Bajo el lema “No al veto a la Ley de Emergencia en Discapacidad”, el Foro Permanente para la Promoción de los Derechos de las Personas con Discapacidad convocó a una marcha este martes frente al Congreso y en todas las plazas del país para protestar contra el veto del gobierno de Javier Milei a la ley que declaraba la emergencia en el sector. Diversas prestadoras de servicio anunciaron un paro y se sumarán al reclamo. Además, el miércoles las organizaciones de personas con discapacidad confluirán en el Congreso junto al reclamo de los jubilados, para alzar la voz en forma conjunta contra el ajuste del Gobierno. “La convocatoria es para mostrar que acá estamos y para exigir que se cumplan los derechos de las personas con discapacidad”, dijo a Página/12 Eduardo Maidana, integrante del foro.
“No solamente vamos a repudiar el veto presidencial, sino a pedirles a los legisladores que cumplan con el compromiso que tienen con las personas con discapacidad”, agregó Maidana y se mostró optimista en que el veto de Milei sea revertido. “Ambas cámaras votaron positivamente, y en el caso del Senado con un 100 por ciento”, evaluó y resaltó la gravedad de la situación que atraviesa el sector. “Tenemos muchas personas con discapacidad que están bajo la línea de pobreza y que dependen de la pensión. Esta actitud de Milei los arroja a su suerte, y tiene que ver con su crueldad y falta de sensibilidad social, y con priorizar lo que hace a lo financiero por sobre lo que hace a la vida real de los ciudadanos, que tienen derecho a la salud, la educación, y a todo aquello que garantiza la Constitución. En este caso puntual, a lo que marca la Ley 24.901 de Prestaciones Básicas y la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad”, indicó.
“El colectivo de la discapacidad viene siendo invisibilizado y llevó años cambiar el paradigma de la discapacidad de un sujeto de enfermedad y atención a un sujeto de derecho”, destacó Maidana. “Las personas con discapacidad están invisibilizadas: el 12 por ciento de la población argentina tiene algún tipo de discapacidad, es decir 5 millones de personas, de los cuales más de 2 millones están en situación de pobreza y vulnerabilidad social”.
Entre las organizaciones que integran el Foro y que participarán en la actividad de este martes desde las 11.30 en la Plaza de los Dos Congresos se encuentran la Fundación Vitra, la Asociación Provincial de Instituciones para Personas con Discapacidad (Apridis), la ONG Federación Converger, la Cámara de Instituciones Terapéuticas y Educativas de Discapacidad (Cited), la Federación Argentina de Transportistas de Personas con Discapacidad (Fatradis), la Asociación Argentina de Padres de Autistas y el Consejo Argentino para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, entre otras. De la jornada federal de protesta también participará la Asamblea de Trabajadores de Inclusión (ATI), que además realizará actividades en numerosas provincias.
“La convocatoria del martes es amplia y es federal, en las provincias también quieren hacer oír su voz y pedirles a sus gobernadores y diputados que vuelvan a aprobar la ley”, aseguró a este diario Pablo Molero, otro de los referentes del foro. “Hay que seguir insistiendo y lo vamos a hacer, de todos los modos posibles, en la calle, en las redes. Estamos haciendo una campaña para pedirle a cada diputado que vuelva a aprobar la ley. La presión de Casa Rosada para hacer fracasar la iniciativa es un punto que las organizaciones tienen muy en cuenta: “Sabemos que el Gobierno viene trabajando sobre los gobernadores y diputados para que estas leyes no salgan, pero nosotros tenemos que hacer lo nuestro, que es reclamar y hacer ver la situación”, apuntó Molero.
“No hay que dejar que la única voz sobre el tema la tenga el Gobierno, que suele hablar negativamente sobre las personas con discapacidad y ha generado una gran duda sobre cómo ha sido la entrega de las pensiones. Hay que hablar de qué es lo que está atrás de la pensión, que son personas con discapacidad, muchas de ellas en situación de pobreza y que no trabajan, porque algunas podrían hacerlo pero es muy difícil conseguir trabajo hoy, y otras no lo pueden hacer o para hacerlo necesitan mucho apoyo”, planteó. “Son personas cuyo único ingreso es una ayuda del Estado para poder hacer frente a los costos de su vida, y a través del Programa Federal de Salud tener la medicación, la rehabilitación y las sillas de ruedas q necesitan algunos o los audífonos que necesitan otros”.
A través de una publicación en redes sociales, desde el foro resaltaron la importancia de la convocatoria de este martes y afirmaron que “el Presidente está desoyendo una ley aprobada por amplia mayoría en el Congreso, que reconoce la gravedad de la crisis que atraviesan miles de personas con discapacidad”.
La ley vetada por Milei, que declara la emergencia nacional en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2027, representa una mejora significativa para el sector, ya que salda las deudas con los prestadores del sistema de salud mediante el establecimiento de una actualización mensual de los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral. Además, introduce una reforma en el otorgamiento de las pensiones no contributivas, asigna recursos específicos para garantizar el funcionamiento de los talleres protegidos y centros de día, y reafirma la obligación del Estado de cumplir el cupo laboral del 4% para personas con discapacidad en el sector público.
Remigia Cáceres es secretaria nacional de Discapacidad de la Central de Trabajadores de la Argentina. En diálogo con este diario, consideró que la decisión de Milei de vetar la ley muestra el desinterés de su gobierno por las personas con discapacidad. “Es triste que el Presidente vete una ley que beneficia mínimamente al sector, y es lamentable que las personas con discapacidad sean, junto con los jubilados, el sector más golpeado”, observó.
Cáceres señaló los problemas concretos que sufre el sector desde la asunción presidencial de Milei. Uno de ellos es el relacionado con el Certificado Único de Discapacidad (CUD). “El CUD no se está expidiendo, y es un documento vital para personas con discapacidad ante obras sociales y para acceder al transporte gratuito“, marcó. “Salimos a la calle para que la sociedad vea a qué grado llega la crueldad del Gobierno contra las personas con discapacidad, que es criminal. Y que también los diputados y senadores vean de qué lado van a inclinar la balanza, si hacia el pueblo que los puso ahí donde están hoy, o hacia un gobernante malicioso y cruel”.
Informe: Juan Pablo Pucciarelli
