La Casa Blanca sanciona a cuatro juezas del tribunal de La Haya por “acciones ilegítimas” contra EE UU e Israel
El Gobierno del presidente Donald Trump ha impuesto sanciones a cuatro juezas del Tribunal Penal Internacional (TPI), por lo que denomina “acciones ilegítimas” de esta corte en contra de Estados Unidos e Israel. Anunciada la noche de este jueves, es una medida sin precedentes en respuesta a la emisión de una orden de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y también por la decisión de investigar sobre presuntos crímenes de guerra perpetrados por soldados estadounidenses en Afganistán. Portavoces del TPI han denunciado este paso como “un intento claro de socavar la independencia del tribunal”. Han añadido que el TPI “seguirá adelante con su labor para hacer justicia a las víctimas de crímenes de guerra y contra la humanidad, genocidio y el crimen de agresión”.
Las juezas señaladas por Washington son Solomy Balungi Bossa (de Uganda); Luz del Carmen Ibáñez Carranza (Perú); Reine Adelaide Sophie Alapini Gansou (Benín) y Beti Hohler (Eslovenia), según consta en un comunicado emitido por el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio. “Como juezas del TPI, estas cuatro personas han participado activamente en las acciones ilegítimas y sin fundamento [del propio tribunal] contra Estados Unidos o nuestro aliado cercano, Israel”, ha dicho Rubio. También ha declarado que el TPI “está politizado y afirma falsamente que tiene discreción ilimitada para investigar, encausar y enjuiciar a ciudadanos estadounidenses y nuestros aliados”. A partir de ahora, las cuatro juristas tienen prohibida la entrada en Estados Unidos y se congelarán sus propiedades o haberes en el país. António Costa, presidente del Consejo Europeo, ha declarado este viernes que su “apoyo al Tribunal Penal Internacional como piedra angular de la justicia internacional”.
Alapini Gansou y Hohler participaron en el procedimiento que derivó en la orden detención del primer ministro israelí Netanyahu, y de su exministro de Defensa, Yoav Gallant. En cuanto a sus colegas Ibáñez Carranza y Balungi Bossa, formaron parte del proceso que llevó a autorizar una investigación sobre militares estadounidenses acusados de haber cometido crímenes de guerra en Afganistán. Este febrero, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva para imponer sanciones a funcionarios del TPI. En 2020, durante su primer mandato, Trump ya impuso sanciones a la entonces fiscal del TPI, la gambiana Fatou Bensouda, por el mismo caso de Afganistán. Esa investigación se centra en los presuntos crímenes de guerra y contra la humanidad cometidos en el país desde 2003 tanto por los talibanes, como por soldados afganos y estadounidenses.
La batería de sanciones impuestas por el presidente Trump en esta segunda etapa en la Casa Blanca, dificultan la labor de la TPI puesto que incluyen también a entidades o particulares que puedan tener contacto con los miembros del tribunal. Por otro lado, el fiscal jefe del TPI, Karim Khan, se encuentra en excedencia mientras se lleva a cabo una investigación de Naciones Unidas acerca de su presunta conducta sexual inapropiada.
