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Un fuerte olor que salía de una casa del Pasaje La Cascada al 600 fue lo que, a comienzos de octubre, llevó a los vecinos de Esquel a dar aviso. Detrás de esa puerta vivían una mujer, dos adolescentes y una joven mayor de edad, pareja e hijos de Miguel Edgardo Battista, un bioquímico que durante la pandemia de coronavirus había ganado notoriedad en medios nacionales promocionando un suplemento que él mismo producía. Los chicos no estaban escolarizados y la familia vivía en total aislamiento.

El caso conmociona a la Argentina, pero no es el primero de su tipo. En distintos puntos del mundo, sótanos, búnkeres y habitaciones cerradas con candado escondieron durante años historias de encierro que solo salieron a la luz por un descuido del captor, el coraje de una víctima o la alerta de un vecino.

Cuatro casos ocurridos en Estados Unidos y Austria permiten dimensionar lo que puede esconderse detrás de una puerta cerrada. En Perris, California, trece hermanos de entre 2 y 29 años vivieron encadenados por sus propios padres. En Cleveland, tres jóvenes pasaron una década secuestradas. En Amstetten, una mujer estuvo 24 años encerrada bajo tierra por su padre. Y cerca de Viena, una niña de 10 años permaneció cautiva durante 3.096 días.

Es el caso más parecido al de Esquel: el encierro ocurrió dentro de la propia familia. Una joven de 17 años logró escapar de su casa en Perris, a unos 95 kilómetros de Los Ángeles, y llamó al 911 con un celular que encontró en la vivienda. Estaba tan desnutrida que los agentes creyeron que tenía 10 años.

Adentro hallaron a sus 12 hermanos, varios “atados a sus camas con cadenas y candados en un entorno oscuro y hediondo”. Siete eran adultos, de entre 18 y 29 años. Los padres, David Allen Turpin (57) y Louise Anna Turpin (49), fueron arrestados por tortura y abuso infantil, con una fianza de 9 millones de dólares cada uno.

Como en Chubut, los vecinos decían que la familia “no se dejaba conocer”. Y como los chicos de Esquel, los Turpin no iban a la escuela: el domicilio figuraba registrado como sede de una escuela privada dirigida por el propio padre.

Ariel Castro levantó a sus víctimas con el mismo engaño: les ofreció llevarlas en su auto. Así capturó a Michelle Knight en 2002, a Amanda Berry en 2003 y a Gina DeJesús en 2004, todas adolescentes. Las mantuvo encadenadas primero en el sótano y luego en habitaciones separadas, sometidas a violaciones y golpizas.

Knight relató que quedó embarazada cinco veces y que Castro la forzó a abortar dejándola sin comer y golpeándole el abdomen. También la obligó a asistir el parto de Berry en una pileta inflable. Castro había blindado la casa con vallas, maderas y plástico negro en las ventanas, y nunca invitaba a nadie a entrar.

En mayo de 2013, Berry aprovechó un candado mal cerrado y llamó a gritos a un vecino, que rompió la puerta. Castro fue condenado a cadena perpetua más 1.000 años de prisión. Un mes después apareció ahorcado en su celda.

Josef Fritzl, electricista y empresario respetado en un pueblo austríaco de 22.600 habitantes, encerró a su hija Elisabeth en agosto de 1984, cuando ella tenía 18 años. La recluyó en un búnker de 80 metros cuadrados construido bajo su casa, con techos de 1,70 metros y una puerta de hormigón de 300 kilos oculta tras una estantería.

Abusó de ella durante décadas y tuvo siete hijos con ella. Tres crecieron bajo tierra junto a su madre; otros tres vivieron arriba con Fritzl y su esposa, que creyó que Elisabeth se había fugado a una secta. El séptimo murió a los tres días de nacer.

El encierro terminó en abril de 2008, cuando Kerstin, de 19 años, llegó grave al hospital con una nota de auxilio en el bolsillo. Fritzl fue condenado en 2009 a cadena perpetua por privación de libertad, incesto, violación, esclavitud y homicidio.

El 2 de marzo de 1998, Wolfgang Priklopil subió por la fuerza a Natascha Kampusch, de 10 años, a una camioneta blanca cuando iba a la escuela. La encerró en un sótano de 1,81 por 2,78 metros en su casa de Strasshof, a 22 kilómetros de Viena. La policía lo había interrogado durante la búsqueda, pero nunca revisó su casa.

La rebautizó “Bibiane”, la obligó a llamarlo “maestro” y la sometió a golpizas, hambre y abuso sexual: a los 16 años pesaba 38 kilos. El 23 de agosto de 2006, mientras aspiraba el auto de su captor, aprovechó una distracción y corrió a pedir ayuda a una vecina. Priklopil se suicidó esa misma noche arrojándose bajo un tren.

Kampusch enfrentó después otra condena: la desconfianza pública. Todas las investigaciones, incluida una con participación del FBI, confirmaron su relato. Fue diagnosticada con estrés postraumático y publicó el libro 3.096 días.

Con matices, los cinco casos comparten rasgos que los especialistas reconocen en los encierros prolongados.

El primero es la fachada respetable del captor. Un bioquímico con presencia en los medios, un empresario jubilado, un técnico de Siemens o un padre que dirigía una escuela: nadie sospechaba de ellos.

El segundo es el aislamiento total. Las víctimas no iban a la escuela ni recibían visitas, y las casas tenían ventanas tapiadas o familias que “no se dejaban conocer”. A eso se suma el hambre como herramienta de control, con desnutrición comprobada en Perris, Viena y Cleveland, y “rasgos de desnutrición” reportados en Esquel.

También se repite la cercanía de los vecinos, que vivían a metros sin advertir nada. En casi todos los casos, el final llegó porque una víctima pidió ayuda o un vecino dio aviso. Y el daño no termina con la liberación: estrés postraumático, cambios de identidad y años de tratamiento psicológico marcan la vida posterior de los sobrevivientes.

En Esquel, a diferencia de los otros casos, no fue una víctima sino el olor que salía de la casa lo que alertó a los vecinos. Y fue la intervención de los equipos de protección, ante la negativa del padre a abrir la puerta, lo que permitió entrar. La investigación recién empieza: la fiscalía deberá determinar cuánto tiempo duró el aislamiento y qué daños sufrieron la mujer y sus tres hijos.