El fiscal de Instrucción, Andrés Godoy, investiga un grave hecho que ingresó al sistema judicial como “flagrancia”. El 29 de septiembre se habría producido un ataque a tiros contra una vivienda de barrio Patricios Oeste en una zona conocida como La Tribu. La balacera habría sucedido después de que la dueña de casa fue amenazada porque no pagaba la deuda a un prestamista.
A partir de los tiros, los atacantes emprendieron la huida pero los vecinos de la familia atacada salieron detrás de ellos y les habrían propinado una fuerte golpiza. Intervino la Policía de Córdoba que entregó el procedimiento a la unidad fiscal de flagrancia. Allí se calificó el hecho como “disparos de arma de fuego”. Fueron detenidos Eric Silva (36) -inspector de la Municipalidad de Córdoba-, que cuenta con antecedentes penales de vieja data; y Lucas Ocaño (23).
El expediente pasó luego a la fiscalía de Godoy, donde se lleva adelante la investigación. En paralelo, la Municipalidad de Córdoba dispuso la separación preventiva de Silva de su cargo.
¿Préstamos usurarios y violencia?
La investigación está centrada en desentrañar si existe una red de prestamistas que cobraba deudas con intereses usurarios mediante amenazas y violencia.
Según la denuncia, la deuda se había originado en un préstamo informal de $900.000 que debía devolverse en 15 cuotas de $300.000, es decir al cabo de un año y medio $4,5 millones, 500% más del capital prestado inicialmente.
De acuerdo con el relato de la damnificada, todo comenzó cuando una mujer se presentó en su casa para reclamarle el pago de la deuda. Le habría advertido que, si no pagaba, enviaría a su marido a cobrar. Ante la falta de pago, la amenaza se habría concretado.
Un joven herido
La balacera no habría tenido únicamente como blanco la vivienda. Durante el ataque, uno de los proyectiles impactó en una pierna del hijo de la dueña de casa, que resultó herido. Circulan imágenes del joven con muletas.
La imputación podría agravarse. Silva y Ocaño están imputados por el delito de disparo de arma de fuego, a partir de la intervención del sistema de flagrancia.
De ser probados los hechos y las consecuencias, con relatos de damnificados y testigos, la calificación podría resultar insuficiente frente a la totalidad de las circunstancias denunciadas. Además, hay que determinar si hay más personas implicadas.
