Su infancia, adolescencia y parte de la juventud estuvieron atravesadas por un martirio que padeció en su propio hogar. Cuando se animó a denunciar que su padrastro la manoseó, acosó y la abusó, recibió un golpe que consideró todavía más duro.
“Mi madre (pareja del denunciado) me dio la espalda. Nunca me creyó. Eso fue peor que los abusos de mi padrastro”, cuenta Melisa Giampaolo (32), quien logró que el acusado -un poderoso productor rural de Las Flores– llegara a estar un año preso por el delito de “abuso sexual agravado con acceso carnal”.
Pero en los últimos días una sala del Tribunal de Casación Penal bonaerense le concedió el beneficio de la prisión domiciliaria con tobillera a este productor agropecuario de Las Flores, que ya regresó a su domicilio de esa localidad del interior bonaerense.
Giampaolo es policía, hija de la pareja del hombre y afirmó que fue víctima de los abusos durante más de una década: desde que era una niña (entre 9 y 10 años) hasta que pudo independizarse y se fue a vivir sola con un familiar.
Pudo hacer la denuncia recién hace dos años, luego de un largo tratamiento psicológico. Por eso, está con licencia en la fuerza de seguridad.
“En todos estos años intenté dejar esta pesadilla atrás. Pero la decisión de la Justicia fue otro golpe. Tuve que luchar contra todo, porque hay muchos intereses económicos detrás de esta causa. Mi familia depende toda de este hombre”, contó Giampaolo a Clarín, luego de conocido el fallo de Casación.
De acuerdo con la versión de la mujer, las situaciones de agresión sexual se habrían registrado en la casa que compartían en el centro de esa ciudad situada a 120 kilómetros de La Plata, en una estancia propiedad del imputado ubicada en el partido de Rauch y en varias localidades balnearias donde la familia ensamblada (la pareja tuvo otra hija) pasaba los veranos y los fines de semana largos.
Incluyeron a una amiga de Melisa, quien también denunció al acusado de abuso y declaró como víctima en el proceso. Esta joven relató situaciones de excesos cuando iban a las propiedades rurales del presunto abusador.
La causa tiene un alto grado de impacto social. El imputado es Jorge Adrián Davancens (57), un reconocido empresario agrícola y ganadero, con un establecimiento de más de 3.500 hectáreas en la zona de la cuenca media del río Salado.
Melisa tocó fondo unas semanas antes de hacer la denuncia: fue cuando intentó suicidarse. Su último destino como agente policial fue el Destacamento Vial de Las Flores.
El planteo ante la fiscalía descentralizada de esa ciudad, que corresponde al Departamento Judicial de Azul, lo hizo en enero de 2024 esta mujer que, además, es madre de un nene de 5 años. Todos convivieron hasta hace poco en el hogar donde -según la denuncia- ocurrieron algunos de los hechos.
Otro elemento disruptivo de este caso: la madre de la presunta víctima y pareja de Davancens rechaza las acusaciones y rompió el vínculo con su hija.
Además, según planteó Melisa, no le permiten tener contacto con su media hermana, una adolescente de 16 años.
Melisa Giampaolo (32) denunció que su padrastro, Jorge Adrián Davancens (57), la abusó sexualmente cuando ella era una niña.“Ya no hablo más con mi madre. A ella también la perdí. Esta situación nos puso en veredas opuestas. Ella eligió quedarse con él“, lamentó la mujer en diálogo con este diario.
Un verdadero escándalo con todos los componentes de un drama que provocó una implosión en la familia.
En agosto de 2025, el productor rural fue detenido por la DDI de Las Flores por pedido de la fiscal Laura Margaretic y por orden del juez de Garantías Fernando Barberena.
A los pocos días, Marcelo Peña, defensor del acusado, requirió el arresto domiciliario, pero fue denegado por el juez y la Cámara.
Los argumentos eran que el hombre estaba imputado por un delito grave: “abuso sexual gravemente ultrajante agravado, en concurso real con abuso sexual con acceso carnal“. Y que -aunque estaba atravesando una enfermedad- podía ser tratado en el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB).
La prisión preventiva se sustentó en la declaración “unívoca y coherente de la denunciante”, que fue ratificada por testimonios indirectos de personas de su entorno íntimo, así como por el testimonio de una amiga de la infancia que afirmó haber sufrido abusos de características similares por parte del imputado.
Qué arrojó la pericia psicológica oficial
La Justicia de Azul también valoró la pericia psicológica oficial. Los profesionales concluyeron que la narración de la víctima presentaba verosimilitud (sin indicios de mendacidad o inducción) y un estado compatible con trastorno de estrés postraumático.
Además, se ponderó el análisis técnico del teléfono celular, que extrajo conversaciones de WhatsApp que corroboraban la narrativa de los hechos y la conflictiva situación posterior a la denuncia.
En su relato, Melisa cuenta todo tipo de episodios en el hogar, en reuniones sociales y en viajes de recreación. También en el establecimiento agropecuario donde tienen otra vivienda.
El proceso derivó en la detención de Davancens. El pedido de morigeración de la prisión presentado por el defensor Peña fue rechazado también por la Cámara de Apelación y Garantías.
Ante ese escenario, la defensa interpuso un recurso de casación y hace una semana la Sala IV, integrada por Fernando Mancini y Eduardo Kohan, revocó la resolución de la Cámara de Azul y ordenó que la prisión preventiva continúe bajo la modalidad de arresto domiciliario con dispositivo electrónico de control.
“Hay personas que pasan años privadas de su libertad y finalmente resultan absueltas”, dijo Peña a Clarín.
El abogado forma parte de los profesionales que impulsan una ley contra las “falsas denuncias y el falso testimonio”, que promueve la senadora nacional Carolina Losada.
La esposa de Davancens también adhiere a esta iniciativa en las redes sociales.
“Llama poderosamente la atención la cantidad de personas que permanecen privadas de su libertad durante investigaciones que luego no logran reunir sustento probatorio suficiente y que, después de atravesar un debate oral, terminan siendo absueltas o desvinculadas de responsabilidad penal”, expresó el abogado.
Los fundamentos de Casación
Según el dictamen firmado por Mancini y Kohan, la gravedad del hecho y la magnitud de la pena en expectativa no resultaban suficientes para inferir riesgos de fuga o entorpecimiento y la posibilidad de neutralizarlos mediante medidas menos restrictivas.
El Tribunal también ponderó que el imputado había viajado a distintos países durante la tramitación del proceso y se presentó cada vez que fue requerido por la fiscalía. Desde que lo denunciaron hasta que quedó preso, pasó más de un año.
Finalmente, la Sala IV consideró que los riesgos procesales podían neutralizarse mediante una medida menos gravosa y revocó lo decidido por la Cámara de Azul, disponiendo el arresto domiciliario con monitoreo electrónico y las obligaciones y controles que establezca el Tribunal Oral.
