El expresidente Álvaro Uribe Vélez ha roto su silencio y quiere tener la última palabra. En la tarde de este viernes, al final de la audiencia de sentencia en su contra, en la que la jueza Sandra Heredia pidió una pena para él de 12 años de prisión domiciliaria inmediata, por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal, el exmandatario pidió la palabra. Ha decidido sustentar inmediatamente la apelación contra la sentencia y, oralmente, defendió un mensaje central: el fallo, argumentó, es un “discurso político” para “para destruir una voz de la oposición democrática”. Después de que la jueza impactó a la opinión pública este lunes con una lectura de una parte del fallo durante diez horas, el expresidente de derechas declamó durante casi tres horas con el distintivo tono de orador político que durante años cautivó a millones. Lo clave no es solo ganar en los estrados, sabe el político de derechas, sino ante la opinión pública.
Para quienes se preguntaban si Uribe Vélez iba a abandonar la teoría del lawfare, es decir, una instrumentalización política de la justicia, la respuesta no deja dudas de que es su nueva bandera. “En el discurso político gobiernista, para condenar a un dirigente de oposición, que escuchamos el pasado lunes, se me dijo que yo decía mentiras”, dijo en una de las reiteradas frases en la que señala a la jueza de jugar del lado de las víctimas del proceso. Es decir, del senador oficialista y de izquierdas Iván Cepeda, y del actual ministro de Justicia, Eduardo Montealegre. No fue la única frase en ese sentido: “Ha predominado la política sobre el derecho para condenarme”; ”Hubo un discurso político para sustentar y anunciar el fallo contra mí el pasado lunes”; “El fallo hace inferencias, suposiciones políticas”; “El fallo ofendió mi lucha por la dignidad en la política”; “Este es un fallo que va contra las normas jurídicas”.
La audiencia arrancó un par de horas antes con un tenso momento entre Uribe y la jueza Heredia, quien infirió que el fallo decisorio se filtró a los medios por uno de los hijos del expresidente. “Protesto enérgicamente por este tratamiento a mis hijos”, dijo el político, y añadió que la jueza “me ha tratado a mí de la peor manera”. “No se meta con mi familia”, le espetó. Heredia le pidió callarse y explicó que solo estaba refiriendo información que había recibido de la oficina de prensa del complejo judicial donde se realizó la audiencia. “No cuestione a los hijos míos, señora juez”, reitéro Uribe, “condenan a su papá, por supuesto ellos se preocupan”.
Otro tenso momento, ya en el largo discurso de Uribe, se dio cuando criticó la decisión de la jueza de ejecutar inmediatamente la pena de 12 años de prisión domiciliaria, argumentando que es “para asegurar la preservación de la convivencia pacífica y armónica entre los ciudadanos”. El expresidente dijo que el fallo desconocía su actitud pacífica -“yo con el ejercicio de libertad recorro el país, haciendo foros, hablo con franqueza sobre lo que mi corazón siente sobre Colombia, doy mis razones de oposición”- mientras que el oficialismo, según su acusación, mantiene un discurso que tiene a Miguel Uribe Turbay, senador de su partido, “al borde de la muerte” [en junio fue víctima del que aún no se conocen los motivos]. Es una línea argumentativa que ha seguido su partido, que señala una ofensiva en su contra, por las armas o por los tribunales.
El expresidente luego repitió buena parte de los argumentos de su defensa. La jueza consideró que su abogado Diego Cadena se acercó a exparamilitares para ofrecer beneficios judiciales, y que lo hizo con la aprobación de Uribe, y el exmandatario argumentó que él siempre le exigió trabajar a este para buscar la verdad. Volvió a argumentar que cuando él le pidió a Cadena ir a las cárceles y acercarse a los condenados, lo hacía para pedir “verificaciones”, ya que le habían dicho que en los penales había un complot en su contra.
“El fallo trajo una narrativa para defender bandidos y acusarme de bandido”, dijo Uribe Vélez. Se refiere especialmente a Juan Guillermo Monsalve, testigo central en el caso. Alega que este hombre, que acusó al expresidente de estar ligado al paramilitarismo, nunca fue reconocido como paramilitar ante la justicia. La jueza había dicho que lo que está en juicio no es si Monsalve es paramilitar o no, o si es cierto todo lo que dice sobre el paramilitarismo, sino si Cadena intentó sobornarlo o no. Ella consideró que sí hay elementos probatorios para lo segundo. El expresidente insiste en que no se debe considerar a Monsalve como un testigo honesto, e insiste en que él mintió sobre sus vínculos con paramilitares.
Otro punto en el que Uribe Vélez se detuvo es sobre unas palabras interceptadas en las que él le dijo a Cadena, en 2018, que solo este último se atreve a ir a los penales a buscar “verificaciones”, porque sus otros abogados defensores, Jaime Lombana, y Jaime Granados, no se atrevían a ello. Cadena, además, dijo en el juicio que para él trabajar para Uribe Vélez fue el honor de su vida. Para la jueza esto es parte de las pruebas que muestran una relación clara de subordinación entre los dos hombres, en las que Uribe Vélez armó un “marco” que luego aceptó Cadena sobre su misión en las cárceles. Para el expresidente hubo solo confianza en la labor profesional de Cadena, sin aceptar explícitamente los beneficios jurídicos que se ofrecieron a los penados.
“Es claro que el doctor cadena lo abordó autónomamente”, dijo el expresidente sobre otro de los condenados mencionados, el exparamilitar Carlos Enrique Vélez, que consiguió dinero de parte del abogado para conseguir testimonios favorables para el expresidente, de acuerdo al fallo. Los testigos en su contra, insistió Uribe, fueron criminales que fueron puestos presos “durante mi gobierno”. Por eso, insiste de nuevo, esta es la retaliación en su contra.
“Estas decisiones hoy me afectan”, continuó el expresidente. “Y mientras siga acá el proceso de consolidación de la dictadura neocomunista, afectarán a otros”, añadió en contra del gobierno actual de Gustavo Petro. Contra Iván Cepeda, defensor de derechos humanos durante años, Uribe Vélez señaló que hombres como él “abusan de los derechos humanos, es la apariencia para llegar a las cárceles y ofrecer beneficios para que acusen a un adversario político”. Este caso judicial arrancó cuando Cepeda organizó, en 2012, un debate de control político donde citaba a los exparamilitares como Monsalve que señalaban a Álvaro Uribe Vélez de fundador de un bloque del paramilitarismo. La Corte Suprema encontró en 2018 que Cepeda no les ofreció sobornos para hablar contra Uribe Vélez, como alega hasta hoy el expresidente.
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