El Gobierno de México ha inaugurado una nueva etapa de tensiones con la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a raíz del último informe que señala que las desapariciones de personas son un crimen de lesa humanidad que se practica de manera generalizada y sistemática en el país latinoamericano. La decisión del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de solicitar que la crisis de México sea remitida urgentemente a la Asamblea General de la ONU ha motivado una dura respuesta de rechazo por parte del Gobierno de Claudia Sheinbaum, que insiste en responsabilizar por las desapariciones exclusivamente al crimen organizado y en destacar los esfuerzos institucionales de su Administración para contener el problema. Este lunes, Sheinbaum ha enfatizado que el estudio del CED se basó en el análisis de unos cuantos casos, en algunos Estados y en periodos de tiempo anteriores a la llegada al poder de Morena, su formación política, en 2018. Sin embargo, el informe también incluye ejemplos más recientes, y señala que en México prevalecen condiciones estructurales que propician la comisión del delito, que suma más de 133.000 casos, a veces con la participación o “aquiescencia” de autoridades locales, estatales y federales.
El Comité de la ONU se centró en casos documentados en Coahuila entre 2009 y 2016; Nayarit entre 2011 y 2017, y Veracruz entre 2010 y 2016. Las fechas corresponden a Gobiernos distintos de Morena, principalmente del PAN y el PRI, que es la base de la defensa de Sheinbaum. “No tiene nada que ver con los Gobiernos de la Cuarta Transformación [el movimiento político del oficialismo]”, ha sostenido la mandataria. No obstante, el informe también menciona las 28.880 desapariciones reportadas entre enero de 2023 y abril de 2025 en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, periodo que abarca el final del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador y principios del de Sheinbaum. Tan solo en Jalisco, el Estado con mayor número de desaparecidos, la Fiscalía ha procesado, de 2018 a 2025, 205 fosas clandestinas en 19 municipios, donde se localizaron los cuerpos de 1.959 personas. En Guanajuato, dice el informe, el número de desaparecidos “se ha multiplicado por ocho” de 2017 a 2025, y en Tabasco las desapariciones “han tenido un incremento exponencial en 2024 y 2025, con niñas y jóvenes como principales víctimas”.
El informe ha llegado en un momento en que México ha elaborado una reinterpretación de las cifras oficiales de desaparecidos. En el nuevo conteo se señala que solo una tercera parte del total —43.128 registros— corresponde a personas de las que no se ha sabe nada y que no han reportado alguna actividad desde que fueron inscritas como desaparecidas; el resto se trata de personas que registraron alguna actividad —como usar el sistema bancario o acudir a los servicios de salud— o de las que no existe suficiente información como para iniciar su búsqueda —por ejemplo, personas de las que solo se ha registrado un alias—. Las desapariciones alcanzaron estatus de crisis en el marco de la guerra contra el narcotráfico emprendida por el expresidente Felipe Calderón en 2006 y hoy constituyen una de las mayores afrentas de México. El problema ha rebasado a los Gobiernos, en cuya ausencia han tomado protagonismo los colectivos de búsqueda integrados por los familiares de las víctimas de desaparición.
México ha rechazado las conclusiones del CED en el sentido de que las desapariciones forzadas son una práctica sistemática. Su principal argumento es de índole formal y apunta a que no se trata de una política emanada del Gobierno, como lo fue durante la Guerra Sucia, cuando se utilizó como instrumento de represión de grupos disidentes. La ONU, que concede que “no hay indicios bien fundados de que esto constituya en sí misma una política federal para la comisión de tales actos”, pone de relieve las omisiones del Estado en la prevención, la investigación y el castigo del delito. Eso, sin contar los casos documentados en los que participaron funcionarios gubernamentales corruptos, “siendo de las más comunes las detenciones ilegales de personas por parte de autoridades para entregarlas a grupos criminales o liberarlas y desaparecerlas. También destaca el uso, en ocasiones, de recursos públicos para la comisión de desapariciones forzadas, incluidos vehículos e instalaciones oficiales”.
El Comité de la ONU señala que, institucionalmente, las condiciones no han mejorado respecto a años anteriores en que hizo visitas a México y emitió recomendaciones. A pesar de que se reconoce la creación de fiscalías especializadas de búsqueda y la aprobación de leyes en la materia, “el número de personas desaparecidas sigue aumentando y la crisis forense y la impunidad continúan prevaleciendo”, además de que “no se ha hecho rendir cuentas a los responsables de alto nivel” y “las autoridades responsables siguen sobrepasadas por la magnitud del crimen”. “Se mantiene una situación generalizada de desapariciones en gran parte del territorio nacional, frente a la cual imperan una impunidad casi absoluta y la revictimización”, dice el informe. Sobre la impunidad, refiere que esta obedece en gran parte a la corrupción, “en particular por parte de la judicatura local y los gobiernos estatales, lo que impediría investigaciones genuinas”.
El CED señala que, en 2025, tres Estados representaban el 37% del total de fosas clandestinas reportadas en el país de acuerdo con las fiscalías estatales: Sonora, con 972 fosas; Veracruz, con 523 fosas, y Tamaulipas, con 541 fosas. A propósito de Jalisco, se pone de ejemplo el caso del Rancho Izaguirre, utilizado como centro de adiestramiento del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y donde colectivos de búqueda hallaron pertenencias de personas desaparecidas, al punto de que se habló de un posible campo de exterminio. El Comité de la ONU afirma que en ese caso, como en otros, fue claro el involucramiento de funcionarios públicos. “La participación de expolicías en el reclutamiento por parte del CJNG en el rancho sugiere además el posible apoyo o aquiescencia de ciertas autoridades estatales”, indica.
Sobre los fallos estructurales que persisten, el CED señala el hecho de que las autoridades suelen investigar las desapariciones mediante otros tipos penales (como homicidio, secuestro o delicuencia organizada); indica que las comisiones de búsqueda carecen de recursos humanos y financieros, amén de que su personal trabaja en condiciones de precariedad laboral; también señala —retomando a Amnistía Internacional— que la narrativa oficial, consistente en culpar al narco del problema, incurre en “una simplificación del fenómeno de desapariciones en el país que ignora que en muchos de estos casos el crimen organizado opera con la autorización, apoyo o aquiescencia de las autoridades”.
La abogada Melissa Ayala aclara que el informe y la decisión de presentar el asunto a la Asamblea General de la ONU no es una condena a México, sino un diagnóstico que le permitiría recibir ayuda institucional del sistema internacional para atender la crisis. “No dice que es el Estado el que está cometiendo las desapariciones, sino que la falta de políticas, la impunidad y la existencia de ciertos funcionarios públicos permite que esto se esté dando de manera generalizada en todo el país”, refiere. “No se está emitiendo esta decisión con el afán de dañar al Estado mexicano, sino que se hace desde una postura de respeto institucional”, agrega. Para la jurista, la respuesta de México en términos de rechazo convierte al informe en una “oportunidad perdida”. “Debemos ver esta decisión como un diagnóstico de algo que vemos todos los días, independientemente de la postura ideológica que tengamos”, señala.
