La relatora especial de Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados, Margaret Satterthwaite, defendió este viernes la independencia judicial durante un encuentro que se realizó en medio de la polémica por la jueza Laura De Marinis, quien sobreseyó a un adolescente de 14 años acusado de un intento de robo.
La actividad se realizó de manera virtual y reunió a más de 150 personas. Fue organizada por el Foro Argentino de Género, Derechos y Justicia, con el apoyo de la Red de Juezas y Jueces Penales de la República Argentina, la Federación Argentina de la Magistratura (FAM) y otras asociaciones judiciales.
El encuentro se realizó después de que De Marinis quedara en el centro de una fuerte discusión pública por su decisión y de que se presentara un pedido de juicio político contra la magistrada. Bajo el título “¿Qué está en juego cuando se ataca la independencia judicial?”, las expositoras plantearon los límites entre el cuestionamiento a una resolución y las acciones que pueden ejercer presión sobre los jueces.
Esto no les gusta a los autoritarios
El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad.
La advertencia de la relatora de la ONU
Durante su exposición, Satterthwaite sostuvo que los ataques contra los jueces pueden tener consecuencias sobre toda la Justicia. Según explicó, cuando un magistrado es señalado o intimidado por una decisión, el efecto puede extenderse al resto de la judicatura.
La relatora habló de un “efecto inhibitorio”: los ataques contra un juez pueden funcionar como una advertencia para otros magistrados y generar temor a la hora de tomar decisiones.
“Cuando se debilita la posibilidad de que la Justicia controle el ejercicio del poder, cuando se intenta disciplinar a quienes ejercen ese control y cuando las personas pierden la garantía de que sus derechos sean protegidos por tribunales independientes, lo que se deteriora es la democracia”, sostuvo.
Satterthwaite también planteó que criticar una sentencia es legítimo, pero marcó una diferencia entre cuestionar una decisión judicial y utilizar mecanismos disciplinarios o penales como una forma de represalia contra el magistrado que la tomó.
Qué había pasado con la jueza Laura De Marinis
La jueza Laura De Marinis había intervenido en una causa por un intento de robo ocurrido en la intersección de Santa Fe y Godoy Cruz, en la que estaba involucrado un adolescente de 14 años.
La magistrada declaró la inconstitucionalidad de un artículo de la normativa que establecía la punibilidad desde los 14 años. Como consecuencia de esa decisión, sobreseyó al adolescente.
El fallo generó una fuerte reacción pública y derivó en un pedido de juicio político contra De Marinis.
El caso volvió a poner en discusión el alcance de las decisiones de los jueces y los mecanismos previstos para cuestionarlas. En ese contexto, se realizó el encuentro organizado por el Foro Argentino de Género, Derechos y Justicia.
Qué plantearon sobre los ataques a los magistrados
Durante la actividad, las expositoras subrayaron que una sentencia puede ser cuestionada, discutida y recurrida a través de los mecanismos previstos por el sistema judicial.
El planteo fue que una cosa es discutir el contenido de una resolución y otra diferente, es avanzar sobre el magistrado mediante intimidaciones, represalias o campañas de desprestigio.
Satterthwaite explicó que existen distintas formas en las que puede verse afectada la independencia judicial. Entre ellas mencionó cambios que aumenten la influencia política sobre la designación de jueces, restricciones a las competencias de los tribunales y el uso de procedimientos disciplinarios o penales contra magistrados.
También señaló el impacto de los ataques públicos y digitales, que pueden amplificarse rápidamente y generar presión sobre quienes deben tomar decisiones.
La jueza Karina Andrade habló del rol de los tribunales
En el encuentro también participó Karina Andrade, jueza del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 15 de la Ciudad de Buenos Aires.
Andrade sostuvo que la independencia judicial no es un privilegio de los jueces, sino una garantía para los ciudadanos que recurren a los tribunales. En ese sentido, explicó que una persona tiene derecho a que su caso sea resuelto por un juez que pueda decidir sin depender de quién gobierna ni de quién ejerce el poder.
La magistrada también destacó el rol de los tribunales como límite frente a los demás poderes del Estado y sostuvo que la Constitución establece cuestiones que no pueden ser modificadas simplemente por una mayoría circunstancial.
El antecedente que la ONU había señalado sobre la Argentina
Durante la actividad, también se recordó una comunicación de la Relatoría de la ONU enviada a la Argentina el 11 de julio de 2025, en la que se había planteado preocupación por un supuesto patrón de hostigamiento y estigmatización contra jueces.
Según se explicó durante el encuentro, la Relatoría había señalado que los magistrados no deben ser sancionados por el contenido de sus decisiones y que las autoridades tienen que evitar expresiones que puedan resultar intimidatorias.
También había advertido que los procedimientos disciplinarios o penales no deberían utilizarse como represalia contra quienes ejercen funciones judiciales.
El planteo por la violencia de género
La actividad también incluyó un capítulo dedicado a las mujeres que ocupan cargos judiciales. Las expositoras señalaron que no toda presión contra una magistrada constituye violencia de género, aunque puede existir violencia política de género cuando se busca condicionar la manera en que una mujer ejerce una función pública.
En ese sentido, destacaron la exposición de las juezas a campañas de desprestigio y ataques en redes sociales.
La presidenta de la Federación Argentina de la Magistratura, Marcela “Machi” Ruiz, sostuvo durante el cierre que defender la independencia judicial no implica solamente proteger a los magistrados, sino garantizar que cualquier ciudadano pueda contar con un juez que tome decisiones sin presiones.
LB/AF
