere bienestar. Al contrario, ven la democracia participativa y el pluralismo como un obstáculo a su continuidad en el poder. Y mientras en uno solo de nuestros países la democracia sufra falsificaciones, los demás se verán necesariamente afectados y continuarán postergadas las ideas de integración económica y política, una panacea reiteradamente derrotada desde la época posterior a la independencia, cuando fracasó la República Federal.
Los regímenes autoritarios terminar por homogenizar el discurso demagógico de que las instituciones democráticas son el obstáculo para asegurar el orden, a seguridad y la lucha contra el crimen organizado, desafíos que solo podrían ser enfrentados por hombres fuertes que concentran todo el mando. Pero el autoritarismo rehúye la integración porque significa ceder poder a superestructuras que no se pueden controlar al libre arbitrio.
Las constituciones políticas centroamericanas han planteado siempre el ideal de sociedad republicana en términos de retórica altisonante que nunca se han correspondido con la realidad. Hoy, en Nicaragua, la nueva Constitución, proclamada el año pasado, cierra esa distancia e impone en sus artículos una dictadura matrimonial bicéfala, sin pudores ni disimulos: unos copresidentes, marido y mujer, que controlan un ente llamado “la presidencia”, del cual dependen “órganos”, no poderes: el órgano judicial, el legislativo, el electoral; y la policía y el ejército. Un Montesquieu en calzoncillos. El ideal constitucional del absolutismo más descarnado.
O la dictadura cifrada en bitcoins de Bukele en El Salvador, que ofrece la panacea de la seguridad ciudadana a cambio de la impunidad en el atropello de las libertades públicas, el exilio de periodistas y el dominio sin fisura de las instituciones. Ya van cuatro años de suspensión de las garantías constitucionales, que se decreta de manera surrealista cada mes. El 35% de los miles de prisioneros encerrados en la megacárcel del Cecot en Tecoluca, condenados mediante remedos de juicios, no tenían antecedentes penales. Es el modelo penitenciario que se quiere aplicar en Costa Rica, y que goza de tal prestigio que tanto el presidente Cháves como el presidente Kast de Chile han hecho peregrinajes a la distópica megacárcel.
O la lucha de un gobierno legítimamente electo, como el que preside Bernardo Arévalo en Guatemala, sometido al acoso de una élite corrupta que domina el poder judicial, desde el que se atrinchera para conspirar contra la democracia. Más de cincuenta fiscales y jueces permanecen en el exilio, amenazados con procesos penales orquestados por esas autoridades judiciales descompuestas, que siguen allí por la paradoja de que el gobierno respeta la independencia de poderes.
La vigilancia de las calidades democráticas de los gobiernos centroamericanos, y su récord de respeto a los derechos humanos, debería ser de interés constante para los países europeos.
Aun en medio de las tensiones y conflictos que ocupan la atención política de Europa, el último de ellos la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, Centroamérica no debería ser postergada o ignorada, como no lo hacen ni Rusia, ni China.
No hay que olvidar que, frente al deterioro democrático que sufre Estados Unidos, y el surgimiento de polos de poder autoritarios en el mundo, Europa, como entidad democrática, se convierte en una referencia crucial, y debería potenciar hacia Centroamérica su propio modelo de pluralidad democrática y convivencia.
