La jurista argentina Frida María Armas Pfirter integra el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (ITLOS), que deberá evaluar el pedido del Gobierno de Javier Milei para suspender las actividades petroleras británicas en las islas Malvinas. La magistrada, nacida en Rosario, asumió la vicepresidencia del organismo el 1° de octubre de 2026, apenas doce días antes de la presentación argentina. El tribunal, con sede en Hamburgo, Alemania, fijó las audiencias para el 10 y 11 de noviembre, cuando examinará las medidas provisionales solicitadas por Buenos Aires.
Armas Pfirter nació el 30 de septiembre de 1957 y se recibió de abogada en la Universidad Católica Argentina en 1983. Nueve años después obtuvo su doctorado en Derecho Internacional en la Universidad de Buenos Aires (UBA), tras realizar estudios de posgrado en instituciones como la Academia de Derecho Internacional de La Haya. También desarrolló una extensa carrera académica como profesora de Derecho Internacional Público en la UBA y la Universidad Austral, además de participar en organismos especializados de Naciones Unidas.
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Entre 1997 y 2023 dirigió la Comisión Nacional del Límite Exterior de la Plataforma Continental (COPLA). Desde ese organismo coordinó los estudios científicos, técnicos y jurídicos que respaldaron la presentación argentina ante Naciones Unidas para establecer el límite exterior de su plataforma continental. En junio de 2023 fue elegida jueza del ITLOS con 154 votos, para un mandato de nueve años que se extenderá hasta 2032.
Cómo funciona el tribunal que tratará el reclamo argentino
El Tribunal Internacional del Derecho del Mar está integrado por 21 jueces elegidos por los Estados que forman parte de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Sus integrantes deben actuar de manera independiente, por lo que la nacionalidad de Armas Pfirter no implica que represente los intereses argentinos durante el proceso. El Reino Unido no cuenta actualmente con un magistrado propio en el organismo, aunque las reglas permiten designar un juez ad hoc para intervenir en una controversia.
El Gobierno argentino presentó su solicitud el 13 de octubre, con el objetivo de conseguir medidas urgentes contra el desarrollo del proyecto petrolero Sea Lion, ubicado al norte de las Malvinas. El pedido se apoya en el artículo 290, párrafo 5, de la Convención sobre el Derecho del Mar, que permite solicitar medidas provisionales mientras se constituye un tribunal arbitral para examinar el fondo de la controversia. El país pretende que el Reino Unido impida el inicio o la continuación de la explotación, evite nuevas autorizaciones y se abstenga de realizar acciones que puedan agravar el conflicto.
La presentación argentina se concentra especialmente en los riesgos ambientales asociados con la extracción de petróleo en el Atlántico Sur. Según el escrito presentado ante el tribunal, los estudios utilizados por las empresas operadoras contemplan escenarios en los que un eventual derrame podría alcanzar aguas bajo jurisdicción argentina. Con este argumento, la Cancillería busca obtener medidas de protección del medio marino sin que el organismo deba pronunciarse sobre la disputa de soberanía de las islas.
Qué puede decidir el Tribunal del Mar sobre el proyecto Sea Lion
El yacimiento Sea Lion está ubicado aproximadamente a 198 kilómetros al norte del archipiélago y es desarrollado por la empresa israelí Navitas Petroleum, que posee el 65% del proyecto, y la británica Rockhopper Exploration, con el 35% restante. Las compañías prevén comenzar la campaña de perforación a principios de 2027, mientras que el inicio de la producción está proyectado para el primer trimestre de 2028. Argentina cuestiona los permisos otorgados por las autoridades británicas y sostiene que las actividades podrían afectar recursos naturales y espacios marítimos sobre los que reclama derechos.
El Reino Unido rechazó el planteo argentino y sostuvo que la presentación judicial no invalida las licencias petroleras otorgadas por las autoridades de las islas ni obliga a suspender las operaciones. Sin embargo, las autoridades británicas confirmaron que participarán en el procedimiento y cumplirán con sus obligaciones internacionales. Tras las audiencias de noviembre, el tribunal deberá determinar si existen fundamentos jurídicos y condiciones de urgencia para ordenar medidas provisionales, cuya decisión sería obligatoria para las partes, sin resolver la controversia de soberanía sobre Malvinas.
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