Por primera vez en democracia, el principal partido de la derecha negocia con la extrema derecha antes de que los ciudadanos hayan votado. Y lo hace a la vista de todos, discutiendo provincia por provincia dónde conviene que uno de los dos se retire para no estorbar al otro. Cabría esperar que dos partidos que aspiran a gobernar juntos empezaran por ponerse de acuerdo en algo que cambie la vida de los ciudadanos, por ejemplo, una política de vivienda o una reforma fiscal. Pero resulta que el primer proyecto común que se proponen, sin que Feijóo se moleste en disimular, es alcanzar en el Senado la mayoría que les permita renovar el Constitucional sin contar con nadie más. Lo que cohesiona este bloque, pues, es la voluntad de hacerse con los contrapoderes, un patrón que hemos visto en las democracias que se han deslizado hacia el iliberalismo. Y no hace falta exagerar ni hablar de Hungría para señalar que el orden de prioridades es revelador. La Constitución exige una mayoría de tres quintos para que las Cámaras propongan a los magistrados del Constitucional. La razón es bastante sencilla, aunque hoy pueda parecer ingenua: que la mayoría que aprueba las leyes no pueda elegir por sí sola a quienes tienen el poder de anularlas. En diciembre del año pasado venció el mandato de cuatro magistrados cuya renovación corresponde al Senado, dos del sector progresista y dos del conservador, y lo que habría correspondido, como es costumbre, era un acuerdo por el que los dos grandes partidos pactaran los cuatro nombres, de manera que el tribunal conservara su equilibrio. El PP, que no habría cedido un solo puesto, ha preferido usar su mayoría en el Senado una y otra vez para ampliar el plazo de las candidaturas, y hoy se entiende mejor por qué. Si la derecha alcanza los tres quintos el 29 de noviembre, podrá nombrar a los cuatro.
