Santa Marta amaneció este viernes sin retenes en las zonas rurales ni amenazas, al menos explícitas, en las vías. Después de tres días del paro armado impuesto por las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), la capital del Magdalena y varios municipios aledaños de la Costa Caribe colombiana han retomado sus actividades. El presidente Abelardo de la Espriella aterrizó este viernes en esta ciudad para anunciar varios planes y proyectos, incluyendo la creación en el balneario de un bloque de seguridad urbana.
La ciudad recuperó en cuestión de horas buena parte del pulso que había perdido esta semana. Las playas de su centro histórico volvieron a llenarse de sombrillas y bañistas y, justo antes del fin de semana, los hoteles han visto un regreso gradual de las reservas canceladas durante las intimidaciones. La reactivación, sin embargo, no fue igual en todas las zonas.
El tráfico desde la ciudad de Riohacha, capital de La Guajira, se ha reanudado de forma escalonada. La vía que conecta a las dos urbes y bordea el turístico parque Natural Tayrona, la Troncal del Caribe, que ha tenido una histórica influencia del grupo paramilitar que desafió al Estado esta semana. Un transportador, que pide la reserva de su identidad para hablar con libertad, cuenta que la fuerza pública se ha organizado en grupos para escoltar a los vehículos que transitan por esa vía nacional. Unos 17 camiones avanzan este viernes en una caravana, escoltadas por dos motocicletas de la Policía. “A veces uno prefiere salirse de esas caravanas por el miedo a un enfrentamiento que lo deje expuesto en la mitad”, cuenta.
En el resto de la ciudad la cautela también ha marcado el paso de la normalización. Distintos colegios y universidades de la ciudad de unos 600.000 habitantes mantienen sus puertas cerradas a la espera de que la zozobra baje. En el centro, los comerciantes que volvieron a levantar las rejas de sus locales se cuestionan si el cese del paro es el fin definitivo de las intimidaciones de un grupo que demostró que iba en serio, o si se trata apenas de una tregua que puede romperse en cualquier momento, especialmente cuando el presidente reiteró este viernes su intención de capturar o dar de baja a Pinocho, el jefe de las ACSN.
El golpe económico de estos tres días ya tenía cifras sobre la mesa. El presidente de Fedetranscarga, Arnulfo Cuervo, advirtió que la parálisis de la Troncal y golpeó la movilidad del transporte de carga entre el Magdalena y La Guajira, donde tiene presencia ese grupo paramilitar. Según el gremio, solo el primer día del paro Santa Marta dejó de percibir 39.500 millones de pesos y la región Caribe en general otros 42.000 millones, con al menos 22.000 empresas afectadas.
En medio de ese ambiente, el presidente de la República aterrizó en una ciudad que llegó a parecer un pueblo fantasma, y estaba tupida de militares y policías que pertenecían a la avanzada presidencial. Una caravana de camionetas blindadas atravesó las calles del centro histórico rumbo a sede de la Cámara de Comercio de Santa Marta, donde lo esperaban cabezas de gremios y comerciantes de la ciudad. Tras ese encuentro, se trasladó hasta la histórica Quinta de San Pedro Alejandrino, la antigua casa de hacienda al occidente de la mancha urbana y donde murió Simón Bolívar. Llegó allí rodeado de las autoridades locales, con las que desarrolló un consejo de seguridad.
En Santa Marta, nadie se atrevía a garantizar es que la calma fuera a durar. El grupo paramilitar justificó el paro, entre otras razones, en una muestra de poder que busca impedir que el Clan del Golfo, el grupo narcotraficante más grande del país, se instale en la Sierra Nevada de Santa Marta, el área rural que rodea a la ciudad y donde nacieron, crecieron y se fortalecieron las ACSN. Los dos grupos tienen una disputa territorial que la Defensoría del Pueblo ya había alertado meses atrás como un riesgo alto para la población civil de la región.
El miedo que paralizó a Santa Marta no nació de la nada. Las ACSN llevan más de dos décadas tejiendo su dominio sobre la Sierra Nevada, como herederas del territorio y los negocios que dejó el paramilitar local Hernán Giraldo tras su desmovilización en 2006. Lo sostienen a punta de extorsión, control de corredores de droga hacia Centroamérica y una violencia que la región ya aprendió a temer en silencio, pero que los expertos señalan que tiene cierta legitimidad en las zonas en las que regulan negocios, proveen seguridad o sirven de justicia local.
Nunca un paro armado había paralizado la ciudad de esta manera. En el barrio Once de Noviembre, donde empezó todo se martes con la quema de dos buses y una tractomula, Blanca Romero, cuanta que el antecedente que recuerda se dio en 1999, cuando la violencia paramilitar que lideró Giraldo también obligó a la gente a encerrarse en sus casas y a ver la guerra por los televisores. Veintisiete años más tarde, este viernes la ciudad respira de nuevo.
