John Doe logró salir a salvo de su escondite en México pero, apenas pisó territorio estadounidense, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) volvió a detenerlo, en un nuevo intento por deportarlo. Es el último capítulo del periplo de un mexicano que colaboró con el Gobierno de Estados Unidos como testigo en casos de narcotráfico y cuya vida quedó en riesgo después de que fuera deportado tres veces, la última, el 1 de agosto, a una zona de alta actividad de contrabando de drogas. Quedó a la deriva porque nunca se volvió un testigo protegido ni recibió, a cambio de la información que otorgó, un estatus migratorio que le permitiera vivir legalmente en este país.
Por orden de una jueza federal, John Doe —el seudónimo que utiliza el sistema judicial para proteger la identidad de las personas— recibió apoyo de las propias autoridades estadounidenses para regresar a salvo al país. La disposición judicial fue emitida el 21 de agosto, pero no se cumplió hasta esta semana. El miércoles 2 de septiembre, en una audiencia, los fiscales hicieron un último intento para que el testigo permaneciera en México. Salvo un familiar cercano y su abogada, Anna Tijerina, nadie sabía dónde se ocultaba, al otro lado de la frontera. Temían que el crimen organizado lo localizara y lo asesinara. “En cualquier lugar de México donde él esté corre riesgo, por la presencia del narcotráfico”, dijo Tijerina en una entrevista con EL PAÍS.
Ahora tampoco se ha revelado dónde lo mantiene bajo custodia el ICE. La jueza de distrito Stephanie A. Gallagher había ordenado al Gobierno que, si volvía a detenerlo, lo recluyera en un lugar a no más de 200 millas (320 kilómetros) de Baltimore, donde ha vivido John Doe, y que le garantizara acceso a su abogada. El ICE y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no respondieron a las solicitudes de comentarios enviadas por este diario.
“¿Cómo es posible que el Gobierno ponga en riesgo la vida de las personas que le están ayudando a hacer más seguro al país? Porque, obviamente, aceptar ser testigo en un caso de narcotráfico o contra carteles fue lo que puso su vida en riesgo”, reclamó Tijerina. “Antes de todo esto, él no tenía miedo de regresar a México”.
Casi todo el expediente de John Doe, radicado ante un tribunal federal de Baltimore, permanece sellado por orden judicial. Es un secreto, por ahora, contra qué personajes del narcotráfico mexicano declaró en la corte. Tampoco se conoce cuál era su papel dentro del crimen organizado. “No estamos dando datos sobre el caso porque no queremos revelar información sobre quién es mi cliente, sobre su identidad, que pueda ponerlo en un peligro todavía mayor”, dijo Tijerina.
La abogada sí confirmó que su defendido nunca estuvo bajo el resguardo del programa de testigos protegidos administrado por los alguaciles federales, una medida de seguridad a la que suelen acogerse quienes se convierten en informantes de las autoridades estadounidenses. “Nada más testificó y se fue a un lugar, él solo. Y después de eso estuvo en el caso de inmigración”, explicó.
De testigo a deportable
Así fue como este mexicano pasó de ser un importante colaborador de los fiscales a convertirse en un objetivo del ICE. Después de rendir sus declaraciones ante un jurado, terminó bajo custodia de esa agencia por una razón que no se ha revelado. En julio de 2024, un juez de inmigración aplazó su deportación al amparo de la Convención contra la Tortura (CAT, por sus siglas en inglés), tras determinar que era posible “que fuera torturado por el Gobierno o por particulares que actuaran con el consentimiento del Gobierno si fuera devuelto a México”.
El ICE lo liberó a finales de ese año. Sin embargo, en enero de 2026, cuando se presentó a una cita rutinaria de control migratorio, la agencia volvió a ponerlo bajo custodia. Pasó seis meses en un centro de detención de Luisiana y, durante ese tiempo, su abogado presentó un recurso legal para exigir que se justificara el encarcelamiento del testigo. “Nunca le hicieron una entrevista de miedo creíble”, dijo Tijerina, en referencia al intento de su cliente de permanecer en el país mediante una solicitud de asilo.
Esas estrategias de poco sirvieron. El 10 de julio lo deportaron a Guatemala. Las autoridades de ese país se negaron a recibirlo y lo entregaron a funcionarios mexicanos para que lo trasladaran a México. Pero, después de que el abogado de John Doe les notificara que su cliente estaba protegido por la Convención contra la Tortura, las autoridades mexicanas decidieron devolverlo a Estados Unidos.
Al llegar a un aeropuerto de Texas, fue recluido nuevamente “sin permitirle hablar con su familia ni con su abogado”, se lee en documentos judiciales. El 15 o 16 de julio, fue deportado por segunda ocasión, esta vez a México. Las autoridades de ese país nuevamente rechazaron recibirlo y lo devolvieron a territorio estadounidense. Pasó entonces 10 días en celdas de detención hasta que el 1 de agosto fue llevado a la frontera de Texas para ser expulsado, por tercera vez, a México, “sin su teléfono ni sus demás pertenencias personales”.
A la abogada de John Doe le parece irónico que su cliente haya colaborado con el Departamento de Justicia y, años después, sea esta dependencia la que represente legalmente al ICE, en su afán por justificar su expulsión a México. “Lo único que está causando es que las personas no quieran testificar, no quieran ayudar al Gobierno de Estados Unidos”, dijo Tijerina.
