El Gobierno de Donald Trump ha recibido un fuerte revés del Tribunal Supremo este lunes, el día previo a las midterms. En una decisión inusualmente rápida, el tribunal rechazó apartar en California poco más de 20.000 boletas de personas que sospecha no son ciudadanas estadounidenses. El Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) había solicitado un pedido de emergencia después de que cortes inferiores rechazaron acoger la solicitud para apartar esas papeletas en las elecciones de mitad de mandato.
El Gobierno del presidente republicano esgrime que no se deberían contar esas boletas hasta que se corrobore si esos votantes son ciudadanos estadounidenses. La petición de este lunes se enmarca en un esfuerzo más amplio en busca de supuestos electores no ciudadanos por todo el país, pero que ha estado particularmente enfocado en California, un bastión demócrata.
En concreto, el Departamento de Justicia de Trump pidió al máximo tribunal que emita una orden limitada para que California no mezcle las posibles boletas de esos supuestos electores no ciudadanos con las papeletas “legales” en lo que se ve el caso.
La solicitud se produjo a un día de que el país acuda a las urnas para votar en unas elecciones que definirán el control del Congreso y, por ende, el futuro de la segunda mitad de la presidencia de Trump. Las últimas encuestas muestran que los demócratas podrían hacerse con el control del Senado, mientras que su mayoría en la Cámara de Representantes está prevista por casi todos los sondeos.
“En este preciso momento se están procesando las boletas, lo que significa que se están extrayendo de sus sobres. Una vez que una boleta se extrae del sobre, el proceso concluye: ya no hay forma de volver a vincularla con su sobre original”, dijo Bill Essayli, fiscal federal de Los Ángeles, durante una conferencia de prensa.
“Por ello, hoy solicitamos al Tribunal Supremo que, al menos, detenga esta situación y ordene que, de ahora en adelante, esos sobres se coloquen en un grupo separado. De este modo, podremos resolver esta cuestión antes de que las boletas se mezclen con el resto, lo que haría imposible abordar el asunto”, agregó.
El Tribunal Supremo no ofreció una explicación de su decisión este lunes por la tarde, limitándose a emitir una orden de una sola oración. Pocas horas antes de que se emitiera el fallo, el fiscal Essayli dijo que no quitaría el dedo del renglón hasta garantizar que las elecciones se desarrollen de manera limpia.
Expertos han determinado que es extremadamente raro que personas no ciudadanas voten en Estados Unidos. Y, en medio del pleito judicial en California, se entregó al tribunal un análisis hecho precisamente a esos 20.000 nombres de los que sospecha la Administración de Trump. En él se encontró que el 42% de los nombres que el Gobierno cree que son personas no ciudadanas que podrían votar en las midterms ni siquiera figuran en los registros electorales actuales de ese Estado, según concluyó un reporte elaborado por la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA).
Pero el fiscal Essayli, que en repetidas ocasiones ha asegurado sin mostrar evidencias que el sistema electoral californiano es corrupto, rechazó este análisis: “No son una agencia gubernamental. Tampoco son un organismo electoral. Por lo tanto, nos gustaría saber a qué información electoral tuvieron acceso para realizar comparaciones, y cómo lograron hacerlas en tan poco tiempo. La verdad es que no tengo mucha confianza en ese informe. Es probable, además, que hayan infringido la orden del juez”, advirtió.
La lucha en los tribunales
El pasado miércoles, un juez federal de Los Ángeles rechazó la petición de apartar esos votos por considerar insuficientes los argumentos del Gobierno de Trump. El magistrado de distrito David O. Carter advirtió en su fallo que la intervención solicitada por la Administración federal violaría varias leyes federales, afectaría a las elecciones de medio mandato y probablemente privaría del derecho al voto a electores legítimos.
“Esta solicitud viola principios constitucionales de larga data que establecen que los Estados tienen el control sobre sus propios procesos electorales”, escribió el juez Carter. “Si se concediera esta petición de última hora, cualquiera de las partes podría generar un caos con fines políticos propios para perturbar el proceso electoral”, advirtió el magistrado.
No obstante, el Departamento de Justicia apeló la decisión del juez y ahora escaló el asunto al Supremo.
La solicitud de carácter urgente presentada por el Gobierno de Trump se asignó a la magistrada Elena Kagan, quien se encarga de este tipo de peticiones procedentes de esa región del país y puede optar por remitir el asunto al pleno del tribunal. No estaba claro con qué rapidez tenía intención de actuar ni si los magistrados examinarían la solicitud antes del día de las elecciones.
Este mismo lunes, el Distrito Central de California imputó a seis residentes permanentes por supuestamente haber votado ilegalmente, sumando 34 acusados de cargos similares como parte de la llamada Operación Proteger el Voto, que las autoridades de California tachan de un intento de Trump para entrometerse en los comicios y favorecer a los candidatos republicanos. A nivel nacional, el Departamento de Justicia acusó a 63 personas este lunes de haber votado sin tener derecho a hacerlo.
Pero el fiscal Essayli advirtió sin presentar pruebas que cree que los 20.000 votos que tienen en la mirilla “son el piso, no el techo” de lo que considera un problema más amplio de fraude electoral en California.
“Obviamente, no contamos con la capacidad ni con los recursos necesarios para proceder al arresto de las 20.000 personas”, dijo el funcionario en la conferencia.
“Por ello, estamos colaborando con las fuerzas del orden locales y con los fiscales de distrito del estado de California, quienes se encargarán de abordar algunos de estos casos”, agregó Essayli.
Con información de Patricia Vélez.
