El juicio por el intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner está por llegar a su fin. El 8 de octubre se conocerá el veredicto del Tribunal Oral Federal 6 (TOF6) respecto del hombre que trató de matar a la entonces vicepresidenta, Fernando Sabag Montiel, y de quien era su novia y lo acompañaba en el momento del hecho, Brenda Uliarte. Ese día podrán hacer uso de las llamadas “últimas palabras”. Para ambos hay pedidos de hasta 15 años de prisión de la fiscalía y la querella. Este miércoles fue la última audiencia, en la que alegó el defensor oficial de la joven, Eduardo Chittaro: pidió su absolución, ya que considera que no estuvo en condiciones psíquicas de afrontar el juicio. Además planteó que no se pudo probar que haya hecho ningún aporte sustancial al plan criminal. Si se descartara esa opción, el letrado pidió que no se le aplique más que la pena mínima. Argumentó que se trató de una “tentativa (de homicidio) inidónea” ya que la bala no había ingresado a la recámara del arma de Sabag Montiel y agregó que no se le puede aplicar a la chica el agravante de violencia de género.
Antes de la exposición de Chittaro habló el abogado de Gabriel Carrizo, Gastón Marano quien era dueño del emprendimiento de venta de copos de azúcar del que participaba la pareja y estuvo acusado hasta que tanto la fiscal Gabriela Baigún como los abogados de la querella de la expresidenta pidieron su absolución por considerar que no había ningún elemento que lo asociara a la planificación del atentado. De hecho, por esta razón recuperó su libertad un mes atrás.
Carrizo había enviado una serie de mensajes a personas cercanas inmediatamente después del ataque en las que se involucraba en el hecho con frases del estilo “hoy intentamos matar a Cristina”, “el arma era mía”, “mi amigo es un héroe”. Marano reprodujo la explicación de su defendido: eran bromas para provocar; “humor negro” lo había llamado. El arma que mencionaba era de otro calibre distinto a la que se utilizó (que fue una Bersa calibre 32) pero tampoco se halló ni hubo testigo que diera cuenta de su existencia. Cuestionó, igual que los abogados de CFK, la instrucción de María Eugenia Capuchetti. Entre otras cosas dijo que si no se hubiera dañado el celular de Sabag Montiel –trasladado para peritar sin cadena de custodia– tal vez habría quedado más claro de entrada que Carrizo no había hablado con el principal acusado sobre el intento de magnicidio que planeaba.
“Incapacidad sobreviniente”
El defensor de Uliarte repartió críticas y enojos. Le dedicó un buen rato, aunque sin nombrarlo, al abogado que tuvo la chica en el comienzo del juicio –Alejandro Cipolla–, a quien prácticamente responsabilizó por haberla dejado indefensa, sin una asistencia adecuada. Deslizó que la chica no tuvo atención psicológica y psiquiátrica apropiada y quedó a la vista lo que llamó su “incapacidad sobreviniente” el día que fue indagada en el juicio oral cuando parecía no poder pronunciar ni cuál era su domicilio hasta el momento de su detención o en qué zona quedaba y se manifestó en la audiencia en la que se le abalanzó a Marano porque interpretó que estaba argumentando para complicar su situación, aunque era lo contrario ya que lo que el abogado de Carrizo decía era que no se le podía aplicar como mujer el agravante de femicidio. Criticó al tribunal por cómo llevó adelante la indagatoria, y también al a fiscal, Gabriela Baigún, quien ya ese día dijo que Uliarte simulaba.
”No puede pensar claramente
Uliarte qué es lo que pasó durante todo este debate o lo que debe estar pasando
en este mismo momento, o lo que ha dicho de ella la querella, la fiscalía” o “el exabogado del eximputado Carrizo”, dijo la defensa. Señaló que cuando él asumió la defensa y lo convocaron del penal donde está detenida porque “estaba en un estado de excitación psicomotriz” el Cuerpo Médico Forense no quiso evaluarla, con el argumento de que no asisten personas privadas de la libertad. El letrado dice que eso impidió tener la evaluación necesaria en ese momento para mostrar la incapacidad. Cuando finalmente los especialistas forenses hicieron una pericia evaluaron que su conducta era de simulación, que podía afrontar el juicio y tenía conciencia de sus actos.
La defensa, sin embargo, lo plantea así: “Brenda Uliarte lleva más de tres años privada de la libertad, atravesando un cuadro de depresión reactiva severo con componentes psicóticos. Sin diagnóstico definitivo, sin médico ni psicólogo de cabecera, bajo un tratamiento errático. Según consta en la audiencia, el Servicio Penitenciario Federal cuenta con apenas dos psiquiatras para diez complejos penitenciarios”, advirtió Chittaro después de señalar los que considera inconsistencias de los especialistas.
Sin disimular cierto disgusto, comparó la situación de Uliarte con la de Carrizo sobre quien recordó que cuando amplió su indagatoria el 16 de julio último, “siete veces se definió o se autopercibió como un pelotudo. Claro, nosotros, por todo lo que ya explicamos, la cuestión de la incapacidad sobreviniente, no pudimos decirle a nuestra defendida, mirá, de todos estos mensajes, sentate acá y decí que es una fabuleada, que es una joda, que los Girosos, que es un humor negro, decís siete veces que sos una pelotuda, y con eso se esfuman los mensajes…”
La chica estuvo sentada al lado del defensor durante las más de siete horas que duró la audiencia y se la vio atenta buena parte del tiempo.
La defensa, al ataque
La querella –Marcos Aldazabal y José Manuel Ubeira– no se salvó de los cuestionamientos de la defensa. “La acusa a nuestra representada como coautora funcional”, dijo, y citó para objetar esa definición al exjuez de la Corte Raúl Zaffaroni. Para ser coautor, ilustró, hace falta realizar un aporte “necesario para llevar adelante el hecho en forma concretamente planteada”. “Acá nadie supo explicar cuál fue su aporte en la etapa ejecutiva”, regañó. Con tono irónico, dijo cosas como “…estaba en el lugar. ¿Y?… Y siguen, luego del atentado ella lleva adelante, dicen así, el plan de escape (…) ¿A qué se refieren con un plan de escape?” Entonces planteó que no veía plan de escape ya que se quedó una media hora por la zona “boyando”, “se fue a dormir a lo de un exnovio porque no tenía dónde ir. Y después se fue a Montes de Oca” (la casa donde se juntaban los llamados “copitos”) y a Telefé. Agregó que ella no aportó un arma, ni llevó a Sabag Montiel ni le dio ningún apoyo logístico. Minimizó los planes que habían hecho de alquilar un departamento cerca de la casa de CFK como “un fantasía”.
En términos de la fiscalía, Uliarte sería partícipe necesaria e intervino en la planificación del hecho. Hay una gran cantidad de mensajes donde ella le comenta a una amiga que “mandó” a alguien a “matar a Cristina”, le da instrucciones a Sabag Montiel cuando está en el lugar en un primer intento cinco días antes, y expresa su enojo cuando él no concreta el crimen. Dice que ella podría hacerlo, que sabe disparar bien. Usa frases como “Hoy me convierto en San Martín”. Pero el defensor insistió en que ni la fiscalía ni la querella explicaron cuál era el plan. A su entender, tampoco explica nada su presencia en marchas de la agrupación violenta Revolución Federal (hizo comentarios como que él también en su juventud fue a marchas) ni es suficiente señalar su “odio al peronismo”. “Uliarte no alimentó ninguna tierra fértil, porque en todo caso Sabag ya estaba fertilizado. Él era el nazi, según lo dice la propia fiscalía. Él estaba armado mucho antes de la relación con Uliarte”, afirmó.
Luego pidió descartar el agravante de violencia de género y protestó que no hubo perspectiva de género para Brenda Uliarte. “¿Quién se iba a imaginar ese día, es cierto esto, quién se iba a imaginar ese día que iban a terminar acusando a una mujer por un femicidio?”, provocó. Dijo, como había señalado Marano, que solo varones pueden ser acusados de femicidio según el agravante. Más allá de eso sostuvo: “Los motivos que determinaron o impulsaron a Sabag nada tienen que ver con cuestiones de género, es un asunto político”.
Más allá de todo esto, la defensa sostuvo que el caso se debería juzgar como una tentativa inidónea ya que apenas se secuestró el arma “se estableció que la pistola no tenía bala en la recámara. Y entonces, lo que tenemos que decir al respecto es que la acción que desarrolló Sabag se agotó tras haber gatillado y ser inmediatamente reducido. Ahí concluyó su accionar. Jamás accionó la
corredera de la pistola para que la munición se aloje en la recámara. Jamás
realizó esa acción”.
Sin agravantes, con atenuantes
El co-defensor Gabriel Lanaro Ojeda pidió descartar el agravante de “alevosía” bajo el argumento de que la expresidenta no estaba indefensa sino “fuertemente protegida por agentes de su custodia” y “militantes”. “En el peor de los casos –dijo– Uliarte sería una partícipe secundaria. Sabag tenía el arma y la intención de disparar”. Pero cuestionó que se pidió la misma pena para ambos (la querella pidió 15 años para ambos, la fiscalía 14 para ella). “De considerarla autora, y seguramente el señor Sabag lo es, son idiotas útiles. Personas que no pertenecen a nada, ni a una organización, nosotros no creemos que pertenezcan a ningún tipo de organización, ni a una ideología, porque hablar de ideología es subirles el precio, ni a una clase. Poseen problemas psiquiátricos de base, esto es evidente, y creen que con su conducta pueden hacer un servicio a la nación, dentro de esta especie de mambo y de locura generalizada”, sorprendió.
Pidió que si el tribunal la considera autora no se le apliquen más de diez años de prisión y como partícipe a lo sumo, cinco. “Sabag tiene un perfil totalmente distinto al de Brenda. Brenda en ningún momento empuñó un arma, en ningún momento se acercó, en ningún momento gatilló”, dijo. Planteó que en el caso de Brenda se debe considerar su historia de vida “signada por el trauma, el abandono y la pobreza” como atenuante, además de señalar que fue víctima de “abusos sexuales reiterados”. “Se encuentra sumida en un círculo de sumisión y violencia”, evaluó. “El
reproche penal exige humanidad”, afirmó al defensa.
Pronto se conocerá cuál es el enfoque que elige el tribunal sobre este hecho que como quedó a la vista en el juicio se inscribe en un contexto de extrema violencia política que puso a Cristina Fernández de Kirchner en el centro de todos los ataques, lo que incluye la persecución judicial. Vale recordar que hoy está detenida como consecuencia del juicio Vialidad que transcurría mientras intentaron matarla en medio de una multitud que iba darle apoyo.
