La Sala B de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba -integrada por los vocales Liliana Navarro y Julián Falcucci– rectificó y confirmó la nulidad de las desvinculaciones dictadas a favor de más de una docena de imputados por el delito de lavado de activos, al constatar la falta de fundamentación de los sobreseimientos firmados por el Juzgado Federal N° 1, subrogado por el juez de Río Cuarto Carlos Ochoa.
El fallo notificado la semana pasada, resolvió que son nulos los sobreseimientos que habían sido otorgados el 9 de mayo de 2025 por el Juzgado Federal N° 1 de Córdoba a favor de un numeroso grupo de imputados en la maniobra de lavado.
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Se trata de una megacausa -quizás la de mayor envergadura tramitada en Córdoba- por presunta emisión de facturas apócrifas para evadir impuestos. El acusado como autor de las maniobras es Diego Vieyra Ferreyra, para quien la fiscalía había solicitado la elevación a juicio por asociación ilícita fiscal. En la causa hay numerosos empresarios que habrían usufructuado la emisión de facturas truchas. Para ellos también se requirió la elevación a juicio.
El juzgado no resolvió aún esa instancia porque había desvinculado de la investigación por presunto lavado de activos a los empresarios que, tras el fallo de la Cámara Federal, deben ser investigados nuevamente.
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Los imputados cuya desvinculación quedó sin efecto
A partir de la enmienda dispuesta por los camaristas, se revirtió el perdón judicial del que habían sido beneficiados Norberto Enrique Debarre, Paola Virginia Sayago, María José Marengo, Tomás Debarre, Jésica Yamila Bodes, Sebastián Toranzo, Mauricio Andrés Pizzi, Mario Ernesto Casco, Paola Andrea Arévalo, Leuterio Carlos Bonetto, Fernando Ricardo Lozano, Cinthya Vega, Gastón Pereyra y Martín Alejandro Sarmiento.
De forma paralela, la resolución de la alzada ratificó la revocación del sobreseimiento que beneficiaba a Augusto Boero y a Mario Eduardo Morselli , quienes continuarán investigados por el delito de lavado de activos.
Al invalidar lo resuelto en primera instancia, la Cámara Federal dispuso devolver las actuaciones e instruir al juez de primera instancia para que dicte un nuevo pronunciamiento ajustado a los lineamientos fijados por la Cámara Federal de Casación Penal que ya se había pronunciado en septiembre de 2024.
