De acuerdo indicó el fiscal, la información es suficiente en el caso de Vanesa Fita para avanzar en su acusación, sin embargo, sobre las otras cuatro implicadas, y a pedido de la defensa, se debe ahondar en la cantidad de hechos que las involucran sobre un número cercano a las 600 estafas.
A pedido de la Fiscalía, este martes, se realizó la audiencia donde se solicitó la ampliación del plazo de investigación de la causa por estafas reiteradas, ocurridas entre abril de 2023 y febrero de 2024, que tiene como imputadas a Vanesa Fita y también a Lucía Miranda, Gisela Mansilla, María Curan y Camila Páez.
En este marco, el fiscal a cargo de la causa, Martín Cárcamo, expresó: “La audiencia ha versado sobre la prórroga de la investigación preparatoria, el resultado es que se le ha concedido al Ministerio Público Fiscal un plazo de 4 meses para concluir con la investigación”. Y añadió: “La razón o motivo de la prórroga obedece fundamentalmente a la cantidad de información que ha tenido que procesar el Ministerio Público Fiscal y que estos 6 meses en definitiva le han resultado insuficientes para concluir la investigación en atención a los diversos planteos de los diversos imputados que hay”.
Asimismo, señaló: “Hasta el momento, la evidencia reunida ya permite sostener que podrá acusar a la coautora o autora de los hechos Vanesa Fita”. Y sin perjuicio que resta todavía información por procesar, y resta resolver la situación de las otras partícipes necesarias que le brindaron una ayuda, un aporte, a la maniobra defraudatoria que llevó adelante Vanesa Fita, y mencionó: “En estos términos, los planteos de la defensa tienen que ver en cuántos de estos 594 hechos en definitiva, han tenido participación individual o colectivamente el resto de las partícipes necesarias”.
En base a ello, Cárcamo, recalcó que “el procesamiento de toda esta información y la precisión que ha requerido la defensa, ha vuelto necesaria el pedido de prórroga y la resolución del juez de la causa concediendo esta prórroga”.
En cuanto a los damnificados, planteó que “hay 180 denuncias que no es el universo total de damnificados, que supera las 600 personas, sobre la teoría del caso del Ministerio Público Fiscal comprende estos 600 casos y no los 180 que han sido denunciados, de manera que eso le da la complejidad a la tarea de investigación que viene demandando todos estos meses”.
Sobre las Imputadas
Respecto a las imputadas, Cárcamo, manifestó que “Vanesa Fita está imputada junto a otras cuatro personas a quienes se les ha atribuido la responsabilidad penal en grado de participación necesaria, haber realizado aportes para que la maniobra de estafa se lleve a cabo del modo en que se llevó, y la evidencia en busca medida está permitiendo sostener esta participación de estas otras cuatro personas”. Y descartó hasta el momento nuevas imputaciones, “por el momento se ha descartado la intervención o participación criminal de otras personas” refirió.
Sobre el trascendido que indicaba que Fita devolvería el dinero resultado de la estafa, Cárcamo afirmó desconocer el tema, “en términos procesales, no ha ejercido ningún derecho de defensa material, no ha formulado ningún tipo de postulación al respecto sobre la posibilidad de devolución” señaló y siguió “la evidencia con la que cuenta el Ministerio Público Fiscal, permite sostener que es materialmente imposible, porque los dineros fueron ingresados a cuentas y luego derivados o gastados en otras cuentas, de manera que la posibilidad económica de que se pueda restituir ese dinero a los damnificados es bastante incierto”. Así, subrayó que “hablamos de aproximadamente $60.000.000”.
Para concluir, el Fiscal señaló que “el artículo 172 del Código Penal prevé para el supuesto de estafa una pena que va entre 1 y 6 años de prisión y por la aplicación de las reglas del concurso, eventualmente y con el límite del artículo 55, podrá llegar en caso de Fita a una pena en abstracto de 50 años de prisión”.
El caso
De acuerdo a la Fiscalía, entre el mes de abril del 2023 y febrero de 2024, Vanesa Fita, simulando ser intermediaria y organizadora de una cooperativa de viviendas, fingiendo además, trascendentes vinculaciones con funcionarios públicos provinciales y aprovechándose de la necesidad habitacional imperante en la ciudad, ofreció a un grupo de personas la adjudicación y/o adquisición de una vivienda construida o próxima a construirse por el IPV (Instituto Provincial de la Vivienda) en esta ciudad, y sin contar para ello con recursos materiales suficientes ni autorización legal vigente.
Mediante contacto telefónico previo, utilizando tres celulares, les solicitó a los interesados un depósito bancario por una suma de $100.000, que una vez acreditada, se informaba enviando el recibo de pago y se ingresaba a los interesados a distintos grupos de WhatsApp, donde les requerían información y se organizaban reuniones informativas. Así Fita incorporó a la maniobra defraudatoria a las otras cuatro imputadas, cuyo aporte consistió en mantener el engaño e ingresar nuevos adherentes. De esta forma se llega al número de 594 casos, con un perjuicio económico de $59.400.000. Calificando provisoriamente el hecho como “estafa por calidad simulada e influencia mentida, 594 hechos en concurso real” en calidad de “autora” para Fita y de “partícipes necesarias” para las restantes 4 imputadas, Miranda, Mansilla, Curan y Páez.
