Terapeutas, acompañantes terapéuticos, transportistas y otros trabajadores del sector de discapacidad denuncian una situación crítica debido al atraso del 161% en la actualización del nomenclador de prestaciones, que no se ajusta a la inflación desde 2023. Esta desactualización, sumada al aumento de costos operativos, generó una profunda precarización laboral y pone en riesgo la continuidad de los servicios esenciales para personas con discapacidad.
Ante la falta de respuestas del gobierno nacional, el sector anunció medidas de fuerza, incluyendo una movilización este jueves 29 de mayo a las 11:00 en Plaza San Martín de Córdoba, en el marco de una jornada nacional de protesta.
María Belén Frías, secretaria de la Cámara de Prestadores de Discapacidad, advirtió en diálogo con Última Pregunta de Radio Continental Córdoba que la situación es insostenible: “Nos encontramos en un momento de ahogamiento total. El Estado exige servicios de alta calidad, pero no los financia“.
Frías destacó que el gobierno cortó el diálogo con los prestadores: “Hace cinco meses que no hay reuniones para discutir el sector, incumpliendo incluso el decreto que obliga a encuentros cada 15 días”.
El nomenclador, que establece los valores de las prestaciones, acumula un atraso del 161% frente a la inflación, mientras los gastos en seguros, monotributos y matrículas profesionales aumentan. Además, las obras sociales demoran hasta seis meses en pagar, y hay recortes en la cantidad de prestaciones autorizadas.
“Esto es una quita directa de derechos para las personas con discapacidad“, afirmó Frías. “Si no se financian los servicios, pierden acceso a rehabilitación, educación inclusiva y acompañamiento terapéutico. Pareciera que quieren volver al modelo de la prescindencia, donde las personas con discapacidad quedaban encerradas en sus casas”.
Emergencia nacional y reclamo unificado
La movilización del jueves se enmarca en un reclamo más amplio por la Ley de Emergencia en Discapacidad, que busca reajustar el nomenclador y garantizar la sostenibilidad del sector. La protesta coincide con otras acciones a nivel nacional, incluyendo una concentración frente al Congreso en la Ciudad de Buenos Aires.
El sector también rechaza los recortes en pensiones por discapacidad y el posible cierre de residencias interdisciplinarias en hospitales públicos, medidas que profundizan el desmantelamiento de las políticas de inclusión.
