La expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner participó en la mañana de este viernes, de manera virtual, en la audiencia que inauguró un nuevo juicio oral en su contra. Kirchner, que cumple arresto domiciliario en su piso de Buenos Aires, es juzgada en este caso por delitos que, según la acusación, completan el circuito delictivo por el que ya fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. El expediente apunta a supuestas maniobras realizadas entre 2003 y 2016 para transferir, con “ropaje de legitimidad”, parte del dinero de procedencia ilícita mediante operaciones inmobiliarias y hoteleras simuladas.
El juicio oral unificado por las causas conocidas como Hotesur y Los Sauces comenzó a las 10 en los tribunales federales de la ciudad de Buenos Aires. La causa Hotesur, iniciada en 2014, investiga a la empresa administradora del hotel Alto Calafate, uno de los tres que posee la familia Kirchner en la provincia patagónica de Santa Cruz. La sospecha es que firmas del empresario Lázaro Báez contrataron durante años habitaciones en los hoteles familiares como forma encubierta de retornar dinero obtenido mediante el direccionamiento de contratos de obra pública, un hecho ya juzgado en la llamada causa Vialidad, por la que tanto la expresidenta como Báez fueron condenados.
Los Sauces, por su parte, toma el nombre de la inmobiliaria de la familia Kirchner. La investigación se centra en los contratos de alquiler con empresas de Báez y de los empresarios Cristóbal López y Fabián de Sousa, propietarios del grupo Indalo, que habrían transferido millones de pesos a la familia bajo ese concepto. Parte de esos fondos procedería de los impuestos que Oil Combustibles, la petrolera de Indalo, habría evitado pagar al organismo recaudador del Estado.
De acuerdo con la acusación, una asociación criminal liderada por Néstor Kirchner (presidente entre 2003 y 2007, fallecido en 2010) y Cristina Kirchner “canalizó una porción de lo que era sustraído al Estado nacional a través de un esquema de lavado de dinero montado en base a la actividad inmobiliaria y hotelera”. Según el extracto leído esta mañana, entre 2009 y 2016 los fondos facturados por Los Sauces a distintas empresas de los grupos Báez e Indalo sumaron 25,9 millones de pesos en concepto de alquileres de propiedades y hoteles. La cifra (equivalente a entre 1,7 y 7 millones de dólares según las modificaciones del cambio durante ese período) representó el 88% de la facturación total de la compañía.
La causa tiene en el centro a Cristina Fernández de Kirchner, dos veces presidenta (2007-2011 y 2011-2015) y vicepresidenta entre 2019 y 2023, a quien la fiscalía atribuye el papel de “jefa” de la asociación ilícita, junto con otra veintena de acusados a los que asigna distintas responsabilidades. Entre ellos está su hijo, Máximo Kirchner, señalado como “organizador”. Su hija Florencia Kirchner, que estuvo imputada durante la investigación, quedó finalmente desvinculada del proceso. También están acusados Báez —que participó en la audiencia desde la cárcel de Ezeiza, donde cumple condena— y tres de sus hijos; los empresarios López y De Sousa; contadores, gestores de la familia Kirchner y otras personas a las que la acusación atribuye el papel de “miembros” de la asociación ilícita.
Los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques (hermano del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques) consideran que los hechos que comenzaron a juzgarse completan el circuito de la llamada “corrupción K”, al intentar demostrar cómo el dinero presuntamente desviado en otros delitos habría ingresado al sistema. Para el caso de López y De Sousa, la acusación toma como antecedente la causa Oil Combustibles, en la que los empresarios fueron absueltos, aunque esas absoluciones no están firmes y pueden ser revisadas por la Corte Suprema.
El expediente llegó a juicio después de un largo vaivén judicial. En 2021, cuando Kirchner era vicepresidenta, el Tribunal Oral Federal Nº 5, el mismo que la juzga ahora, la sobreseyó en estas causas. Los jueces consideraron, entre otros argumentos, que parte de los hechos ya había sido juzgada en Santa Cruz. El expediente quedó entonces cerrado, hasta que en septiembre de 2023, la Cámara Federal de Casación Penal revocó los sobreseimientos. La Corte Suprema dejó firme esa decisión en diciembre de 2024, ya bajo el Gobierno de Javier Milei, y habilitó la realización del juicio oral.
Una de las juezas del Tribunal Oral Federal Nº 5, Adriana Palliotti, integraba el tribunal en 2021 y votó entonces en disidencia, en contra de los sobreseimientos. Ahora vuelve a intervenir en el juicio junto con los magistrados José Michilini y Fernando Machado Pelloni. La segunda audiencia está programada para el próximo lunes, cuando se continuará con la lectura de la acusación.
