El trasfondo es el decreto 230/26, firmado por Jorge Macri a fines de junio. La norma obliga a garantizar, ante cualquier medida de fuerza, una cobertura mínima del 50% en cada línea de subte y del Premetro, al calificar la actividad como de “importancia trascendental” según el artículo 24 de la ley 25.877. El Gobierno porteño lo presenta como la declaración del subte como servicio esencial. Los gremios lo rechazaron desde el primer día por considerar que limita el derecho a huelga, y legisladores de izquierda presentaron en la Legislatura un proyecto para derogarlo. La jornada de este martes funciona, en los hechos, como la primera prueba concreta de la norma.
Pasado el mediodía, la Ciudad activó ese mecanismo. La Secretaría de Trabajo y Empleo porteña dictó la Resolución 1201/SECTE/26, que intima a garantizar la prestación de los servicios mínimos obligatorios previstos en el decreto 230/26. La medida exige asegurar una cobertura del 50% en cada línea y requiere a las partes adoptar e informar de manera inmediata las acciones necesarias para su cumplimiento. En su comunicado, el Gobierno porteño sostuvo que exige el cumplimiento de la normativa vigente y que prioriza la protección de los usuarios y la continuidad del servicio.
Sorpresivo paro de subtes, con tres delegados detenidos: la Ciudad intimó a garantizar el servicio
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Un elemento distingue este conflicto de otros anteriores: la apertura de molinetes es una modalidad de protesta que los metrodelegados utilizan desde hace años, justamente porque no interrumpe el servicio. Esta vez, la respuesta llegó por la vía penal, con detenciones en flagrancia ordenadas por una fiscalía. “Están correctamente detenidos”, dijo el secretario de Seguridad porteño, Maximiliano Piñeiro, quien agregó que los reclamos deben hacerse “por los canales que corresponden”. Desde el gremio replican que esos canales no funcionaron: en la víspera, la AGTSyP ya se había declarado en estado de alerta por la contratación de tercerizadas para tareas de mantenimiento, que considera una violación del convenio colectivo.
Macri respaldó el procedimiento en X. “El que bloquea un servicio esencial va preso”, escribió, acusó a los delegados de defender “sus curros” y cerró con “Ley y orden”. El mensaje va en línea con la agenda de seguridad que el jefe de Gobierno viene planteando en los últimos meses.
Del lado sindical, las detenciones generaron rechazos que exceden al gremio del subte. La UTEP exigió la liberación inmediata de Heredia y Dellecarbonara y recordó que protestar y hacer huelga son derechos constitucionales. Desde la izquierda ratificaron a PERFIL que acompañarán la medida hasta las liberaciones. El caso podría derivar en una discusión judicial sobre los alcances del decreto y los límites del derecho a huelga en los servicios públicos de la Ciudad.
Dellecarbonara no es un dirigente más: es un militante del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS), la fuerza que tiene a Myriam Bregman a la cabeza. Si bien integra mesas de conversación con autoridades, es un dirigente de los intransigentes, que sabe ir a fondo. De hecho, lideró las protestas y denuncias por el mantenimiento y el estado de las formaciones. Siempre mencionó que hubo asbesto en los vagones que perjudicaron la salud de los trabajadores.
En las últimas horas también se expresó sobre el tema la poderosa Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT). Se trata del órgano que nuclea a los principales gremios de transporte del país y que tiene entre sus filas a la AGSTyP y anunció que esta tarde, a las 15, dará detalles de su plan de acción en su sede sindical.
Mientras tanto, los usuarios ya se vuelcan a colectivos y otros medios de transporte en una jornada hábil sin subte. En las próximas horas, la definición de la Justicia sobre la situación de los detenidos y la respuesta de las partes a la intimación serán determinantes para el levantamiento o la continuidad de la medida.
