La Administración Trump hace una nueva estocada en materia migratoria y retoma una polémica medida introducida brevemente durante su primer mandato. Se trata de una norma que exigirá a algunos solicitantes de visas de negocios y turismo el depósito de una fianza de 5.000, 10.000 o 15.000 dólares para entrar a Estados Unidos. La misma está dirigida a ciudadanos de países con altas tasas de permanencia en EE UU y escasa seguridad en sus procesos de documentación interna, y entrará en vigor el 20 de agosto, según un aviso publicado en el Registro Federal. Arrancará como un programa piloto de un año de duración.
El Departamento de Seguridad Nacional afirma que el objetivo de este programa es garantizar que el Gobierno no incurra en gastos extras cuando un visitante incumpla los términos del visado. “Los extranjeros que soliciten visas como visitantes temporales por negocios o placer y sean nacionales de países identificados con altas tasas de permanencia, en los que la información de selección y verificación se considere deficiente, ofrezcan programas de ciudadanía por inversión, especialmente en los casos cuando un extranjero obtiene la ciudadanía sin requisito de residencia, estarán sujetos al programa piloto”, indica el documento oficial.
Una versión anterior de esta política migratoria se emitió en noviembre de 2020, en la recta final del primer mandato de Trump. No se aplicó por completo debido a la dramática caída de los viajes internacionales como consecuencia de la pandemia de covid-19. Esa versión afectaba a unas dos docenas de países, la mayoría africanos, con tasas de permanencia superiores al 10%. Tradicionalmente, el Departamento de Estado ha desalentado medidas similares debido al engorroso proceso de depositar y cancelar la fianza. Esta vez, quienes la paguen, la recibirán de vuelta al salir de país, naturalizarse como ciudadanos o en caso de fallecimiento. Sin embargo, si un viajero excede el tiempo de su estadía, podría perder el depósito para cubrir los costos asociados a su deportación.
Los ciudadanos de los países que participan en el Programa de Exención de Visa quedan fuera de la medida, y los funcionarios consulares se reservaran el derecho de condonar la fianza según sea el caso. Esta medida se suma ahora a la reciente “tarifa de integridad” de 250 dólares, que entrará en vigor en 2026, y se cobrará a los solicitantes de la mayoría de las visas de no inmigrantes, como la visa de turista, de estudiante o de trabajo, elevando el costo de algunas en casi 500 dólares.
¿Qué países podrían verse afectados?
El Gobierno no ha proporcionado una estimación del número de solicitantes que podrían verse afectados, ni un listado con los países que deberán acogerse a la norma. Sin embargo, datos de 2023 de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza revelan que entre las naciones con altas tasas de permanencia tras el vencimiento de la visa se encuentran Angola, Liberia, Mauritania, Sierra Leona, Nigeria, Cabo Verde, Burkina Faso y Afganistán.
La lista de países afectados se publicará 15 días antes del inicio del programa y podría actualizarse con un aviso similar. En la versión de 2020 del programa piloto, la medida recayó en viajeros de Afganistán, Angola, Burkina Faso, Birmania (Myanmar), Chad, Congo, Eritrea, Irán, Laos, Liberia, Libia, Sudán, Siria y Yemen.
