EL PAÍS ofrece en abierto la sección América Futura por su aporte informativo diario y global sobre desarrollo sostenible. Si quieres apoyar nuestro periodismo, suscríbete aquí.
La transición energética que demanda el mundo necesita los recursos naturales de América y el Caribe. Esta región es clave por sus abundantes reservas de litio, níquel, cobre, cobalto o niobio, entre otros, elementos imprescindibles para la construcción de turbinas eólicas, paneles solares o coches eléctricos. Pero las cantidades requeridas son mastodónticas, igual que los riesgos de una extracción sin garantías. Una planta de energía eólica requiere nueve veces más minerales que una de gas y un coche eléctrico necesita seis veces más minerales que uno tradicional. Si bien nadie pone en duda la urgencia de dejar atrás los combustibles fósiles, la pregunta es cómo no arreglar por un lado y destrozar por otro. “La transición energética de Europa no se puede dar a costa de América Latina”, dice en videollamada Ana Carolina González, directora global de programas del Natural Resource Governance Institute.
El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y el primer ministro de India Narendra Modi firmaron este sábado en Nueva Delhi un acuerdo de cooperación bilateral en materia de minerales críticos. El pacto es una declaración de intenciones sin compromisos firmes, pero que refleja la voluntad de las dos potencias de estrechar la alianza entre países de los BRICS, el bloque del Sur Global. La India y Brasil aspiran a aumentar el comercio bilateral de los 15.000 millones de dólares actuales a 20.000 millones para 2030 (en el caso de Modi) a 30.000 (en el caso de Lula).
Esta cifra tiene salivando a los países vecinos, también con grandes fuentes de minerales críticos. Sólo Chile y Perú representan alrededor del 40% de la producción mundial de cobre, mientras que Chile, Argentina y Brasil representan alrededor del 37% de la producción mundial de litio.
El encuentro en Nueva Delhi se produce dos semanas después de que Estados Unidos y la Unión Europea anunciaran el primer plan de acción para cooperar en el suministro de materias primas críticas y hacer frente a la competencia de China, que puede ofrecer precios mucho más bajos que otras potencias para estos minerales.
Este es el último movimiento de Estados Unidos por garantizar su acceso a estos minerales, ubicados generalmente en lugares biodiversos y de una gran riqueza ecológica. Lo hizo hace un año en un histórico acuerdo con Ucrania y poco después con Ruanda y la República Democrática del Congo, en un tratado de acceso privilegiado al cobalto. “Es muy importante hacer contrapeso como sur global y ser estratégicos en el momento geopolítico en el que estamos. Necesitamos impulsar una cooperación sur-sur que delimite bien cómo se hace y cómo no”, explica la también doctora en ciencia política.
Para las tres expertas de la región consultadas por EL PAÍS, América Latina solo podrá salir beneficiada integralmente si presta atención a cuatro puntos cruciales: gobernanza, sociedad civil, valor agregado y regulaciones robustas.
Ante la creciente demanda de estos minerales —que se espera se triplique en los próximos cuatro años—, González prefiere ir con pies de plomo e insta a los países latinoamericanos a robustecer las regulaciones sobre minería y extracción de cada país. Actualmente, no existe unos lineamientos globales ni regionales vinculantes en esta materia. Apenas exigencias de trazabilidad de los países o bloques demandantes (como la Unión Europea), la mayoría de veces muy laxos, que dependen de certificaciones de empresas privadas. Así, el marco normativo es tan heterogéneo como el propio continente.
Si bien Chile ha avanzado mucho en legislación sobre la diversificación de la oferta, pues refina su propio cobre, el agua sigue siendo un bien privatizado. Colombia, por otro lado, tiene un sólido marco legal sólido frente al derecho de los pueblos indígenas y afrodescendientes a decidir sobre sus territorios, pero aún no ha logrado garantizar un cierre minero adecuado. Es decir, la responsabilidad de las mineras sobre el impacto ambiental se esfuma poco después de cesar su actividad en el país. Lo mismo sucede con Perú, un país con escasa continuidad en materia ambiental dados sus asiduos cambios de Gobiernos.
“La regulación es muy desigual. La gobernanza es el centro entre la oportunidad y el desafío; la única forma de evitar impactos negativos es poner límites”, zanja González. Estos efectos negativos son ya bien conocidos en la región: la industria minera ha provocado incontables casos de intoxicación por mercurio en comunidades, se ha cobrado la vida de defensores del ambiente y se ha desentendido de los destrozos que deja en los territorios. La cadena de malas prácticas hace que muchos ambientalistas fruñan el cejo ante esta gran oportunidad para el continente. Es por ello que González es muy tajante con delimitar los espacios donde debería estar prohibido extraer cualquier tipo de mineral. “Se sabe que en la Amazonía hay mucho potencial en tierras raras o de cobre en el Chocó. Ahí es donde uno tiene que delimitar las conocidas como no-go zones. Sin rodeos”.
Este es uno de los puntos más sensibles del tema. Una gran parte de estos minerales se encuentran en lugares estratégicos, ya sea por su riqueza natural, por ser el hogar de pueblos indígenas o por encontrarse en espacios protegidos. Según un reciente estudio de WWF, cerca del 7% de los minerales críticos, están en sitios claves para la biodiversidad. En el caso del cobre es aún más crítico, pues la mayor parte de las minas se superponen con áreas de relevancia ecosistémica. Casi la mitad de estas superposiciones se encuentran en América Central y del Sur.
“No se valen acuerdos a puerta cerrada”
Yenny Rodríguez Junco, coordinadora de minería y aguas dulces en la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), insiste en que esta oportunidad no puede convertirse en otro capítulo de saqueo en la historia de América Latina y el Caribe. “No podemos convertirnos en meros suministradores”, narra. “No vale con hacer acuerdos a puerta cerrada sin que se tome en cuenta a las comunidades que suelen cargar con el coste ambiental y social en sus territorios. Tienen que estar representados en la toma de decisiones”.
En esta misma línea, Elisa Arond, investigadora senior en la oficina regional de América Latina para el Stockholm Environment Institute (SEI), apuesta involucrar a los pueblos no sólo en la extracción y en la toma de decisiones sino en el reparto de beneficios. Así, insta a invertir en una industria más sofisticada que agregue un valor extra además de la explotación, que genere empleos locales de mayor calidad y beneficios en las comunidades y no sólo a nivel nacional. “Hay proyectos locales interesantes, pero en la realidad luego es muy difícil y los beneficios se gestionan nacionalmente. No necesariamente impactan a las comunidades”, lamenta.
Rodríguez Junco lamenta que lleguen mucho antes las “presiones de la industria” a los Gobiernos que la asesoría para blindar territorios claves. “Existe una intención clara de flexibiliar las legislaciones y esto pone en riesgo el continente”, explica por teléfono. “Los lineamientos [como los de la UE] no sirven de nada si no se aterrizan en los territorios con leyes nacionales”, narra. “La historia colonial de América Latina es de mucho extractivismo. Hay que aprender del pasado y pensar cómo se sacan las materias primas que necesita el mundo y qué se queda aquí”, zanja Arond.
