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La seguridad del área turística en los senderos del Parque Nacional Laguna Lachuá, cuya atracción principal es un espejo de agua ubicado en su centro, contrasta con lo que ocurre selva adentro de este humedal con 14.300 hectáreas. A pesar de que hay letreros con información educativa de jaguares, Marlon Tzub, el segundo guardarrecursos más joven del lugar dice no haber visto alguno. En su lugar, los riesgos de su profesión tienen más que ver con unos habitantes de asentamientos no reconocidos que a finales de julio fueron capaces de desarticular una columna de soldados y dos policías que escoltaban a los guardaparques.
Según el Plan Maestro del Parque no se permiten los asentamientos humanos. Sin embargo, el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap) a cargo del sitio contabiliza 11 desde el 2003, de acuerdo con una solicitud de información de América Futura. En una estimación oficial del 2024, la ocupación alcanzaba el 21% del área total, el equivalente a 4.200 canchas de fútbol. Este poblamiento ha minado el parque y ha escalado las tensiones entre quienes viven ahí y los funcionarios del Conap.
Desde la playa de la laguna, Marlon apunta a la otra orilla y se refiere a lo que hay detrás como la otra mitad del Parque que ya está depredada por la tala, los fuegos y la caza. Equipado con una libreta, su tarea es disuadir mediante el diálogo a quienes realizan actividades irregulares. Pero el diálogo no encontró cabida el 24 de julio, cuando se toparon sorpresivamente con estos habitantes durante un patrullaje sobre una brecha en el área de Tzetoc. Las autoridades vieron cómo las personas chapeaban (limpiar con machetes) terrenos, pero lejos de inhibirse, les encararon y uno de ellos armado con pistola disparó al aire para intimidarles, lo que conllevó a su arresto inmediato por parte de dos policías que escoltaban a los guardarrecursos, con el apoyo de una docena de soldados, relató Tzub. Esta información fue verificada por el periódico con fuentes cercanas al caso.
Las autoridades se intentaron retirar, pero una multitud les dio persecución y en medio de la rebambaramba Marlon fue alcanzado: “En el ojo derecho fue donde me golpearon más duro. De ahí ya no pude ver nada. Me caí. Casi, casi inconsciente. Intenté levantarme, cuando vi la gente ya me había rodeado. Ya no pude escapar”. Aún rememora las amenazas: “Se llevaron a uno de los nuestros, entonces a este quémenlo”. Las imágenes a las que ha tenido acceso este medio corroboran su versión.
Durante tres días, el peón vigilante estuvo retenido en el asentamiento irregular Quixpur del Parque Nacional, una invasión registrada en marzo de 2024, un área de una caballería con cerca de 150 casas, una iglesia y un salón comunal, donde al principio lo mantuvieron vendado e inmovilizado. Pronto, las conversaciones en Q’eqchi’ apuntaron en una dirección: si Marlon quería salir vivo, tendría que pedir su propia liberación a cambio de la devolución del habitante detenido por haber accionado su arma, una exigencia de intercambio que se extendió tres días. Así una serie de llamadas se hicieron a la Jueza de Paz de Salacuim, Melissa Paola Rosales, quien atiende casos menores y conflictos comunitarios en una aldea aledaña al Parque Nacional.
Tzub habría recibido amenazas de muerte y agresiones físicas por parte de sus captores, según consta en la denuncia. Las llamadas se hacían a todas horas, incluso en la noche. La jueza relató que intentaba dialogar con los captores y calmar, a su vez, la angustia del joven guardarrecursos. “Y eso era lo que le decía a Marlon, que tenía que confiar en que nosotros íbamos a llegar”, dijo Rosales.
La jueza se adentró en la selva en dos ocasiones. La primera, el sábado 25 de julio, para conocer el lugar, pues se sabía poco de la comunidad y se sospechaba del porte de armas ilegal. Con el pasar de las horas y gracias a una orden de exhibición personal solicitada por el Conap, un cuerpo policial de 200 oficiales rescataron al guardaparque el domingo 26 de julio.
Un problema nacional
El problema de los asentamientos trasciende los límites del Parque de Laguna Lachuá y se ha vuelto recurrente. Semanas después del incidente de Tzub, el 17 de agosto, una docena de guardarrecursos del Conap en el biotopo El Zotz, en la Gran Selva Maya (que abarca México, Guatemala y Belice), fueron retenidos temporalmente, según reportó el medio Prensa Libre, por habitantes no reconocidos que talaban madera.
Reducir estos riesgos es más fácil si se interrumpen las invasiones desde un principio, sostuvo Francisco Asturias, un veterano guardaparque que dirige la Fundación para el Ecodesarrollo y la Conservación, quien asegura que han evitado con éxito múltiples intentos de invasión desde el 2024 por personas provenientes de México en el fronterizo Parque Nacional Mirador Río Azul.
“Lo que ha sucedido en la mayoría de invasiones es que el gobierno no ha actuado. Por ejemplo, en Laguna Larga, cuando el gobierno decidió actuar esperando la orden del juez, habían pasado 17 años. Habían nacido niños que ya tenían 17 años. Esos niños no entendían qué estaba pasando cuando llegaron las autoridades”, dijo Asturias sobre un desalojo ordenado en 2017 en la selva del Petén. Según la ley guatemalteca, las invasiones son un delito que se paga con prisión de 4 a 8 años. La infrafinanciación del Conap dificulta la tarea.
Infrafinanciación
La institución cuenta actualmente con 1.097 guardarrecursos para las 337 áreas protegidas registradas en el Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas (Sigap), de acuerdo con una solicitud de información de EL PAÍS. Estas suman en total 4.166.686 hectáreas, lo que equivale, en promedio, a un guardarrecursos por cada 3.798 hectáreas. Según la recomendación de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) debería de haber 1 por cada 500 hectáreas. Con un presupuesto de 192.9 millones de quetzales (más de 25 millones de dólares), la institución dispone del equivalente a 46 quetzales por cada hectárea. Unos 6 dólares. Este medio solicitó una entrevista con el Conap, pero hasta el momento de la publicación no ha recibido respuesta.
La Laguna Lachuá ya había sido afectada por el conflicto armado interno que sacudió el país durante 36 años, así como por la migración y retorno de familias que huyeron de la violencia de esta zona predominantemente maya Q’eqchi’. La Reserva de Lachuá se delimitó en 1975 pero fue hasta 1996 que se declaró como Parque Nacional, mismo año de los Acuerdos de Paz. Pero a treinta años después la violencia en Guatemala en las áreas naturales también resurge con otros rostros, que involucran el narco y la política local.
Hoy Marlon ha dejado de hacer recorridos. Dentro del Parque se le ha trasladado a otras funciones para resguardarlo y hay una investigación del Ministerio Público por delitos de detención ilegal y secuestro en curso. A pesar del susto, se reincorporó a su trabajo una semana después. “Me dije, yo voy a seguir trabajando, a darle con todo. Es un área natural, no dejemos que acabe en manos de personas que dicen que es baldía. Es un área protegida y tenemos que seguir protegiéndola”.
