Cada madrugada que Fernando sale de su casa hacia su trabajo como cocinero en un restaurante de Bayside, en el downtown de Miami, se cerciora varias veces de que en su mochila vayan los papeles impresos de su solicitud de asilo. Ante las redadas cada vez más frecuentes de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), desplegadas como parte de la cruzada antiinmigrante del presidente Donald Trump, esos documentos son su único escudo para alegar su permanencia legal en Estados Unidos. Desde mayo de 2025, Fernando y su pareja cayeron en un limbo: se les venció el permiso de trabajo que les otorgaba el parole humanitario, ahora también expirado para esta pareja de nicaragüenses.
“Andar en las calles es difícil, porque mirás a un policía y te asustás. Da miedo que te agarren solo porque tenés la cara morena, de latino… entonces el ICE te dice: ‘Va pa’ dentro”, dice Fernando, un nombre ficticio, a EL PAÍS bajo condición de anonimato. Este migrante tiene dos temores: el primero, que el Gobierno de Estados Unidos lo localice por ofrecer estas declaraciones y lo deporte; y el segundo, que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo lo identifique y le confisque sus propiedades en Nicaragua, de donde huyó por ser opositor a la pareja copresidencial.
“Vivimos con el mismo temor que teníamos en Nicaragua”, dice por su parte Lucy, la pareja de Fernando. “Estamos en un país diferente, pero el miedo es el mismo: que un día no regresemos a casa y te lleven, como allá, a prisión… o aquí, a un centro de detención”.
Fernando y Lucy trabajaban en un banco en Nicaragua y siempre descartaron migrar de forma irregular hacia Estados Unidos, cruzando México, por los peligros que implicaba. Desde 2018, el año de las protestas sociales, soportaron el acoso constante de la policía y de los paramilitares sandinistas. Hasta que en 2022 solicitaron el permiso temporal conocido como parole humanitario, un camino abierto por la Administración de Joe Biden. Fueron aceptados y en junio de 2023 llegaron a Miami, donde un mes después la vida de ambos dio un giro definitivo con la llegada de su bebé: una niña risueña, de ojos achinados, que nació en julio.
Para sostener a su familia, Fernando hizo de todo. Cargó losetas y levantó escombros en obras de remodelación, trabajó con empresas que ponían pisos, fue ayudante de construcción y manejó largas distancias en una van sin que le pagaran el combustible ni las horas extra. Incluso aceptó empleos donde nunca le pagaron. Después de varios meses de abusos, encontró algo de estabilidad en la cocina de un restaurante turístico frente a la bahía de Biscayne.
Sin embargo, cuando todo empezaba a estabilizarse para estos nicaragüenses, el parole y el permiso de trabajo se les vencieron. Creyeron estar a salvo: antes de que caducara su estatus, iniciaron el trámite de asilo político. Siempre le temieron a Trump y a su retórica antiinmigrantes. Ver al republicano regresar a la Casa Blanca fue, en sus palabras, “un baldazo de agua fría”. Pero la verdadera puñalada a su tranquilidad llegó después, cuando el magnate ordenó congelar de forma indefinida las solicitudes de asilo de quienes ingresaron a Estados Unidos bajo el programa de parole.
“La ansiedad es constante. En el trabajo hay miedo. En la calle andamos vigilantes. Nos hemos planteado incluso irnos a Suiza, donde tengo una hermana. Pero lo que más nos retiene en Estados Unidos es nuestra hija. Por ella estamos aquí. Porque en Nicaragua no hay futuro. La canasta básica cuesta más de lo que ganábamos. Ni siquiera podríamos mantenerla allá… y aquí la niña va a poder acceder a una educación que en Nicaragua no podríamos darle”, reflexiona al unísono la pareja mientras la pequeña juguetea en un restaurante de ceviches en Miami, cerca de Bayside, donde se reúnen con EL PAÍS.
El limbo cotidiano
Fernando se queja sobre un limbo que “se hace más grande todos los días”, en especial tras una de las últimas noticias que vieron en la cadena CNN a finales de junio. Esto es, que Trump planea emprender nuevas acciones que afectarían directamente a los solicitantes de asilo dentro del país, quienes podrían enfrentarse a una deportación exprés sin siquiera tener derecho a una audiencia. De acuerdo con la cadena estadounidense, la Administración republicana planea denegar las solicitudes de asilo de cientos de miles de personas. Los afectados serían migrantes que entraron de forma irregular y luego pidieron protección. Aunque técnicamente la pareja ingresó de forma legal, con parole, Trump ha insistido en calificar este mecanismo como una ilegalidad creada por su predecesor.
“Aquí ya no sabemos nada. Tampoco están respetando lo que dicen los jueces”, asegura Fernando. El temor de estos nicaragüenses es compartido por una comunidad más amplia: 96 000 nicaragüenses que llegaron a Estados Unidos bajo el parole, y cuyo limbo legal ahora también alcanzó a otros 4 000 que vivían protegidos por el Estatus de Protección Temporal (TPS). El pasado 8 de julio, el Departamento de Seguridad Nacional anunció la cancelación del TPS para Nicaragua, y desde entonces la posibilidad de ser deportados los atormenta todos los días.
Datos del ICE establecen que sus agentes arrestaron a unos 30.000 inmigrantes en junio —la mayor cifra desde el regreso de Trump al poder—, de los cuales 18.000 fueron deportados. En el caso de los nicaragüenses, el Departamento de Estado ha reportado que desde enero de 2025, Managua ha recibido 22 vuelos con 2.527 personas deportadas.
“Perdón que lo repitamos, pero tenemos mucho miedo”, dicen Fernando y Lucy. “Salir de la casa es no saber si vamos a regresar. Más ahora que abrieron ese centro de detención aquí cerca que más bien parece un campo de concentración”, continúan en referencia a Alligator Alcatraz. “Sabemos que si nos agarran, somos candidatos para ir a parar allí. No sabemos por cuánto tiempo… Pero peor aún: si nos deportan, podemos caer presos en Nicaragua. Es horrible vivir con esta zozobra y con la niña”.
