Logró esquivar a la Justicia durante seis años. Acusado de armar causas y robarle droga a narcos para comercializarlas por su cuenta, el oficial principal de la Policía bonaerense Federico Rodríguez (43) venía ocultándose con sospechoso éxito.
Apenas el 12 de agosto pasado su jefe en la Delegación de Drogas Ilícitas de San Isidro –el ex comisario Roberto Okurzati– fue condenado a 17 años de prisión junto a un grupo de policías de la misma repartición. Él venía zafando… hasta el viernes pasado.
Luego de un año de escuchas telefónicas y seguimientos, el Escuadrón Buenos Aires de Gendarmería logró ubicar a Rodríguez en la casa de sus padres, un modesto chalet con una construcción en el fondo y un jardín entre medio.
Al parecer el oficial vivía allí igual que sus dos hermanos: todos en la familia son oficiales de la Policía de la Provincia de Buenos Aires: su hermana es subcomisario y su hermano capitán. Pero en un momento se descuidó y salió al jardín interior. Entonces fue tomado por la cámara de un dron de la Gendarmería, apostado en la zona.
Cuando se confirmó su identidad, el juez federal de San Isidro Emiliano Canicoba ordenó el allanamiento de la casa de José León Suárez, que fue copada por fuerzas especiales de Gendarmería. Ahora será indagado y seguramente seguirá el camino de sus compañeros a quienes los jueces Silvina Mayorga, Héctor Sagretti y Daniel Gutiérrez -del TOF 1 de San Martin- condenaron el agosto pasado.
Los policías de la Delegación de Lucha contra el Tráfico Ilícito de San Isidro llegaron al veredicto acusados de formar una “asociación ilícita” dedicada a manejar el negocio del narcomenudeo en su zona, robándoles la droga a los propios narcos. A Rodríguez, por ejemplo, se lo acusa de plantar drogas a narcos cuando los resultados daban negativo.
El caso le costó el puesto a Claudio Scapolán (52), uno de los fiscales con más influencia de San Isidro, que aún no llegó a la etapa de juicio oral.
En palabras del fiscal federal Fernando Domínguez, que llevó adelante la investigación, “los acusados utilizaron de manera tergiversada las herramientas funcionales que les confería la potestad punitiva estatal para investigar y perseguir hechos de narcotráfico, con el exclusivo fin de beneficiarse personalmente de la regulación y gerenciamiento mismo del narcotráfico al que –muchos de ellos, en razón de sus funciones– estaban obligados a combatir, mediante el despliegue de una variada gama de conductas delictivas orientadas a tal fin”.
En su alegato el fiscal de juicio Marcelo García Berro completó el panorama: “Se trató, en definitiva, de una red de ilegalidad que involucró abuso de poder y corrupción de funcionarios públicos encargados de hacer cumplir la ley, con altas responsabilidades y amplias facultades, de las que se valieron para estructurar un esquema que administró, gestionó y en alguna medida reguló el tráfico de estupefacientes, constituyéndose en un engranaje más en la cadena de tráfico, y en cuyo marco, se han cometido innumerable cantidad de delitos”
El panorama que planteó García Berro y su equipo -integrado por Guillermo Silva y Mercedes Soiza Reilly- es terrorífico: “Estos grupos continúan operativos, lo que otorga al presente juicio una relevancia especial. No se trata sólo de asegurar que los imputados reciban la sanción que les corresponde, sino de reparar el profundo daño que estos hechos de corrupción y narcotráfico producen en el entramado social”.
“Ellos se alinearon con la lógica del narcotráfico, adaptándose a sus movimientos, protegiendo su circulación, facilitando su expansión y -lógicamente- impidiendo su represión. En el camino se quedaron con parte del negocio ilícito mientras que muchos narcotraficantes siguen libres gracias a esa complicidad“, agregó el fiscal dando un panorama crudo que pocas veces se escucha en un juicio oral.
