La Fiscalía de Costa Rica ha ordenado archivar la investigación que buscaba responder a la principal incógnita del asesinato de Roberto Samcam: quién ordenó matar al mayor en retiro del Ejército de Nicaragua exiliado en el país centroamericano y uno de los opositores más firmes a Daniel Ortega y Rosario Murillo, nacionalizado español en 2023. La decisión paraliza, por “falta de elementos suficientes” para identificar a los responsables, la pieza políticamente más sensible de un crimen que las propias autoridades costarricenses habían vinculado a un móvil político ideado en Nicaragua.
Samcam fue acribillado de ocho disparos el 19 de junio de 2025 en la entrada de su vivienda en Moravia, en San José, la capita costarricense. El sicario ingresó al condominio aprovechando que el acceso estaba en obras, llegó hasta su apartamento y le disparó a quemarropa. El crimen conmocionó a la numerosa comunidad de exiliados nicaragüenses en Costa Rica y reavivó los temores sobre el alcance de la represión transnacional contra las voces críticas del régimen sandinista.
La resolución de la Fiscalía Adjunta del II Circuito Judicial de San José, fechada el 5 de octubre, sostiene que “no existen elementos de resolución suficientes” que permitan identificar al autor intelectual del homicidio. Por ello, ha dispuesto el archivo fiscal del expediente. La medida no equivale a una desestimación definitiva: si aparecen nuevos datos que permitan identificar a uno o varios responsables, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) podrá reabrir las pesquisas.
El cierre provisional supone, sin embargo, un giro respecto a la contundencia con la que las autoridades habían presentado esta línea de investigación. En septiembre de 2025, tras las primeras detenciones, el fiscal general de Costa Rica, Carlo Díaz, afirmó que una de las hipótesis apuntaba directamente a una orden procedente de Nicaragua. “No nos vamos a conformar con detener a quienes realizaron la ejecución; vamos a llegar hasta las últimas consecuencias tratando de determinar quiénes ordenaron este homicidio”, prometió entonces.
Meses después, una ampliación del expediente del OIJ dio otro paso al situar el móvil del asesinato en la actividad política de Samcam y señalar que la planificación se había producido en suelo nicaragüense. Fuentes del exilio apuntan en particular a la Dirección de Inteligencia del Ejército de Nicaragua, una institución a la que Samcam criticaba de forma constante.
El exmilitar había colaborado con el Grupo de Expertos en Derechos Humanos de Naciones Unidas que investiga las violaciones cometidas por el régimen nicaragüense y había aportado información sobre la implicación directa del Ejército en la represión de las protestas sociales de 2018.
Almudena Bernabéu, abogada española que representa a la familia de Samcam y directora del despacho Guernica 37, asegura que recibió la decisión “con sorpresa” y “con algo de insatisfacción”. “Es sorprende que se haya decidido cerrar cuando realmente se ha hecho poco o muy poco en esa materia”, sostiene Bernabéu. Según la jurista, hasta donde consta a la representación de las víctimas como parte procesal, no se cursaron solicitudes probatorias a Nicaragua ni se requirió a las autoridades sandinistas documentación o información relacionada con la búsqueda de los autores intelectuales.
“Hay una sorpresa y una desilusión por parte de la familia Samcam, sin lugar a dudas”, afirma Bernabéu. La abogada asegura que la acusación particular continuará recabando pruebas: “Tenemos la obligación, como representantes de la víctima, con mucho menos poder que una Fiscalía de una nación, de seguir investigando y llegar al fondo de quién está detrás de este plan de asesinar”.
La causa contra los presuntos autores materiales, mientras tanto, continúa abierta. La Fiscalía ha acusado a cinco personas por su participación en la ejecución del homicidio y los sospechosos permanecen en prisión a la espera de que se fije la fecha del juicio. Sin embargo, ese proceso se limita a quienes habrían vigilado a Samcam, preparado la logística y ejecutado el ataque, sin penetrar en la trama que dio la orden.
Otra pieza que complica el rompecabezas es Keny Hosman Navarrete Vallecillo, conocido como El Chatel, señalado por el OIJ como una figura clave en la coordinación del asesinato mientras se encontraba recluido en la cárcel de La Reforma por delitos ajenos al caso. Los investigadores documentaron que solo el teléfono de uno de los sospechosos del homicidio registró al menos 102 comunicaciones con ese centro penitenciario entre abril y julio de 2025.
Pese a estos indicios, Navarrete no fue incluido en la acusación. Cumplió en julio pasado la condena que purgaba desde 2016 y Costa Rica lo deportó a Nicaragua el 30 de ese mismo mes, según reveló el medio independiente Divergentes. Al día siguiente ya se encontraba en Diriamba —ciudad del departamento de Carazo de la que era originario Samcam—, fuera del alcance inmediato de la justicia costarricense.
Ciudadano español
El archivo de la investigación sobre la autoría intelectual deja así sin resolver la cuestión central de un caso considerado emblemático para determinar si estructuras vinculadas al poder copresidencial de Ortega y Murillo pueden ejecutar asesinatos políticos fuera de sus fronteras.
Samcam vivía exiliado en Costa Rica desde 2018 y se había convertido en uno de los analistas más incisivos contra el Ejército y el régimen nicaragüense. En 2023, Managua le retiró de forma arbitraria la nacionalidad y confiscó sus bienes. Ese mismo año, España le concedió la ciudadanía por carta de naturaleza.
Su condición de nacionalizado español abre además otro escenario judicial. Bernabéu ha sostenido que, al tratarse de un ciudadano español asesinado en el extranjero, la familia puede explorar vías legales ante los tribunales de España, especialmente si se consigue individualizar a quienes planificaron u ordenaron el crimen.
Para la letrada, la dimensión transnacional es precisamente el motivo por el que las pesquisas no deben detenerse en los sicarios. La hipótesis de la familia es que la determinación de matar a Samcam se gestó en Nicaragua, aunque la ejecución se llevara a cabo en territorio costarricense.
Por ahora, Costa Rica mantiene tras las rejas a los acusados de ejecutar el crimen, pero ha dejado en suspenso la investigación destinada a responder la pregunta que el propio fiscal general prometió esclarecer hace un año: quién mandó matar a Roberto Samcam.
