Apenas un mes después de posesionarse, el gobierno de Abelardo de la Espriella ya tiene dos frentes abiertos para volver a fumigar desde el aire los cultivos de coca. El primero fue reabrir la puerta al glifosato, pues el 28 de agosto derogó la resolución que impedía su aspersión aérea. El segundo, revelado este miércoles, no es menos significativo: un plan piloto para probar, también desde el aire, otra sustancia, el glufosinato de amonio.
La autorización quedó consignada en una resolución del Consejo Nacional de Estupefacientes, fechada el 18 de agosto y publicada este martes en el Diario Oficial. La firma el viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, Carlos Gónima Díaz-Granados, y la secretaria técnica del Consejo, Linda Giselle Suárez. La decisión habilita un ensayo que durará máximo siete días calendario, que no podrá tratar más de 1.000 hectáreas de manera efectiva y que se hará con aeronaves tripuladas, es decir, con avionetas y no con drones, uyna alternativa que defednió el hoy presidente cuando era candidato.
El texto no revela dónde se hará el piloto, pues argumenta que debe reservar ese dato para “salvaguardar la seguridad operacional del personal interviniente y prevenir actos de obstrucción, sabotaje o represalia por parte de organizaciones dedicadas al narcoterrorismo”. Sin embargo, fija condiciones geográficas claras: el ensayo no podrá adelantarse en áreas o ecosistemas protegidos por motivos ambientales, ni en territorios o espacios con afectación directa a comunidades étnicas —indígenas o afrodescendientes— que no hayan surtido antes un proceso de consulta previa. La reserva significa que, mientras dure el piloto, nadie fuera del Gobierno sabrá dónde vuela la aeronave ni qué tan cerca quedan esas comunidades protegidas.
Detrás del piloto hay una pregunta de fondo que el Gobierno todavía no ha resuelto: si sirve reemplazar el glifosato por otro químico para combatir un cultivo que, según el más reciente informe de monitoreo de cultivos ilícitos de la ONU (Simci), alcanzó 261.000 hectáreas en 2024, la cifra más alta en la historia del país. El Gobierno justifica el intento con otra cifra: la erradicación manual forzosa —el método que ha primado en las políticas de mano dura— cayó 54 % entre 2023 y 2024, al pasar de 20.325 a 9.403 hectáreas erradicadas. El resultado del piloto, dice la resolución, busca ser un insumo para tomar la decisión de usar o no el glufosinato de amoni.
Antes de que el piloto pueda despegar, sin embargo, falta un paso que en el pasado ha sido difícil de sacar adelante: un plan de manejo ambiental que debe expedir la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, la ANLA, la entidad del sector ambiente encargada de este tipo de licencias. Esa entidad permitió desde 2016 el uso del producto para erradicar cultivos ilícitos, pero solo por vía terrestre. Es lo mismo que ocurría con el glifosato antes de que se suspendiera su aspersión aérea, una década atrás, pues los impactos sobre la salud y los ecosistemas son diferentes entre el más preciso uso sobre una mata de la erradicación terrestre y la lluvia de líquido que produce una avioneta.
Justamente, el piloto se crea para evaluar su impacto al regarlo desde el aire, y definir si produce los riesgos que se le atribuyen al glifosato por cuenta de la deriva del viento y sus efectos sobre personas, cultivos legales y fuentes de agua cercanas. La Organización Mundial de la Salud clasifica el glufosinato de amonio, un herbicida de uso común, como “moderadamente peligroso” (categoría II), un nivel de riesgo toxicológico mayor al que se le atribuye al glifosato.
Para despejar ese camino, el glufosinato tendrá que superar los controles ambientales y sanitarios que fija la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre aspersión aérea. Y, más allá de lo jurídico, faltaría el trámite logístico: comprar el químico y conseguir los insumos y la capacidad operativa para ejecutar la aspersión.
En ese largo camino, el gobierno de Abelardo de la Espriella se tomó menos de un mes para dar el primer paso, en una muestra de su urgencia por encontrar una salida aérea al problema de los cultivos de coca, una meta para la que prueba ya dos caminos químicos.
