La demanda civil por una violación en grupo en la Universidad de Cornell ha reavivado las críticas sobre un “vacío legal” que complica muchos casos de agresión sexual en Nueva York. Un debate que gira en torno a un punto clave de la ley del Estado: es sumamente difícil que una víctima de agresión sexual pueda encontrar justicia si ingirió bebidas alcohólicas y drogas de forma voluntaria antes de ser abusada.
El caso sobre ‘los siete de Cornell’ ha generado también indignación en Estados Unidos y ha reabierto heridas sobre el trato que reciben algunas denunciantes que, en medio de su vulnerabilidad, dan el paso de enfrentar a sus agresores. También ha puesto el foco sobre el umbral legal que, junto con Nueva York, ponen casi una veintena de Estados en estos casos.
Nueva York es uno de los 19 Estados cuyas leyes sobre la violación sexual tienen lo que expertos consideran “el vacío legal de la intoxicación voluntaria”, un factor que puede haber afectado a Jane Doe —como figura en la demanda la exestudiante de Cornell para mantener su anonimato— cuando denunció en octubre de 2024 haber sido violada durante horas en la casa de la fraternidad Chi Phi en el campus de ese centro de élite.
La joven, que en ese momento tenía 20 años, ofreció a la policía de Cornell un relato detallado de lo que ocurrió esa noche. Doe contó que ingirió alcohol antes de llegar a la casa de la fraternidad para ver a un amigo. También que, con los hechos que se sucedieron estando en la vivienda, podía afirmar con “total seguridad” haber sido violada por siete estudiantes y presionada a inhalar ketamina, un anestésico catalogado también como una “droga de violación” y que el propio Gobierno advierte ha sido usada para “facilitar agresiones sexuales”. Los hombres a los que denunció negaron haberla violado.
Documentos de la investigación revisados por The New York Times confirmaron lo dicho en 2024 por Doe a la policía encargada de la seguridad en el campus universitario. Sin embargo, partes de su relato, como por ejemplo el haber expresado tajantemente que fue agredida sexualmente, fueron omitidas de la declaración jurada que esas autoridades enviaron a la fiscalía del condado Tompkins.
Esa oficina tuvo en sus manos la decisión de presentar o no cargos contra los estudiantes denunciados por Doe. No lo hizo. Dos años después, el manejo del caso por parte del fiscal de distrito, Matthew Van Houten, ha sido sumamente cuestionado. En un intento por defender su decisión previa, Van Houten ha aludido indirectamente a ese llamado “vacío legal”.
“Los hechos provistos por la declaración de Jane Doe no alegan que estuvo [en un estado en el que fue] incapaz de controlar su propia conducta o que se le administró alguna droga sin su consentimiento”, se lee en una extensa declaración en la página de la fiscalía de Tompkins. Algunos abogados consideran que Van Houten debió al menos indagar más en la denuncia hecha por Doe.
“Implica que cualquier cosa fue con tu permiso”
En medio de las críticas al manejo del caso tanto por la oficina de Van Houten como por la policía de Cornell y las autoridades de la universidad, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, traspasó la investigación a la fiscal general del Estado, Letitia James. Con duras palabras, Hochul también prometió trabajar con una Legislatura que no ha votado sobre este asunto a pesar de haber tenido sobre la mesa una propuesta de ley. “Una intoxicación voluntaria no es una licencia para agredir sexualmente o para violar en grupo”, dijo la gobernante en una conferencia de prensa a inicios de octubre.
Bajo la ley vigente en Nueva York, una agresión sexual requiere que se pruebe más allá de duda razonable que el acto sexual fue cometido sin el consentimiento de la víctima. La ley determina que no hay consentimiento si la víctima fue coaccionada bajo amenaza o fuerza física, si estaba mentalmente incapacitada o en un estado de indefensión física.
El “vacío legal” toca en específico el punto de la incapacidad mental al establecer que, en casos de violación, se considerará que una persona puede alcanzar ese estado cuando ingirió bebidas alcohólicas o drogas de forma involuntaria.
“En ese caso, la ley dice: ‘Porque tú decidiste tomar en Nueva York y porque tú decidiste llegar a ese punto de intoxicación, en esa situación no encontramos que las relaciones que ocurrieron fueron contra tu voluntad’. Igualan el consentir a tomar con el consentir a cualquier relación sexual en el resto de la noche. Implica que cualquier cosa que ocurra fue con tu permiso”, explica a EL PAÍS Lizzie da Trinidade-Asher, abogada que codirige la iniciativa Justice Without Exclusion Coalition y trabaja con el asambleísta Jeffrey Dinowitz para modificar la ley.
La propuesta busca que se pueda acusar a quien agredió sexualmente a una persona que estaba intoxicada de forma voluntaria si razonablemente debió haberlo sabido por la conducta de la víctima.
Qué puede pasar en el caso de ‘los siete de Cornell’
De concretarse, cualquier cambio a la ley no aplicaría a cómo la fiscal general de Nueva York investigue el caso de Jane Doe. Consultada sobre esto, Da Trindade-Asher recordó los límites de la ley vigente.
“Espero que haya más hechos [que salgan a la luz] en la investigación completa, que tal vez haya algo ahí que la ayude. Pero ninguna ley se puede aplicar sin los hechos. Letitia James tendrá que ver qué es lo que puede encontrar y qué ley podría aplicar, pero tiene limitaciones por los defectos que hay [en la ley] en Nueva York”, explicó.
La demanda de Doe contiene detalles en los que la fiscalía del Estado posiblemente indague más, consideró a EL PAÍS Melissa Breger, profesora de Derecho en la Albany Law School. “Si bien no puedo hablar por las intenciones subjetivas del fiscal sobre por qué nunca investigó más o por qué no acusó, presumo que tomó en consideración el consumo de alcohol previo de la sobreviviente. Este vacío legal fue terriblemente conveniente”, dijo Breger.
“Y, de nuevo, si bien no puedo asumir qué hará la fiscal general, James, creo que tomará muy seriamente el que a la víctima se le haya dicho que inhalara una droga conocida como una ‘droga de violación’”, agregó en referencia a la ketamina.
