El juez federal argentino Daniel Rafecas procesó a siete iraníes y un libanés por su responsabilidad en lo que se considera el mayor atentado terrorista de la historia del país sudamericano: el ataque en Buenos Aires contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), el 18 de julio de 1994, que dejó 85 muertos y 151 heridos. Los ocho acusados permanecen prófugos y la resolución, dictada bajo el régimen de juicio en ausencia, abre el camino para que sean juzgados aunque no estén presentes en el país.
Se trata de personas que al momento del ataque ocupaban altos cargos en el Gobierno y las fuerzas de seguridad de Irán y de un miembro del grupo libanés Hezbolá. En su escrito de más de 600 páginas, Rafecas les atribuyó distintos grados de responsabilidad.
Por un lado, consideró “autores mediatos” —figura penal que identifica a quien comete un delito utilizando a otra persona como instrumento para ejecutarlo— a Alí Fallahijan, por entonces ministro de Inteligencia de Irán; a Alí Velayati, ministro de Relaciones Exteriores; a Mohsen Rezai, comandante de la Guardia Revolucionaria, y a Ahmad Vahidi, comandante de la Fuerza Quds. Según la reconstrucción del juez, desde esas posiciones participaron en la decisión de cometer el atentado y en su organización.
Otros tres ciudadanos iraníes fueron procesados como cómplices necesarios: Hadi Soleimanpour, entonces embajador iraní en Argentina; Mohsen Rabbani, consejero cultural de la embajada iraní en Buenos Aires, y Ahmad Asghari, señalado como agente de inteligencia de la Guardia Revolucionaria. El octavo procesado es Salman Raouf Salman, también conocido como Samuel El Reda, un ciudadano libanés vinculado a Hezbolá, a quien Rafecas atribuyó la coordinación de la etapa final del atentado.
Según la reconstrucción contenida en la resolución, la decisión de atacar la AMIA fue adoptada en agosto de 1993 por las máximas autoridades del régimen iraní y encomendada a Hezbolá. La organización habría articulado después una red de apoyo regional y local con base en la triple frontera entre Argentina, Brasil y Paraguay. El juez sostiene que los autores materiales adquirieron una camioneta Renault Trafic el 10 de julio de 1994, la acondicionaron y cargaron con unos 300 kilos de explosivos. Ese vehículo fue utilizado luego para perpetrar el atentado: subió a la acera de la sede de la AMIA y detonó frente a sus puertas, en el barrio porteño de Once.
Rafecas calificó los hechos como homicidios y lesiones agravados por odio racial o religioso y por el uso de un medio capaz de provocar un peligro común. También consideró que el atentado constituye un crimen de lesa humanidad y lo encuadró, además, en la figura de genocidio conforme al derecho internacional.
El juez dispuso un embargo de 500 millones de dólares sobre los bienes de cada uno de los ocho procesados, al tiempo que dictó la falta de mérito de otros dos acusados, Abdallah Salman y Hussein Mouzannar. La resolución no se pronunció sobre el entonces líder supremo iraní, Alí Jameneí, ni sobre el dirigente de Hezbolá Imad Mughniyeh y el libanés Ali Hussein Abdallah, debido a que los tres fallecieron. Jameneí murió en febrero de este año, producto de un bombardeo de Estados Unidos e Israel.
Los procesamientos todavía pueden ser apelados. Si quedan firmes, el proceso podrá avanzar hacia un juicio oral bajo el régimen de juicio en ausencia, establecido por la Ley 27.784 en febrero de 2025. Esa modalidad —prevista para casos de delitos graves y bajo determinadas circunstancias— permite que una persona sea juzgada sin estar físicamente presente, siempre que se garanticen su defensa y las demás garantías del debido proceso.
El Gobierno de Javier Milei, aliado incondicional de Estados Unidos e Israel, celebró la noticia. “El procesamiento dictado por la Justicia Federal en la causa AMIA marca un hito en la lucha contra la impunidad”, escribió en X el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. “Gracias a la ley de juicio en ausencia, hoy se procesó a ocho iraníes y libaneses como autores del atentado a la AMIA y pronto habrá en Argentina un juicio oral por estos hechos. Un paso histórico en favor de las 85 víctimas, sus familias y toda la sociedad argentina”, agregó.
Hasta ahora no hay ninguna persona condenada por el ataque terrorista perpetrado hace 32 años. El hecho fue juzgado a principios de siglo, en un proceso plagado de irregularidades que terminó siendo en gran parte anulado. De hecho, en 2019 fueron condenados por encubrimiento el exjuez y los exfiscales del caso, así como otros exfuncionarios. Incluso el Estado argentino fue responsabilizado por la Corte Interamericana en 2024 por “una falta grave a su deber de investigar” el atentado.
La resolución de Rafecas conocida este lunes sostiene que el atentado contra la AMIA estuvo coordinado con otro ataque contra la comunidad judía, cometido al día siguiente en Panamá. Un pasajero suicida hizo explotar un avión de línea y mató a sus tres tripulantes y a 17 pasajeros, 12 de ellos pertenecientes a la comunidad judía panameña. Cuatro días después, ambos ataques fueron reivindicados conjuntamente por Hezbolá desde Líbano, según el juez, a través de una organización utilizada como fachada, denominada “Ansar Allah”.
