El Tribunal Supremo accedió este viernes a revisar la orden ejecutiva con la que el presidente Donald Trump eliminó desde enero de 2025 el derecho de los inmigrantes a pedir asilo en la frontera sur con México.
El Gobierno pidió a los magistrados que dejen sin efecto decisiones de tribunales inferiores −una corte de distrito en Washington y la corte de apelaciones del distrito de DC− que concluyeron que la medida tomada por Trump de prohibir las peticiones en el borde sur era ilegal.
Apenas al asumir su segundo mandato en enero de 2025, Trump emitió un paquete de órdenes ejecutivas y, entre ellas, una con la que frenó por completo el acceso a este beneficio en la frontera al calificar la llegada de inmigrantes como una “invasión”. Con ese argumento prohibió la entrada a los solicitantes de asilo por razones de seguridad pública, salud y al alegar que afectaban la economía. Desde ese momento, las detenciones en la frontera con México han caído a niveles históricamente bajos.
Los fiscales federales en el litigio argumentaban que el prolongado tiempo de espera para obtener una respuesta tras una petición de asilo −que incluso puede tomar años− había alentado a más migrantes a presentarse en la frontera sur. Sin embargo, para cuando Trump asumió su segunda presidencia y anunció su orden ejecutiva, las cifras de detenciones en la frontera sur ya mostraban una curva decreciente desde diciembre de 2024. Y siguió disminuyendo de forma acelerada con el paso de las semanas, según cifras de la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza: pasó de 61.445 migrantes en enero de 2025 a 11.710 en febrero de 2025. Para septiembre de 2026, el número se ha mantenido en ese mismo rango.
Las leyes de inmigración aprobadas por el Congreso de Estados Unidos otorgan el derecho a cualquier persona de pedir asilo y que su caso sea escuchado por un oficial de asilo o ante una corte de inmigración, sin importar el puerto de entrada en el que se presente para solicitar ese beneficio en Estados Unidos.
“El presidente no tiene el derecho a acabar de forma unilateral con protecciones que el Congreso ha garantizado para aquellos que huyen de algún peligro”, dijo en un comunicado Lee Gelernt, subdirector del Proyecto para los Derechos de los Inmigrantes de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), una de las organizaciones de defensa de los derechos civiles que presentaron la demanda federal a favor de aquellos a quienes se les ha negado el acceso a pedir asilo en Estados Unidos.
Otras organizaciones involucradas son el Centro de Nacional de Justicia al Inmigrante, el Proyecto de Derechos Civiles de Texas y el Centro de Estudios de Género y Refugiados.
Keren Zwick, directora ejecutiva del Centro Nacional de Justicia al Inmigrante, reclama en un comunicado que algunos de los demandantes han sido deportados a terceros países y luego devueltos a los lugares de los que huyeron inicialmente. Asegura que, aun después de que las cortes rechazaron la proclamación de enero de 2025 de Trump, el Gobierno siguió negando el acceso al asilo para los inmigrantes que se presentaban en la frontera con México.
“Este ataque vicioso al debido proceso y a los derechos humanos ha puesto a miles de vidas en peligro”, señaló Zwick.
El caso que Trump pide revisar es uno entre varios que están siendo evaluados por el Tribunal Supremo y que están relacionados con temas migratorios. Se espera que los argumentos de este reclamo sean escuchados por la máxima corte hacia la primavera de 2027.
Además de las restricciones al derecho al asilo en la frontera, tras su vuelta a la Casa Blanca, el republicano paralizó los trámites de miles de solicitantes de este beneficio, y cientos de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) salieron a las calles y se presentaron incluso en tribunales para detener a los migrantes que acudían a sus citas, sin importar que tenían procesos migratorios en marcha.
