En Polonia, el enfrentamiento entre el primer ministro, Donald Tusk, y el presidente, Karol Nawrocki, por la difícil cohabitación política escaló hasta convertirse en una crisis institucional, con acusaciones de “golpe de Estado” y la intervención de la policía antidisturbios en las inmediaciones del Tribunal Constitucional.
El Ejecutivo polaco está dividido entre dos figuras con distintas atribuciones que también difieren en su visión política, ideológica y constitucional. Tusk es un político de centro proeuropeo, líder de la coalición de gobierno actual que intenta desmantelar el legado institucional y judicial dejado por el partido de derecha nacionalista Ley y Justicia (PiS), de Nawrocki.
El presidente, en cambio, ejerce como contrapeso institucional de Tusk y bloquea los nombramientos del actual gobierno, defiende la permanencia de las autoridades del Tribunal Constitucional y acusa al Ejecutivo de pisotear el orden constitucional y vulnerar la separación de poderes.
A principios de este mes, la Comisión de Venecia, órgano asesor del Consejo de Europa en materia constitucional, afirmó que Nawrocki debería tomar juramento a los jueces nombrados para que pudieran ocupar sus puestos en el tribunal, aunque este mantuvo su negativa.
Crisis de los jueces. El Tribunal Constitucional polaco se convirtió en el centro de una disputa política que lleva más de una década. Entre 2015 y 2023, durante los gobiernos del partido conservador PiS, se modificaron las reglas de designación de magistrados y se incorporaron jueces cercanos al oficialismo. El tribunal también emitió fallos que defendían la primacía de la legislación nacional frente al derecho de la Unión Europea, lo que profundizó sus diferencias con Bruselas, que cuestionó la independencia de la institución y denunció su subordinación a los intereses políticos del gobierno.
La llegada al poder de Donald Tusk, en 2023, abrió una etapa de confrontación interna. Su administración busca revertir las reformas y los nombramientos impulsados por el PiS para restablecer la independencia judicial y el Estado de derecho.
“Se trata de un proceso difícil, a veces doloroso, que requiere una acción decidida. No hay otro camino”, señaló en un comunicado.
Sin embargo, el intento de desplazar a los magistrados designados durante la gestión anterior generó una nueva disputa sobre la legitimidad de las decisiones del tribunal.
El conflicto escaló esta semana, cuando una magistrada dispuso la suspensión del presidente del organismo, Bogdan Swieczkowski, vinculado al anterior gobierno conservador. A su vez, el Ministerio de Justicia solicitó el levantamiento de sus fueros. Mientras el Ejecutivo defendió las medidas como parte de su intento por “recuperar el Estado de derecho”, el tribunal las calificó de “golpe de Estado”.
La disputa derivó en protestas, un despliegue policial alrededor de la sede judicial y el regreso anticipado a Varsovia del presidente de la República, que interrumpió un viaje oficial al exterior.
El presidente denunció “una violación del orden constitucional” y una “toma por la fuerza de un órgano constitucional del Estado”, y convocó para este sábado consultas urgentes con las fuerzas parlamentarias “para estabilizar la situación política”.
La tensión por la composición del tribunal, se produce a un año de las elecciones parlamentarias donde Tusk buscará volver a ser investido.
