El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, presentó una denuncia en los tribunales federales de La Plata para que se investigue el presunto espionaje en su contra, después de que se revelara que la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) había producido un informe con la actividad de dirigentes políticos opositores, gremios e incluso grupos de jubilados y personas con discapacidad que suelen manifestarse en reclamo de sus derechos. La de Kicillof no fue la única denuncia presentada por el escándalo de la vigilancia ilegal: la CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma, por su parte, denunciaron a Javier Milei y al jefe de la SIDE, Sergio Neiffert.
El periodista Hugo Alconada Mon, de La Nación, tuvo acceso a un documento que lleva por título Hechos Previstos 09JUL25, que da cuenta de que la SIDE monitoreó qué protestas gremiales, convocatorias callejeras y hasta actos culturales estaban previstos para ese día. El 9 de julio fue miércoles, jornada en la que suele haber movilizaciones en la zona del Congreso encabezadas por los jubilados. En esa fecha, además, vencía el plazo para la presentación de las alianzas electorales en la provincia de Buenos Aires.
La SIDE habría seguido con atención los movimientos de Kicillof, Sergio Massa y Máximo Kirchner en la víspera del cierre de alianzas. Por eso, el gobernador decidió presentar una denuncia para que se investigue lo sucedido.
“No conozco más detalles de lo sucedido. Pero el contenido de esa noticia y la gravedad de lo presuntamente ocurrido me imponen formular esta denuncia para que se investigue”, sostiene el escrito que presentó Kicillof ante la justicia federal de La Plata.
La presentación quedó radicada en el juzgado federal de Alejo Ramos Padilla. El magistrado tiene experiencia en investigar a los servicios de inteligencia. En 2019, fue quien destapó la red de espionaje y extorsión que tenía a Marcelo Sebastián D’Alessio como nodo. Ramos Padilla también investigó el llamado Proyecto AMBA, a través del cual la entonces Agencia Federal de Inteligencia (AFI) montó una serie de bases en la provincia para monitorear la actividad política y social.
Por otra parte, Hugo Yasky (CTA de los Trabajadores) y Hugo “Cachorro” Godoy (CTA Autónoma) presentaron una denuncia en los tribunales de Comodoro Py. “Es fundamental investigar estos hechos para esclarecer la existencia de un esquema sistemático de espionaje ilegal que vulnera derechos constitucionales fundamentales”, afirma el escrito.
La denuncia de las dos CTA está patrocinada por la abogada Elizabeth Gómez Alcorta, exministra de Mujeres, Géneros y Diversidad. En la presentación se hace hincapié en que la vigilancia no habría estado motivada por razones de seguridad del Estado, sino por fines puramente políticos.
El artículo cuarto de la ley 25.520 establece que ningún organismo de inteligencia puede “obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas, por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, así como por la actividad lícita que desarrollen en cualquier esfera de acción”.
En su escrito, Yasky y Godoy remarcaron que “la omisión de investigar a quienes dieron órdenes o autorizaciones específicas implicaría un grave daño a la democracia”.
La denuncia de las dos CTA quedó radicada en el juzgado federal de Julián Ercolini, quien se quedó con los expedientes de espionaje ilegal del macrismo que habían tramitado en Dolores.
Además, el senador radical Martín Lousteau convocó a la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia (CBI) para el próximo martes a las 15.30. Ese día, los integrantes del cuerpo decidirán si citan a Neiffert para que dé explicaciones o avanzan con la convocatoria de otros integrantes de la SIDE.
