España sufre cada vez incendios más destructivos. Según calculó un estudio realizado en 2022 por la Comisión Europea, el impacto económico consecuencia de los incendios supone para España un coste del 4,5% del PIB, esto es: unos 71.623 millones de euros. Por ponerlo en perspectiva, esta cifra es casi el doble de los 33.123 millones que España presupuesta en 2025 para Defensa. Y esto fue antes de 2023, cuando se registraron más de 4.300 incendios, 16 de los cuales fueron de los más destructivos de la última década y en los que se calcinaron casi 63.000 hectáreas, frente a las 18.000 de 2022 o las 22.000 de 2024.
Según un informe publicado por la aseguradora alemana Allianz, las pérdidas cubiertas por los seguros a nivel mundial por incendios forestales aumentaron de 7.370 millones de euros en la primera década de este siglo a 47.700 millones en la década de 2010, lo que significa que se han multiplicado por seis. Aunque cualquier sector económico puede verse afectado por un incendio forestal, los servicios públicos y la energía, el sector inmobiliario y la construcción, la agricultura y el transporte se encuentran entre los sectores que se enfrentan a una exposición más significativa a los daños y a la interrupción de la actividad.
En España, el Consorcio de Compensación de Seguros —dependiente del Ministerio de Economía— afirma no tener cálculos específicos sobre los daños derivados de los incendios forestales y el Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico no incluye los daños económicos en su Estadística General de Incendios Forestales (EGIF), aunque se calcula que el coste aproximado de extinción de un incendio ronda los 10.000 euros por hectárea. Siendo este sólo el coste directo de la extinción.
Javier Fatás, responsable de medio ambiente de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) cifra en más de 15 millones de euros el coste de las tareas de restauración en una sola campaña, como ocurrió en 2023 en Extremadura. No obstante, la factura total, teniendo en cuenta no sólo las pérdidas en cultivos y ganado, sino las consecuencias para el turismo rural, el comercio o la hostelería, pueden ascender a 21 millones de euros por campaña para el campo. Sin contar los efectos sobre la despoblación rural, “porque cada incendio es una herida más en un modelo económico que ya sufre” y que reduce el PIB regional entre un 0,11% y un 0,18% anual, enfatiza Fatás, que pide mayores tareas de prevención, un seguro agrario que no solo cubra los daños inmediatos y un fondo estatal recuperación agraria posterior al fuego.
El primer gran incendio de 2025, en Lleida, además de haberse cobrado dos vidas, supuso la destrucción en cultivos, viviendas e infraestructuras. Paralizó el transporte ferroviario, dejando a más de 700 pasajeros atrapados en trenes y afectando a los traslados de alrededor de 15.000 personas, lo que, según las organizaciones de consumidores, puede suponer a las operadoras ferroviarias unos costes en indemnizaciones de más de cinco millones de euros, la cuarta parte de lo pagado por la operadora estatal, Renfe, durante el año pasado; si bien el coste de este incendio también afecta a las otras dos operadoras, la francesa Ouigo y la italoespañola Iryo.
El cambio climático estaría agravando la frecuencia e intensidad de los fuegos, al acumularse cada vez más energía en la atmósfera, que se libera de manera violenta, con una mayor incidencia de los llamados “incendios de sexta generación” un tipo de fuego tan rápido y tan intenso que además de tener un mayor poder destructivo, es capaz de afectar al clima, llegando a provocar sus propias nubes (pirocúmulos), tormentas eléctricas y fuertes vientos que alimentan aún más las llamas. Es por eso que los servicios de extinción no tienen la capacidad de apagarlos, sino que solo pueden aspirar a “pastorearlos” hasta que puedan ser controlados, explica Mónica Parrilla, portavoz de Greenpeace. Esta experta advierte de que estos incendios, así como otros fenómenos climáticos extremos, como las danas, se han vuelto tan frecuentes que ya deberíamos acostumbrarnos a cifrar sus costes como gastos recurrentes. Según la portavoz de la organización ecologista, este tipo de incendios se han multiplicado por cinco, una cifra que puede aumentar debido al progresivo abandono de la agricultura y al consiguiente aumento de la superficie forestal en España.
Parrilla advierte además de que este aumento en la frecuencia de los incendios puede llegar a provocar que las aseguradoras se nieguen a cubrir los daños provocados por esta clase de catástrofes climáticas, como ya sucede en los Estados Unidos, donde las aseguradoras ya no quieren cubrir los riesgos por fuegos en California.
El citado informe de Allianz también destaca que la exposición a incendios forestales se está intensificando debido al cambio en el uso del suelo, particularmente en la “interfaz urbano-forestal”(o WUI, por sus siglas en inglés), donde el desarrollo humano se está expandiendo hacia zonas de vegetación silvestre propensas a los incendios. La cantidad de personas y propiedades expuestas a los incendios forestales está aumentando. Esta exposición coincide con el aumento de la longitud de las líneas eléctricas y las carreteras, ambas fuentes clave de ignición. “Un paisaje no es un mero decorado y en este momento, cuando ponemos una casa dentro de un bosque, tenemos que ser conscientes de que estamos en un entorno que puede ser afectado por un fenómeno climático extremo”, recuerda Parrilla.
Prevención
En lo que agricultores, ecologistas y aseguradoras coinciden es en que España es un país que es muy bueno gestionando incendios, pero no tanto a la hora de prevenirlos, donde la responsabilidad se reparte entre varios sectores y administraciones, sin que haya lugar a soluciones simplistas. “Prevenir incendios no es un gasto: es proteger empleo, producción y futuro”, enfatiza Javier Fatás, que cree que no se puede responsabilizar en exclusiva a los agricultores, sino que otros sectores económicos y los poderes públicos también tienen que asumir su parte de responsabilidad.
“Las empresas deben identificar el riesgo de que sus operaciones puedan provocar incendios forestales o verse afectadas por incendios forestales de origen humano o natural, evaluar los posibles impactos y desarrollar planes de gestión de incendios forestales bien documentados y adecuados a sus actividades”, afirma Michael Bruch, director global de Servicios de Asesoramiento de Riesgos de Allianz Commercial.
Por su parte, Mónica Parrilla reivindica que también se haga responsables a quienes más contribuyen al aumento de emisiones que provocan el calentamiento global y cree que las empresas y sectores más contaminantes han de tener mayor responsabilidad fiscal, “porque las consecuencias las sufrimos todos”.
