A mediados de marzo de 2025, la Armada mexicana detuvo en Yucatán a José Remedios Araiza, alias R1, “líder de sicarios del Cartel Santa Rosa de Lima” (CSRL), una de las organizaciones criminales más violentas del Bajío, particularmente activa en Guanajuato y Querétaro. Las autoridades anunciaron a la vez la detención de otros nueve individuos, todos parte del mismo entramado delictivo, uno señalado incluso de perpetrar una matanza en Querétaro a finales de 2024. Las capturas ocuparon las cabeceras de los diarios algunas horas y luego se disolvieron en el magma de la actualidad. Pero los integrantes del Gabinete de Seguridad intuían que aquello tendría consecuencias importantes para la región.
La detención del R1 y el Alfa 1, autor de la matanza de 10 personas en un bar en Querétaro, en noviembre de 2024, inauguraba una nueva época en la región, al menos desde el punto de vista estadístico, sobre todo en Guanajuato. El gran motor industrial del Bajío había sufrido durante años la violencia del crimen. Desde 2012, los asesinatos habían aumentado sostenidamente, a veces a un ritmo muy elevado. De los 600 de 2012 pasaron a 800, luego a 900, subieron a 1.200, a 2.220, a 3.500, después a más de 5.000… Las peleas del CSRL, organización dedicada al robo de combustible y al trapicheo de drogas, con el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), alimentaban la espiral y no aparecían soluciones a la vista.
A principios de marzo de 2025, la presidenta reconocía un alza del 33% de los asesinatos en la entidad. En los meses anteriores, se habían contado varias masacres, asesinatos de alto perfil, ataques contra policías… El caso del bar de Querétaro incluso parecía venir del Estado vecino. El secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, había señalado que se trataba de una pelea entre células criminales. Para entonces, ya se sabía que los atacantes eran del CSRL y los objetivos, del CJNG. Era el momento de probar si el postulado de Harfuch y su nuevo equipo funcionaba: detener a los generadores de violencia era el primer paso para detener la sangría. Fue entonces cuando se dieron estas capturas. Desde el mes siguiente, las cifras de asesinatos se desplomaron.
El Gabinete de Seguridad federal usa estos días el caso de Guanajuato para explicar las bondades de su estrategia de seguridad, responsable, a su entender, del gran milagro estadístico de la presente administración, la caída de los asesinatos en más de 50% desde su llegada, en octubre de 2024. El milagro se ha discutido ampliamente, sobre todo por parte de la academia. Por un lado, están los que asumen que debe haber truco en alguna parte y señalan los cambios en los rubros estadísticos y el aumento de las desapariciones de personas como posibilidades. Por otro lado, están los que asumen el descenso, pero descartan que se deba solo a la estrategia de seguridad federal. En el medio queda el Gobierno, que trata de explicarse.
Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), es la encargada, entre otros asuntos, de preparar la estadística en la materia para el gobierno. “Hay razones concretas por las que bajan los homicidios, momentos concretos, detenciones concretas en entidades concretas”, explica. Y apunta el caso de Guanajuato. “Allí teníamos 13 homicidios diarios. Detenemos a estos generadores de violencia y empiezan a disminuir. Y así lo podemos ver en cada estado, en cada municipio”, defiende. En marzo de 2025, el Estado contó 347 asesinatos según el SESNSP, que toma sus números de las fiscalías locales. En abril fueron 196. Ya no han vuelto a subir de esa cifra. En julio de este año bajaron a 97.
En sus comparecencias quincenales ante la prensa, Harfuch suele actualizar el número de detenidos durante el sexenio, que asciende a decenas de miles. Se ignora el destino de casi todos, si siguen en prisión, si las detenciones se han convertido en procesos, si alguno ha llegado a condena… La numeralia sirve al Gobierno, sin embargo, para apuntalar su narrativa exitosa. No es solo Guanajuato, son todos los estados. Las detenciones de generadores de violencia redundan en menos asesinatos, señala el relato oficial. La estadística lo refrenda, la del SESNSP y la del INEGI, que cuenta los asesinatos a partir de los certificados de defunción. De 2024 a 2025, prácticamente todos los estados vieron descensos —con alguna subida menor— con la sangrante excepción de Sinaloa.
Figueroa defiende que no hay trampa. “Es muy difícil que se puedan esconder homicidios”, explica. La funcionaria enfrenta así las críticas por casos precisamente como Sinaloa, donde el diario Noroeste apuntaba al posible ocultamiento de 133 asesinatos por parte de la Fiscalía local, además de “310 hallazgos de cuerpos y restos óseos”, que la dependencia no incorporó a los datos que mandó al SESNSP. La funcionaria señala que “el Centro Nacional de Información realiza un monitoreo para identificar discrepancias. Cuando las vemos, inmediatamente hablamos con los fiscales”. En el caso de restos óseos, “no se puede reportar como homicidio porque no se sabe de cuántas personas son [los restos]”, defiende. “O sea, se tarda un mes, dos meses. Pero las fiscalías tienen la obligación de actualizar la información”.
Carolina Jasso es doctora en Ciencia Social por El Colegio de México. Hace unos meses publicó el estudio “Menos homicidios, más preguntas”, de la mano de la Universidad Iberoamericana. En síntesis, el texto trata de interrogar la bajada estadística del asesinato, por qué ha bajado y por qué tanto en tan poco tiempo. La conclusión más evidente es que la estrategia de seguridad del Gobierno no explica, por sí sola, la caída. “Identifico siete posibles hipótesis. Y ninguna lo explica suficientemente el todo”, argumenta. “Se está haciendo una relación causal entre estrategia y reducción, pero no hay evaluación independiente. Se nos habla de laboratorios destruidos, de detenidos, de droga decomisada, pero no hay bases de datos públicas que nos permitan checar”, critica.
Las hipótesis de Jasso pasan por la estrategia del Gobierno, sí, pero apuntan también a polémicas tangenciales, como la clasificación de delitos. Las fiscalías y el SESNSP incorporan rubros como “otros delitos que atentan contra la vida”, que cada año cuentan más de 15.000 víctimas. La sospecha de Jasso y otros académicos es que ese rubro esté sirviendo a fiscalías de todo el país para esconder asesinatos. “Otros delitos contra la vida no debe incluir ningún tipo de muerte violenta”, defiende Figueroa. “La metodología es clara y pública. Y en realidad, esa categorización nos da más información de cada caso”.
Jasso alerta también de la brecha creciente entre las víctimas de asesinato que acumula el INEGI, número cada vez mayor que el del SESNSP. Figueroa contesta: “Es verdad que la diferencia ha crecido, pero está por debajo de otros países, como Estados Unidos o Canadá, donde esa diferencia puede llegar a ser del 40%”. Sigue Figueroa: “Sí, identificamos que hay estados con diferencias mayores al 15%”. Es el caso de Guanajuato, donde la diferencia escala a más del 20%. “Queremos entender por qué está ocurriendo esa mayor diferencia. La semana pasada justo fuimos al Estado de México”, dice, la región con mayor diferencia del país, “para identificar las razones, poner en marcha una mesa de trabajo e identificar posibles motivos”, zanja.
Además de los temas estadísticos, Jasso incorpora motivos de las bajadas que apuntan a los equilibrios criminales. “Cuando organizaciones criminales con capacidad de regular la violencia alcanzan acuerdos, los homicidios pueden descender sin que su estructura se debilite”, escribe en su informe. En casos así, la trampa trasciende a la hoja de Excel. Puede que en las calles aparezcan menos muertos, pero eso no implica que exista menos violencia. Es posible que los criminales desaparezcan los cuerpos. Al fin y al cabo, México cuenta decenas de miles de desaparecidos, cifra que no ha dejado de aumentar. En marzo, Figueroa presentó una reinterpretación de registro oficial de desaparecidos, entonces en torno a los 130.000 casos, y dijo que solo un tercio eran casos en que la persona no había tenido actividad, y las fichas de información estaban completas. Del resto, sugería, no se podía asegurar que fueran de verdad personas desaparecidas.
Jasso critica el ejercicio que hizo Figueroa. “Ese criterio de exclusión implica un borramiento. En lugar de hacer un esfuerzo por corroborar, dicen que, como son datos incompletos, no los van a contar”, señala. “Y en los casos en que hubo prueba de vida [personas reportadas como desaparecidas que luego tuvieron algún tipo de actividad], creo que había muchos casos en que no eran suficientes como para descartar su desaparición. Igual que en estos casos de ausencia voluntaria, que por mucho que digan, no sabemos qué proporción de los casos representa”. Figueroa argumenta: “Hemos hecho un esfuerzo grande para entender mejor el registro. El trabajo de estos años ha sido empezar a homologar estos procesos, que haya mejores registros, que se abran carpetas de investigación, porque si no, nadie va a investigar el caso. No solo se trata de que se suba un registro y ya, sino de que hayan acciones necesarias para buscar”.
