Carlos Purruco, referente de las cooperativas de recuperadores de residuos de Córdoba, respondió a la denuncia del titular del Coys, Santiago Pinsiroli. Sostuvo que el ente adeuda 750 millones de pesos a las cooperativas y que se presentó de manera espontánea ante la Justicia.
“Fue una sorpresa para nosotros”, dijo. Contó que la denuncia avalada en el medio colega La Voz sostiene que “le metemos la mano en el bolsillo a la gente”. Según relató, “inmediatamente fuimos a la justicia”: se presentó en la fiscalía de Tribunales II, donde se tomó su “presentación espontánea”.
En diálogo con Punto a Punto Radio, explicó que la Federación de Cartoneros reúne 13 cooperativas y que además fueron a la Municipalidad a llevar un reclamo al intendente. Mas de 1200 personas se reunieron en las afueras del Palacio 6 de Julio y la sede de la fiscalía de delitos económicos.
La deuda y el reclamo
Purruco afirmó que “nos deben 750 millones a todas las cooperativas”. Explicó que las cooperativas cobran por una prestación de servicio y que, además, el programa El Caucho acumula cuatro meses de atraso.
Describió El Caucho como una iniciativa ambiental lanzada por la Dirección de Economía Circular de la ciudad de Córdoba. Su objetivo principal es recolectar y reciclar neumáticos fuera de uso (NFU) para transformarlos en materia prima industrial. El programa trabaja junto a cooperativas de recicladores urbanos, logrando un triple impacto: ambiental (evita la acumulación y quema de gomas), laboral (formaliza el empleo de los recuperadores) y económico (fomenta la economía circular).
Según dijo, el reclamo al intendente reunió a 1.200 personas en la Municipalidad, que pedían que se resuelva la deuda del Coys con las cooperativas.
Cómo trabajan las cooperativas
Purruco explicó que antes cada persona trabajaba por su cuenta y que hoy lo hacen organizados en cooperativas. Hay nodos en los barrios, adonde se lleva cartón, plástico y otros materiales reciclables. Pero además, para que cada trabajador cobre por su labor, deben asentarse y planillas que luego pasan a administración para emitir los pagos. Que, en definitiva, son depósitos en las tarjetas alimentar.
Agregó que existen galpones alquilados con aporte del Coys para procesar el material. Cada trabajador cobra una beca, de entre 285 y 300 mil pesos según indicó, y las cooperativas registran las toneladas.
Habló de su historia familiar: es “heredero de padres calleros, abuelos calleros”. Dijo que el sector soportó marginación a través de los medios durante la sustitución de la tracción a sangre. Al referirse a esa estigmatización, afirmó: “Antes éramos caníbales, que nos comíamos a los caballos que robabamos, hacíamos de todo”.
“No somos delincuentes, somos trabajadores”, sostuvo Purruco. Dijo que no se puede dejar que se ubique a los referentes cooperativistas en ese lugar y pidió que quien denuncia transparente cuánto cobran en el Coys.
Aseguró que no conoce a Pinsiroli y opinó que “lo que tiró en la justicia es muy feo si no tiene pruebas de base”. Sobre los gremios, planteó que las cooperativas no disputan con los sindicatos. Lo que buscan, dijo, es “el derecho a formalizar el trabajo”.
Anunció que la semana próxima irá a la Justicia para pedir que se audite el Coys “para que de ahí salga cuánta plata nos debe a nosotros”. Cuestionó que el titular del ente denuncie “su propio espacio donde él conduce”.
