Autos que no figuraban a nombre de quienes realmente los poseían, bienes que pasaban sucesivamente de unas manos a otras y dinero que volvía a ingresar al circuito a través de nuevas compras. Así funcionaba parte de la trama montada alrededor del “clan Derminio”, una organización rosarina con un núcleo familiar y una red de empresarios y personas de confianza que la Justicia vinculó con el lavado de fondos provenientes principalmente del narcotráfico y el contrabando.
Comprar, transferir, vender y volver a comprar contribuía a generar lo que la Justicia definió como una “confusión patrimonial”. Es decir, una sucesión de movimientos que dificultaba seguir el rastro del dinero, establecer quién estaba realmente detrás de cada bien y determinar cómo había sido financiada su adquisición.
La dimensión de esa rueda quedó reflejada en la cantidad de movimientos puestos bajo la lupa. Cuando la fiscalía pidió llevar el caso a juicio, en diciembre de 2023, había identificado 146 operaciones presuntamente vinculadas con maniobras de lavado de activos.
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No se trataba solamente de esconder dinero. La mecánica permitía alejar progresivamente cada nueva adquisición del origen de los fondos. Un bien podía ser comprado, cambiar de titular, venderse y el dinero obtenido volver a utilizarse para adquirir otro. Con cada movimiento se agregaba un nuevo eslabón entre el activo final y los fondos de procedencia ilícita.
“Las maniobras permitían aparentar la licitud en la adquisición de nuevos bienes mediante el producido de ventas anteriores, dificultando el seguimiento del origen de los fondos y alejando la operación final del momento en que se obtuvo ilícitamente el dinero utilizado para su compra”, describió la Justicia.
102 bienes y millones de dólares. Detrás de aquella ingeniería aparecía un patrimonio considerable. La investigación terminó con más de US$2 millones y 102 bienes decomisados, entre propiedades, vehículos, embarcaciones y otros activos que la Justicia vinculó con la actividad de la organización.
Una imagen de la magnitud del dinero en circulación apareció en septiembre de 2021. La Policía de Seguridad Aeroportuaria realizó entonces 38 allanamientos simultáneos, 34 de ellos en Rosario y los restantes en Santa Fe y Salta.
En los procedimientos fueron secuestrados vehículos de alta gama, camionetas, camiones, motocicletas y una embarcación. Entre los autos apareció un Ford Mustang GT.
Pero el hallazgo más impactante ocurrió dentro de un departamento donde residía Norberto Derminio y que pertenecía al empresario Matías Ángel Matarochi: allí los investigadores encontraron $1.659.835 de dólares en efectivo.
El patrimonio no era analizado de manera aislada. La investigación se había alimentado de distintas causas iniciadas desde 2018 y vinculadas con narcotráfico, contrabando y movimientos económicos que, según la acusación, no podían justificarse a partir de ingresos lícitos.
Red familiar y de confianza. El expediente terminó por reconstruir una estructura alrededor del “clan Derminio”, con un núcleo familiar al que se sumaban empresarios y personas de confianza.
Entre ellos apareció Matarochi, empresario dedicado al transporte de cargas que quedó ubicado como una pieza relevante de la estructura económica. Para los investigadores, parte de sus actividades comerciales habría permitido incorporar al circuito formal bienes adquiridos con fondos provenientes de actividades ilícitas.
Casación habló de una “comunidad económica y operativa entre los integrantes del clan” y destacó una serie de elementos que, considerados en conjunto, permitieron reconstruir el funcionamiento de la organización, según reveló el Ministerio Público Fiscal.
Entre ellos mencionó la falta de capacidad económica lícita para justificar determinadas adquisiciones, inconsistencias en las explicaciones brindadas, la utilización de personas interpuestas y maniobras destinadas a disimular el origen de los fondos.
La utilización de terceros tenía una función concreta dentro de la trama. Algunos vehículos no eran registrados a nombre de quienes realmente los poseían y las transferencias sucesivas contribuían a generar esa “confusión patrimonial” que después dificultaba establecer quién era el verdadero titular económico.
Las empresas bajo la lupa. La investigación también avanzó sobre las sociedades Logística MM SRL y Doning SAS, vinculadas con Matarochi.
Según la reconstrucción judicial, esas estructuras comerciales fueron puestas al servicio del entramado para dotar de una apariencia legal al movimiento económico. Las sociedades permitían incorporar otra capa a un circuito en el que convivían dinero en efectivo, compraventa de bienes, transferencias y personas que aparecían formalmente como titulares.
Para la Justicia, Matarochi y otros integrantes de la organización compraron, adquirieron, vendieron, transfirieron y administraron bienes provenientes de delitos con el objetivo de otorgarles apariencia lícita.
Ese mecanismo fue el que terminó bajo análisis de la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal.
El fallo. Matarochi había sido condenado en junio de 2025 por el Tribunal Oral Federal N°2 de Rosario a ocho años de prisión y una multa superior a $114 millones por lavado de activos agravado. Norberto Derminio recibió cinco años de prisión, mientras que Juan Derminio fue condenado a una pena única de cuatro años y seis meses.
Las defensas recurrieron la sentencia. Matarochi reclamó su absolución y, de manera subsidiaria, que su conducta fuera considerada encubrimiento.
Los jueces Alejandro Slokar, Ángela Ledesma y Guillermo Yacobucci rechazaron los principales cuestionamientos y mantuvieron su responsabilidad por lavado. También respaldaron la reconstrucción realizada sobre el origen y la circulación de los bienes.
Casación consideró que las defensas no lograron desvirtuar los vínculos establecidos durante el juicio entre Matarochi y personas relacionadas de manera sostenida con el narcotráfico y otros delitos.
El tribunal solamente anuló, por mayoría, la determinación de la pena impuesta a Matarochi y ordenó que sea fijada nuevamente. La declaración de culpabilidad quedó firme en esa instancia.
También se mantuvo una de las consecuencias económicas centrales del expediente: el decomiso de los más de US$2 millones y los 102 bienes relacionados con la trama.
Absueltas, pero sin bienes
L.N.
Una de las particularidades del fallo de Casación aparece en la situación de tres mujeres que llegaron a juicio vinculadas con integrantes de la organización. Las tres fueron absueltas, pero eso no significó que recuperaran los bienes que figuraban registrados a sus nombres.
Sus defensas habían recurrido el decomiso dispuesto por el Tribunal Oral Federal N°2 de Rosario y reclamaron la restitución del patrimonio. La Cámara Federal de Casación Penal rechazó el planteo y mantuvo la medida.
La decisión se explica por una distinción central: una absolución penal no implica necesariamente que los bienes involucrados en una causa deban ser restituidos si la Justicia considera probado que tienen origen ilícito o que formaban parte del patrimonio de la organización investigada.
En este caso, Casación sostuvo que, más allá de quién aparecía formalmente como titular, las pruebas permitían relacionar esos bienes con las maniobras investigadas.
El tribunal fue más allá y consideró demostrado que las mujeres conocían los antecedentes delictivos atribuidos a sus parejas y que habían prestado sus nombres para distanciar formalmente los bienes de sus verdaderos titulares.
Según la resolución, “adecuaron sus conductas prestando sus nombres para alejar los bienes adquiridos de sus titulares”, además de adquirir y administrar distintos bienes muebles e inmuebles.
Por ese motivo, aunque fueron absueltas y no recibieron una condena penal, Casación confirmó que los bienes cuestionados continuarán alcanzados por el decomiso.
