La Fiscalía investiga un presunto delito de lavado de activos relacionado con la financiación de la campaña electoral de 2023 cuando González perdió frente a Daniel Noboa. La detención se produce a semanas de las elecciones locales.
Luisa González, excandidata presidencial y una de las principales figuras de la oposición de Ecuador, fue detenida la madrugada del 22 de octubre en Canuto, una zona rural de Chone, provincia de Manabí, donde reside. La Fiscalía investiga un presunto delito de lavado de activos relacionado con posibles irregularidades en la financiación de la campaña electoral de 2023, en la que González compitió por el Movimiento Revolución Ciudadana, liderado por el expresidente Rafael Correa y perdió frente a Daniel Noboa.
La Fiscalía y la Policía ejecutaron órdenes de detención contra tres personas en las provincias de Pichincha y Manabí, según dijo en redes sociales, con fines de formulación de cargos por su presunta participación en el delito de lavado de activos.
El Ministerio Público investiga posibles inconsistencias en los aportes que recibió la organización política y en el origen lícito de los recursos destinados a la campaña electoral.
La investigación inició en enero de 2026, cuando la Fiscalía allanó la vivienda de González y otros inmuebles en diferentes provincias para recabar documentos, dispositivos electrónicos y otros indicios relacionados con el presunto financiamiento irregular. El caso indaga la posible entrada de dinero en efectivo procedente de Venezuela a la campaña de González y Andrés Arauz, quien está incluido en el proceso.
González ha negado la acusación, y ha advertido que ella fue candidata y no estaba encargada del manejo del dinero. El partido Revolución Ciudadana ha denunciado la detención arbitraria de González y exige a las autoridades que indiquen el lugar exacto donde se encuentra retenida y que permitan el acceso de su defensa técnica, dice un comunicado.
La organización señala que la Fiscalía “ha montado de forma exprés una causa penal”, de lo que sería una “discrepancia administrativa” en cuentas de campaña por un monto de 6.100 dólares.
La detención se produce a 38 días de las elecciones seccionales, previstas para el 29 de noviembre, en un contexto de creciente tensión entre el Gobierno de Daniel Noboa y la oposición correísta. Dirigentes de Revolución Ciudadana han denunciado un hostigamiento político mediante el uso de las instituciones del Estado para impedirles participar en los próximos comicios.
Por este mismo caso de lavado de activos, el Tribunal Contencioso Electoral impidió la participación de la Revolución Ciudadana en las elecciones de noviembre. El organismo sancionó por nueve meses a la organización que ha tenido que recurrir a alianzas con otros partidos para que sus miembros puedan estar en la papeleta.
González intentó presentarse como candidata a la Prefectura de Manabí, su provincia natal, pero el Tribunal Contencioso Electoral ratificó en septiembre la negativa a inscribir su candidatura por el movimiento Pachakutik. La decisión se fundamentó en el incumplimiento de requisitos internos de afiliación establecidos por esa organización política.
La excandidata buscó la Presidencia de Ecuador en dos ocasiones. En 2023 perdió en la segunda vuelta frente a Daniel Noboa, después de que el entonces presidente Guillermo Lasso disolviera la Asamblea Nacional y convocara elecciones anticipadas. En 2025 volvió a enfrentarse a Noboa y perdió nuevamente en la segunda vuelta, en unos comicios en los que el correísmo cuestionó los resultados.
Su detención abre un nuevo frente judicial para la principal fuerza opositora del país, en vísperas de unos comicios locales en los que se disputarán alcaldías y prefecturas.
