El Gobierno del presidente salvadoreño Nayib Bukele mantiene en prisión al menos a 86 presos políticos, según el informe El precio de disentir: Criminalización y persecución política en El Salvador 2019-2025, presentado este jueves por Cristosal, la principal organización de derechos humanos del país. De acuerdo con el documento, esa cifra es solo una parte de al menos 245 personas perseguidas políticas en los seis años de gestión del mandatario.
“Este fenómeno representa una regresión histórica que contradice los avances logrados tras los Acuerdos de Paz de 1992, cuando se creía superada esta práctica, y es resultado directo del desmantelamiento del Estado de derecho y la neutralización del principio de separación de poderes”, señala el informe. Entre los perfiles de los perseguidos se encuentran sindicalistas, activistas, periodistas, defensores de derechos humanos y expertos críticos del régimen.
El informe sostiene que, para considerar a una persona como perseguida política, deben cumplirse ciertos criterios reconocidos por organismos internacionales, entre ellos el Consejo de Europa, la principal organización continental dedicada a la defensa de los derechos humanos, la democracia y el Estado de derecho.
Entre esos criterios se incluye que los argumentos del demandante sean parcial o totalmente infundados; que la acción legal esté acompañada de una campaña pública orientada a intimidar, desacreditar o amedrentar a quienes participan en el debate público o a desviar la atención del asunto central; o que el demandante aproveche un desequilibrio de poder —como su ventaja económica o su influencia política o social— para presionar al demandado.
Desde su llegada al poder en junio de 2019, Bukele emprendió una batalla sin tregua para hacerse con el poder absoluto. En 2021, tras ganar la mayoría calificada en el Congreso, su primera acción fue destituir al entonces fiscal general que investigaba corrupción en su Gobierno y a cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Al año siguiente, sustituyó a otros cinco magistrados de forma irregular, haciéndose con el control total del órgano judicial e iniciando una purga masiva de jueces.
Según Cristosal, desde entonces los casos con características de persecución política empezaron a aumentar, pero el mayor repunte se ha visto desde 2022, luego de que en marzo de ese año el Gobierno instaurara un régimen de excepción con el argumento de desarticular a las pandillas, pero que también ha sido usado para perseguir a opositores o voces críticas. En 2025 se registró la mayor embestida, por la cual al menos 50 activistas, periodistas, sindicalistas y organizaciones enteras de derechos humanos dejaron de funcionar o tuvieron que huir del país por temor a represalias.
El documento señala que 180 personas —el 73.4% del total de los perseguidos políticos— enfrentan procesos judiciales bajo el régimen de Bukele, mientras que en el resto de los casos el Estado combinó otras acciones punitivas. De ese total, solo siete personas han sido vencidas en juicio y condenadas.
De acuerdo con la investigación, la persecución política no solo se desarrolla en el plano penal, sino también a través de un discurso en el que se ubica a ciertas personas en la categoría de “enemigos inaceptables”. En ese sentido, Cristosal señala que el Ejecutivo se ha encargado de señalar como enemigos a sindicalistas, periodistas, activistas, políticos y defensores de derechos humanos.
Los enemigos de Bukele terminan en la cárcel
El informe determina que un patrón que atraviesa a todos los perseguidos políticos es su presencia activa en la vida pública y su postura crítica hacia el Gobierno. Algunos de ellos fueron aliados de Bukele, pero luego se distanciaron.
El documento destaca casos emblemáticos como el del exalcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt, acusado de diferentes delitos; dos de ellos vinculados a la retención de cuotas laborales durante su gestión municipal y otro por negociar electoralmente con pandillas. Mientras era procesado, dos tribunales de segunda instancia ordenaron que Muyshondt recibiera prisión domiciliaria, pero el Gobierno de Bukele se negó a cumplir con las órdenes judiciales. En septiembre de 2025 fue condenado a 18 años de prisión por el caso de las pandillas.
En 2020, cuando Muyshondt competía por la alcaldía de la capital, se declaró aliado de Bukele e incluso aparecieron juntos en piezas publicitarias, pero tras una ruptura terminó en desgracia y, años después, condenado. Antes de su sentencia, Muyshondt declaró en varias audiencias que estaba siendo víctima de tortura dentro de las prisiones.
Otro perfil relevante es el de Alejandro Muyshondt, primo de Ernesto y exasesor de Seguridad Nacional de Bukele. Alejandro fue amigo personal del mandatario, pero resultó encarcelado en agosto de 2023 bajo la acusación de filtrar información a periodistas. Murió en febrero de 2024 con graves señales de tortura.
Otra de las prisioneras políticas es Ruth López, directiva de Cristosal y una de las figuras más visibles de la institución, autora de casi 50 informes que denunciaban corrupción y violaciones a los derechos humanos. López, incluida en 2024 por la BBC en la lista de las 100 mujeres más influyentes del mundo, fue detenida a mediados de mayo de 2025 acusada por delitos de corrupción durante su paso por el sector público. Su caso ha sido puesto bajo reserva total.
Junto a López fue capturado su exjefe, Eugenio Chicas, exmagistrado del Tribunal Supremo Electoral y uno de los pocos rivales que logró derrotar a Bukele en los tribunales, luego de que el mandatario lo señalara falsamente de haber abusado de una menor de edad.
Lejos de tratarse de hechos aislados, “los casos documentados evidencian la existencia de una estrategia sostenida de represión política que combina mecanismos penales, civiles, administrativos y extrajudiciales para silenciar la disidencia, castigar la crítica y neutralizar el pluralismo en El Salvador”, concluye el informe.
