Juana Sotelo, sus hijos y los amigos y amigas de Lautaro Rosé, además de la comunidad correntina que los viene acompañando, volvieron a decepcionarse. Tendrán que seguir esperando para conocer la sentencia del juicio oral por el asesinato del joven correntino, reprimido junto a sus amigos el 8 de noviembre de 2021 durante un operativo policial en la costanera de la ciudad de Corrientes, un hecho que fue cubierto por Página12. Tras cuatro meses de audiencias, la presidenta del Tribunal Oral Penal 1 volvió a pedir licencia médica, y si sus superiores no encuentran un remplazo en tiempo razonable podría ser anuladas todas las jornadas de debate desarrolladas hasta ahora. A la espera de la resolución sobre la continuidad del proceso, el abogado querellante Hermindo González dijo a Página/12 que “fue un hecho cometido en la clandestinidad, como en la dictadura, en la prueba testimonial del personal policial quedó en evidencia que la obediencia debida sigue funcionando de manera corporativa, y a través del peritaje a sus celulares quedó demostrado que hubo una coordinación”. Seis policías integrantes del Grupo de Intervenciones Rápidas (GIR) están en el banquillo.
Lautaro —estudiante secundario de 18 años, con nueve hermanos– y sus amigos habían ido a la costanera el domingo 7 de noviembre de 2021. Luego de la medianoche varios móviles policiales acudieron a la zona por un llamado al 911 que había reportado presuntos incidentes a partir de una pelea en Costanera y Edison, y más tarde por otro episodio, un supuesto ataque a un patrullero, en la avenida 3 de Abril debajo del puente Belgrano. Las imágenes de las cámaras y los testimonios coinciden en que los policías hicieron un giro en U y a partir de ese momento iniciaron la persecución al grupo en el que se encontraba Lautaro, que corrió en dirección a la orilla del río. La geolocalización permitió ubicar a cada uno de los policías en el operativo.
Los jóvenes llegaron al club Boca Unidos y allí no tenían opción más que subir hacia el encuentro de los uniformados o intentar escapar hacia el agua. La investigación demostró que se quitaron las zapatillas, lo cual coincide con el hallazgo del calzado deportivo de color negro de Lautaro por parte de su hermano, y las dejaron sobre unas rocas. Además, fueron secuestrados cartuchos percutidos de escopeta, balas de goma, así como uno de calibre 38. El adolescente que acompañaba a Lautaro, Ismael Meza, logró salir del agua, a pesar de que en ese momento le estaban disparando. Los informes médicos confirmaron su relato en cuanto a que fue golpeado a patadas en las piernas y en el tórax, y luego fue esposado.
Durante los cuatro meses que lleva el juicio oral se consideró probado que la detención de Lautaro se hizo sin registro alguno, y más grave aún, que sus pedidos de auxilio de desde el agua fueron desoídos por los policías que a esa hora exacta estaban en la orilla. También está acreditado que los policías amenazaron a Meza, que en ese momento era menor de edad, para que no dijera nada de lo ocurrido. Lautaro estuvo dos días desaparecido hasta que un grupo de pescadores encontró su cuerpo. Mientras gritaba pidiendo socorro, los policías disparaban al agua.
“Mi alegato iba a empezar haciendo una especial aclaración, la perspectiva de la evaluación probatoria tiene que ser similar a la de los hechos cometidos durante la dictadura militar porque fue cometido en la clandestinidad, y los policías coordinaron sus declaraciones cuando fueron citados por el juzgado de instrucción”, explicó el abogado González a este diario. “Esto ocurrió en un lugar alejado, oscuro y con la intervención de personal policial que los persiguió, detuvo a Ismael, no auxilian a Lautaro y abandonan a su suerte a Ismael porque lo mandan a la casa sin labrar ningún tipo de actuación, y con la amenaza de que si hablaba le iba a pasar lo mismo que a Lautaro”, completó.
También quedó demostrado que la persecución a los jóvenes fue parte del operativo despeje, algo habitual que sucede tras la medianoche en la costanera sur. “Las fuerzas de seguridad hacen una razzia y empujan a todo ciudadano humilde que esté en su silla tomando mate o un vino, y ‘despejan’ para que los pudientes lleguen en sus autos a disfrutar de los paradores y locales nocturnos”, describió. Durante las conversaciones los policía mencionaron la detención de Meza como “el paquete”.
La incertidumbre continúa
Los integrantes de la Marcha Provincial por Justicia acompañaron ayer a la familia desde temprano en una movilización que concentró en Placido Martínez 1050, frente al Tribunal. El proceso había comenzado el 30 de abril, declararon 26 testigos para juzgar a seis policías correntimos imputados por delitos de violencia institucional. El Tribunal estuvo presidido por Ana del Carmen Figueredo, con la participación como vocales de Darío Alejandro Ortíz y Román Facundo Esquivel. Más allá de la razón brindada para una nueva postergación de la sentencia, quedó en evidencia el poder que detenta el lobby policial en Corrientes, que fue ostentado en varias oportunidades con amedrentamientos y amenazas.
La última audiencia, que espera ser reprogramada, ya había tenido varias postergaciones. Está pendiente la declaración testimonial de uno de los hermanos Rosé, los alegatos de las partes y la sentencia. El abogado González explicó a este diario que la ausencia de alguno de los jueces puede derivar en nulidades, porque el tribunal no estaría constituído como establece la normativa vigente. “La reanudación del debate podría ser con los dos vocales y tendrán que sortear a una persona que oficie de presidente en remplazo de la jueza que hoy presentó una nueva licencia médica por diez días por cuestiones de salud”, indicó. Ahora comienza una cuenta regresiva para evitar que se caiga todo el debate desarrollado desde abril y la definición está en manos del Superior Tribunal de Justicia.
El proceso judicial analiza las responsabilidades de Carlos Alberto Prieto, Juan Daniel Aveiro, Sergio Iván Barberán Robledo, Omar Guillermo Aguirre y Maximiliano Leonel Romero, quienes llegan a debate en libertad, acusados de abandono de persona agravado por el resultado de muerte, apremios ilegales en concurso ideal con incumplimiento de los deberes de funcionario público. Además, en el mismo expediente se investiga a Vicente Manuel Pruyas Suárez por incumplimiento de deberes de funcionario público.
El fiscal de juicio, Carlos José Lértora, se absutvo de formular acusación y si ayer hubieran tenido lugar los alegatos habría pedido la absolución de los policías. La defensa de los imputados está a cargo de Jorge Buompadre, Mónica Montañez Vázquez, Diego Falcón y Carlos Navarro y Francisco Leguizamón. Actúan como querellantes conjuntos Herminio González y Sonia González. El delito de abandono de persona agravado por el resultado de muerte prevé una pena de 5 a 15 años de prisión. En tanto, el delito de severidades prevé una pena de 1 a 5 años y el de Incumplimiento de los deberes una pena de 1 a 2 años de prisión.
