El Tribunal Constitucional de Polonia lleva siendo en la última década un campo de batalla político entre el bando liberal, ahora en el poder, y ultraconservador, en la oposición. El último combate se ha desatado este viernes por la noche, y ha requerido de la presencia de la policía. Los agentes han acudido para proteger a los jueces que se encontraban en el edificio de una protesta por la suspensión del presidente del Tribunal, Bogdan Swieczkowski, y su vicepresidente Bartlomiej Sochanski.
Las manifestaciones en torno al tribunal las promovía Ley y Justicia (PiS), el partido de Jaroslaw Kaczynski —presente en las protestas— que enfrentó a Polonia con la Unión Europea por sus ataques al Estado de derecho y a la independencia judicial. Sus líderes han considerado tanto la destitución de los jueces como la presencia policial como un golpe de Estado.
Para añadir más dramatismo al episodio, el presidente polaco, Karol Nawrocki, ha anunciado en redes sociales que daba media vuelta al avión en el que se dirigía a Senegal. “En un momento como este, el presidente debe estar en Polonia. Interrumpo mi vuelo a Senegal. Regreso”, escribió en X el jefe de Estado, cercano a PiS.
El primer ministro, el conservador liberal Donald Tusk, ha defendido en la misma red social la actuación contra la cúpula del tribunal: “Restaurar el Estado de derecho es nuestro deber. Tras años de arbitrariedad pisoniana, se trata de un proceso difícil, a veces doloroso, que requiere una acción decidida. No hay otro camino”.
W takim momencie Prezydent musi być w Polsce. Przerywam lot do Senegalu. Wracam 🇵🇱
— Karol Nawrocki (@NawrockiKn) October 30, 2026
Kaczynski ha considerado los sucesos de este viernes como un “atentado contra el Tribunal Constitucional”. “A partir de hoy, Polonia se convierte en un Estado policial, y de ahí ya hay un camino directo al autoritarismo, y luego al totalitarismo”, ha tuiteado el político polaco, archienemigo de Tusk.
La extrema derecha se ha alineado con esas tesis. Slawomir Mentzen, colíder del partido Konfederacja, ha instado a Nawrocki a convocar al Consejo de Seguridad Nacional. “Ya no se trata de una crisis constitucional, estamos al borde de un golpe de Estado”, ha afirmado en la misma red social.
El presidente, que ya se encuentra en Varsovia, ha recibido en el palacio presidencial a Swieczkowski y al presidente del Supremo, Zbigniew Kapinski. La policía, mientras, ha asegurado que respeta la independencia de la institución y que no ha entrado en el edificio. En un comunicado, ha informado de que los agentes habían entrado al recinto tras producirse incidentes frente a la sede, entre ellos el lanzamiento de objetos peligrosos, según un comunicado.
Las escenas de este viernes por la noche, intentos de entrar en el tribunal y forcejeos protagonizados por políticos ultraconservadores con una edad media elevada, recuerdan al relevo de la cúpula de los medios de comunicación públicos cuando Tusk tomó posesión en 2023. Entonces, Kaczynski ocuparon la sede de la Televisión Pública e hicieron una sentada (en sillas).
Tusk llegó al poder en diciembre de 2023 con el mandato de restaurar el Estado de derecho, pero la oposición del presidente (ahora Nawrocki, antes Andrzej Duda), le ha impedido realizar las reformas legislativas prometidas. El Constitucional ha sido otra fuente de enfrentamientos y bloqueos permanentes.
El Gobierno de coalición liberal no reconocía la legitimidad del alto tribunal, gobernado por una mayoría de jueces nombrados por la anterior mayoría parlamentaria, de PiS, incluyendo tres magistrados conocidos en el país como “jueces dobles”. Se trataba de juristas colocados en 2015 para ocupar plazas que, según varias sentencias, ya habían sido cubiertas legalmente por el Parlamento anterior, por lo que el bando liberal los consideraba ilegítimos. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictaminó en 2021 que esos nombramientos habían vulnerado las normas fundamentales del procedimiento de elección.
La politización del alto tribunal comenzó sin embargo con un mandato anterior de Plataforma Cívica, el partido de Tusk. Y desde entonces, el asunto no ha hecho más que empeorar. Durante las legislaturas de los ultraconservadores, las sentencias de la institución generaron enormes polémicas y protestas ciudadanas, al dictar, por ejemplo, la supremacía del derecho polaco sobre el europeo, o la práctica prohibición del aborto. La crisis judicial llevó a la Comisión Europea a bloquear el acceso de Polonia a miles de millones de euros de fondos comunitarios, que comenzaron a desbloquearse en 2024 tras la llegada al poder de Tusk.
El Ejecutivo de Tusk ignoró sistemáticamente las decisiones del alto tribunal al tomar posesión, por considerarlo como un ente ilegítimo. Los primeros años de legislatura —que está previsto que expire el año que viene— tampoco cubrió las vacantes de magistrados que se fueron produciendo, buscando candidatos de consenso entre los partidos, como pedían organizaciones independientes.
Cuando finalmente se produjeron los relevos este año (que ya sumaron ocho de los 15 que tiene el tribunal), Nawrocki rechazó tomar juramento a cinco de estos jueces elegidos por el Sejm, la Cámara baja del Parlamento. A la vez Swieczkowski, el presidente de tribunal, se negó a permitirles que asumieran sus funciones.
La jueza del Constitucional, Anna Korwin-Piotrowska, ha emitido ahora la orden de suspender durante un mes a Swieczkowski y Sochański este viernes. Como magistrada más veterana es ella quien asume la presidencia del tribunal y asegura que ha actuado de acuerdo con el artículo 130 de la Ley del Régimen de los Tribunales Ordinarios, según los medios polacos.
El motivo aducido por Korwin-Piotrowska ha sido que estos magistrados bloquean la Asamblea General de los jueces, que debía aprobar el presupesto del tribunal. Sobre Swieczkowski pesa también la acusación de presunta manipulación de la composición de las salas judiciales y la exclusión de jueces elegidos por el Parlamento.
La misma jueza, junto con el ministro de Justicia y fiscal general del Estado, Waldemar Zurek, han llamado a la policía a acudir al tribunal para pedir protección para los jueces y trabajadores ante los manifestantes. “Desde hace varios meses observamos una situación sin precedentes en un Estado democrático de derecho: jueces del Tribunal elegidos legalmente no pueden asumir sus funciones. El Estado polaco está obligado por una sentencia y por las medidas cautelares impuestas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y tiene la obligación de garantizar el trabajo de estos jueces y el funcionamiento del Tribunal”, afirmó Zurek en una rueda de prensa recogida por Gazeta Wyborzca. El ministro ha pedido retirar la inmunidad a los magistrados que ya investiga la Fiscalía.
El movimiento de Korwin-Piotrowska y de Zurek se ha producido aprovechando la calma de un viernes en el que millones de polacos se desplazan a sus lugares de origen para celebrar el día de los difuntos.
La jueza ha anunciado la convocatoria de la Asamblea General del alto tribunal para el 3 de noviembre. Siete jueces que se encuentran en la sede del tribunal aseguran que se quedarán ahí el tiempo que sea necesario.
